El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Almeida, del PP que confirma la anulación de artículos clave de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Sin embargo, el Ayuntamiento no rectifica y ha decidido aprobar una norma prácticamente idéntica para mantener restricciones a la circulación, y por ende, de multar. Esta maniobra constata que estamos ante un modelo ideológico de aplicación de la agenda 2030 y recaudatorio que perjudica a los ciudadanos.
El Supremo confirma el abuso: la ZBE sigue en pie
La decisión judicial del TS resultó clara. Esta resolución debería haber obligado al Ayuntamiento a replantear su política. Sin embargo, el Gobierno municipal optó por otro camino. Apenas un mes después, aprobó una nueva ordenanza casi idéntica. Esta decisión demuestra una estrategia deliberada para esquivar el control judicial y para seguir multando y recaudando injustamente a los madrileños.
El Ayuntamiento actúa con una lógica preocupante. Cuando una norma cae en los tribunales, la sustituye por otra similar sin corregir los defectos de fondo. Les da igual las sentencias de la justicia y los ciudadanos. Es más, aún sabiendo que la norma es injusta y jurídicamente inaceptable, la mantiene,
Almeida y el PP: una estrategia de “trilero” político
El alcalde Almeida no puede pisotear los derechos de la gente. Impulsa una política incoherente con la defensa de la libertad que dice proclamar el PP. Genera rechazo. La aprobación de una ordenanza casi idéntica a la anulada refleja una táctica calculada. .
El Ayuntamiento limita el acceso a Madrid bajo el argumento del cambio climático. Sin embargo, esta política obliga a muchos ciudadanos a cambiar de coche o a asumir sanciones constantes. La ZBE no afecta a todos por igual. Perjudica especialmente a quienes dependen de su vehículo para trabajar o desplazarse
Almeida y el PP cometen injusticias tras injusticias. Los ciudadanos constatan que las decisiones no responden a necesidades reales, sino a agendas ideológicas y a intereses recaudatorios.
Una máquina de recaudar: multas y voracidad fiscal
El aspecto económico resulta clave para entender la ZBE. El Ayuntamiento de Madrid ingresa cantidades enormes a través de sanciones. Según la liquidación presupuestaria, el consistorio recaudó 316 millones de euros en multas durante el último año. Esta cifra evidencia la importancia de las sanciones como fuente de financiación.
La ZBE multiplica las multas. Cada restricción genera nuevas oportunidades de sanción. El Ayuntamiento se convierte así en una máquina de recaudar. La supuesta política ambiental es en realidad una política para esquilmar a los ciudadanos aumentando sus ingresos recaudatorios
Además, el Ayuntamiento no muestra intención de devolver el dinero de las multas impuestas bajo normas cuestionadas judicialmente. Son claramente unos sinverguenzas.
Agenda 2030: ideología frente a derechos fundamentales
La ZBE forma parte de un marco más amplio. Las políticas vinculadas a la Agenda 2030 impulsan restricciones que afectan a derechos básicos. El derecho a la propiedad se ve comprometido cuando un ciudadano no puede usar su vehículo libremente. El derecho a la movilidad también queda limitado y más, cuando muchos españoles poseen vehículos en buen estado, con el ITV pasado y no les dejan usarlo. No hay justificación para sustituirlos por imposiciones administrativas e ideológicas.
La ZBE no protege al ciudadano y Almeida lo sabe. Pero le interesa aplicarlo como buen alumno de la agenda 2030 y como recaudador del sistema.
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