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La política económica de Sánchez y su decidida apuesta por la inmigración masiva han transformado el mercado laboral español en un escenario que beneficia prioritariamente a la mano de obra foránea en detrimento de los trabajadores nacionales. Los datos oficiales del mes de julio demuestran un desequilibrio estructural sin precedentes en la serie histórica. Durante este periodo, la afiliación media total a la Seguridad Social aumentó en 41.727 personas, permitiendo al Gobierno publicitar un récord cosmético de 22.508.065 cotizantes en el sistema público. Sin embargo, la estadística oculta que el número de afiliados extranjeros creció de forma aislada en 66.046 personas.
Esta descomposición matemática de los datos de los ministerios de Seguridad Social y Trabajo destapa una realidad incontestable para la economía nacional. Si restamos el avance de los cotizantes foráneos al saldo general, el número de ocupados puramente españoles retrocedió en 24.319 personas durante el mes de julio. Los extranjeros, por tanto, coparon el cien por cien de la creación neta de empleo en el ecuador del verano. Moncloa ha configurado un ecosistema laboral donde el trabajador nativo pierde peso de manera sistemática, evidenciando que la política económica de Sánchez prioriza la inserción de ciudadanos extracomunitarios mientras destruye el tejido ocupacional de los ciudadanos nacionales.
El impacto real de la regularización extraordinaria de extranjeros
Este crecimiento masivo de la afiliación foránea coincide de forma directa con el cierre del proceso extraordinario de regularización de extranjeros, cuyo plazo legal concluyó el pasado 30 de junio. Los datos oficiales del sistema recogidos por Voz Populi reflejan que, a fecha de 30 de julio, las oficinas estatales contabilizaban un total de 262.475 afiliados extranjeros dados de alta gracias de forma exclusiva a este procedimiento administrativo extraordinario. La velocidad del proceso resulta evidente si se compara con el mes inmediatamente anterior, cuando el registro oficial apenas alcanzaba los 160.000 trabajadores regularizados.
Gracias a estos privilegios burocráticos impulsados por el sanchismo, los trabajadores extranjeros representan ya el 15,6% del total de cotizantes de la Seguridad Social en España. Moncloa acelera de esta manera un proceso de sustitución demográfica y laboral en el mercado de trabajo. De los 642.562 nuevos afiliados que la Seguridad Social ha ganado desde julio de 2025 hasta la fecha, el departamento que dirige la ministra Elma Saiz certifica que 420.875 corresponden a trabajadores extranjeros. El sanchismo entrega casi dos de cada tres nuevos empleos generados en la economía nacional a ciudadanos nacidos fuera de nuestras fronteras, desprotegiendo a los desempleados españoles de larga duración.
El peor dato de desempleo en julio desde la crisis de 2008
El repunte del paro por la regularización masiva
La contrapartida de esta política migratoria masiva se traduce en un repunte inmediato de las listas de desempleo. Al mismo tiempo que el empleo extranjero marcaba un máximo histórico al superar los 3,5 millones de ocupados foráneos, el paro general aumentó en 19.517 personas durante el mes de julio. De este incremento mensual del desempleo, 8.268 personas corresponden de forma exclusiva al colectivo sin empleo anterior. El propio Ministerio de Trabajo, bajo la dirección de Yolanda Díaz, atribuye oficialmente este incremento al proceso de regularización extraordinaria en curso, que concede a personas que ya residían y trabajaban en la economía informal el derecho inédito de inscribirse por primera vez como demandantes en las oficinas públicas de empleo del SEPE.
La ruptura de la tendencia histórica estacional
Este repunte del desempleo en julio rompe de forma drástica con el comportamiento tradicional del mercado laboral español en verano. El mes de julio siempre ha destacado por ser una época sumamente favorable para el empleo debido a las contrataciones de la campaña turística. La reforma laboral del Gobierno ha reducido la intensidad con la que el desempleo desciende habitualmente en este periodo estival. Aunque las listas del SEPE registran un total de 2,311.499 parados, el incremento de 19.517 personas en julio representa el repunte más intenso y dañino para este mes desde el año 2008, en plena crisis financiera mundial, cuando el desempleo creció en 36.400 personas.
La parálisis de los sectores clave y el coste para el contribuyente
La distorsión provocada por la política económica de Sánchez afecta de lleno a los sectores productivos más tradicionales del país, donde los trabajadores nacionales encuentran mayores dificultades para competir. El paro registrado aumentó en 8.221 personas en el sector servicios y en 2.433 personas en el sector de la construcción. Desde el inicio de la serie histórica comparable en el año 1996, el desempleo en julio solo ha subido en cinco ocasiones (los años 2005, 2007, 2008, 2022 y 2026), frente a las 26 ocasiones en las que descendió. Las dos últimas subidas históricas pertenecen al mandato de Pedro Sánchez, confirmando el agotamiento de su modelo económico.
La necesidad de proteger el futuro del mercado laboral español
La política económica de Sánchez ha diseñado un mercado laboral hiperdependiente de los flujos migratorios masivos y de las regularizaciones por decreto. El hecho de que la hostelería y el turismo ya no consigan arrastrar los datos de empleo en julio demuestra el fracaso de la reforma laboral y de los planes de contingencia del Ministerio de Trabajo. Los españoles asumen una presión fiscal asfixiante para sostener unos servicios públicos saturados por los nuevos demandantes de empleo foráneos sin haber cotizado previamente en el sistema.
España necesita corregir con urgencia este rumbo globalista que prima al extranjero frente al nacional. Resulta prioritario paralizar las regularizaciones extraordinarias que introducen de golpe a miles de personas sin empleo anterior en las estadísticas del SEPE y que alteran la estabilidad de sectores como los servicios o la construcción. La Seguridad Social debe gestionarse con criterios de prioridad nacional, asegurando que los puestos de trabajo generados en el país sirvan para reducir el paro estructural de los españoles, garantizando la dignidad salarial y devolviendo el futuro económico a las familias de la patria.
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