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Sánchez quiere únicamente la educación pública. El actual Gobierno de España ejecuta un plan sistemático para arrinconar y asfixiar cualquier modelo educativo que escape a las directrices de la administración pública. El Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez ha emprendido una cruzada regulatoria que busca cercar la pluralidad formativa en todas sus etapas, desde la enseñanza básica hasta la educación superior. El propósito de esta estrategia no es otro que la instauración de un monopolio estatal de la enseñanza, un escenario idóneo para moldear la mentalidad de las futuras generaciones sin la molesta interferencia de proyectos independientes o con idearios propios.
El sometimiento de la concertada y el asedio a las aulas privadas
La maquinaria gubernamental ya mantiene bajo un control férreo a la educación concertada. Los gestores de estos centros afrontan un chantaje constante donde la sumisión a los dictados de las administraciones públicas constituye el único camino para la supervivencia económica, bajo la amenaza explícita de la retirada inmediata de los conciertos financieros. Una vez sometido este sector, el foco de la ofensiva oficialista apunta directamente hacia los centros de titularidad estrictamente privada. Al carecer de subvenciones estatales, la libertad de estas instituciones representaba el último reducto de autonomía pedagógica, una independencia que el Gobierno se ha propuesto erradicar mediante una lluvia incesante de decretos y trabas burocráticas que comenzó en el año 2020.
El propio presidente del Gobierno anunció de forma explícita las intenciones del Ejecutivo al confirmar la redacción de un nuevo real decreto que endurecerá drásticamente los requisitos de funcionamiento para las universidades. Sánchez pretende imponer por ley que las plantillas universitarias cuenten de forma obligatoria con un mínimo del 50% de profesores con el título de doctor, además de obligar a la presencialidad «allí donde sea necesaria». Esta intromisión en la autonomía organizativa de los centros privados responde a una voluntad de fiscalización absoluta bajo la excusa de la excelencia académica.
La trampa de las garantías públicas de calidad
El discurso oficialista maquilla este intervencionismo autoritario con la bandera de la protección al estudiante y la excelencia formativa. El Gobierno justificó en sus comparecencias de abril la necesidad de la nueva normativa con un argumento marcadamente paternalista al afirmar que el objetivo es «poner límites a la apertura de centros privados que no ofrezcan garantía públicas de calidad y lo vamos a hacer a través de un real decreto par asegurar que quien imparta formación lo haga con calidad y con control». Tras estas palabras se esconde una estrategia de asfixia que utiliza exigencias desmedidas en materia de infraestructuras, cupos de profesorado, titulaciones y modalidades docentes para impedir el nacimiento y la viabilidad de cualquier iniciativa privada.
De forma paralela, el Ejecutivo central ha elevado sustancialmente el listón de exigencias económicas y financieras para el reconocimiento de nuevas universidades. Las promotoras de estos centros independientes deben ahora aportar avales financieros de cuantía extrema, planes de viabilidad hiperbólicos y, en una muestra de cinismo burocrático, un plan de cierre detallado para el supuesto de que las actividades resulten inviables a corto plazo. Estas trabas económicas actúan como un filtro disuasorio que ahuyenta la inversión privada y el talento investigador en beneficio de una red pública cada vez más burocratizada y dependiente de los fondos públicos.
El monopolio del pensamiento como meta final del Estado
La asfixia normativa también obliga a los promotores privados a justificar minuciosamente la trayectoria docente, investigadora y de gestión de sus cuadros directivos antes de obtener la autorización administrativa. Los proyectos deben someterse de forma obligatoria al examen de las agencias de calidad autonómicas y estatales, unos organismos cuyos criterios técnicos se alinean con frecuencia con los intereses políticos del momento.
La consecuencia última de este acoso legislativo es la desaparición progresiva de la alternativa privada en el panorama educativo. Al eliminar la competencia y sofocar la libertad de elección de las familias, el Estado se asegura un control absoluto sobre el currículum académico, los contenidos doctrinales y los valores que reciben los alumnos en las aulas. Sin la competencia de los centros privados y concertados, el sanchismo dispondrá de una autopista libre de obstáculos para manipular y adoctrinar a las futuras generaciones con sus dogmas ideológicos, anulando el pensamiento crítico y la diversidad de opciones pedagógicas que caracterizan a una sociedad verdaderamente democrática.
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