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Los exiliados representaban el 0,8% de los españoles en 1939, ahora según las solicitudes de nacionalización, el 6,5%
El Observatorio Demográfico de CEU-CEFAS ha redactado un informe en el que se certifica lo que describen como «desmesura que hay entre el número de exiliados que perdieron la nacionalidad (ellos o sus descendientes) y el de posibles nuevos españoles» que han conseguido la ciudadanía a través de la Ley de Nietos. Este extraordinario documento técnico arroja luz sobre una de las mayores ofensivas contra la seguridad jurídica de nuestra nación. Detrás de una supuesta reparación histórica, el Ejecutivo de Sánchez ha articulado una farsa legal colosal para desvirtuar el censo electoral exterior y regalar la soberanía nacional bajo criterios clientelares.
El riguroso estudio se titula Españoles en el extranjero, censo electoral exterior y Ley de nietos. En su análisis, que recoge OK Diario, los autores denuncian cómo los consulados tramitan avalanchas de expedientes de supuestos descendientes que carecen de vínculos reales con España. El epílogo del propio estudio recoge un apartado en el que se habla de la «desmesurada generación de nuevos españoles por la Ley de Nietos, en especial en América, y más en Argentina, en evidencia».
La distorsión estadística del exilio real frente a las solicitudes actuales
Los números del informe demuestran de forma matemática el engaño gubernamental. «El exilio neto de españoles por la guerra civil (huidos de España menos retornados) se estima entre 150.000 y 200.000 personas», recoge el texto publicado por el Observatorio Demográfico. Según el mismo, «ahora hay en España 1,5 veces el número de españoles autóctonos (hijos de personas nacidas en España) que había en 1936-1939». Sin embargo, el fenómeno en el exterior carece de toda lógica demográfica: «En el caso máximo potencial de 2,45 millones de nuevos españoles por la Ley de Nietos, estos serían entre 12 y 16 veces el número de los que se habrían marchado por la guerra».
Esta concesión industrial de pasaportes altera gravemente el equilibrio del país. La población exiliada real representaba el «0,6% y el 0,8% de la población española de 1936-1939». Por el contrario, los 2,45 millones de solicitantes actuales supondrían «el 6,5% de los españoles autóctonos que viven ahora en España».
El caso de Argentina y el descontrol en los registros consulares de América
El estudio alerta de las «desproporciones» que se evidencian al revisar los datos del exilio en América. En dicho continente se estima que entre 30.000 y 35.000 personas emigraron por razones políticas, lo que equivale al 20% del exilio neto total. Sin embargo, el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) adjudica a esa región el 65,5% del total de residentes actuales. «Los 30.000-35.000 españoles que se fueron hace 85-90 años podrían acabar generando 1,6 millones de españoles ahora», detalla el informe.
El caso de Argentina destapa la cara más escandalosa de esta ingeniería política. Desde el país americano han llegado cerca de un millón de solicitudes de nacionalización. Sin embargo, a Argentina apenas llegaron de «2.500 a 3.000 exiliados por la guerra civil», informan desde CEU-CEFAS. Además, una parte de los exiliados «preservaron la nacionalidad española para ellos y sus descendientes, por lo que esa millonada de supuestos nietos no desciende de todo el exilio, sino sólo de una fracción de éste». El desequilibrio resulta insostenible: es una relación «desmesurada» y «descomunal, sobre todo en América, y muy en especial en Argentina».
La instrucción de Sofía Puente y el varapalo del Tribunal Supremo
La Ley de Memoria Democrática permitió originalmente a los descendientes adquirir la nacionalidad, pero el Gobierno retorció la norma mediante un polémico atajo administrativo. Una controvertida y sectaria instrucción del Ministerio de Justicia en 2022, firmada por Sofía Puente —hermana del ministro de Transportes—, decretó de forma unilateral que «se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955». Aquella orden permitía obtener el pasaporte con solo «acreditar la salida del territorio español», eliminando la necesidad de probar motivos políticos, ideológicos o de creencia.
Afortunadamente, el Tribunal Supremo ha frenado cautelarmente los efectos electorales de esta farsa normativa de cara a los comicios del 29 de noviembre. El Alto Tribunal impide votar a estos ciudadanos si no acreditan documentalmente el exilio político real de sus abuelos. En su auto, el Supremo afea con dureza que «ni siquiera se ha aportado, de los 163.020 electores nacionales españoles inscritos en el CERA, que han adquirido la nacionalidad» una cifra aproximada de sus expedientes. El tribunal concluye con severidad que el Ejecutivo «ha obviado por completo poner en conocimiento de esta Sala el nivel de cumplimiento de la orden recibida».
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