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María Jesús del Barco preside la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera, en un momento de máxima tensión entre el poder político y la Justicia. Desde esa posición, se ha convertido en una de las voces más firmes en defensa de la independencia judicial.
La periodista Blanca Valdés Mañas la entrevista para Vozpópuli dónde analiza los ataques que, a su juicio, viene sufriendo la carrera judicial y reclama una respuesta más firme del Consejo General del Poder Judicial y alerta del deterioro del Estado de Derecho. Por su interés reproducimos dicha entrevista
En los últimos años hemos visto un aumento de las críticas y descalificaciones de responsables políticos hacia decisiones judiciales e incluso hacia jueces concretos. ¿Cómo cree que afectan estos ataques a la independencia judicial y a la confianza de los ciudadanos en la Justicia?
Es verdad que llevamos un tiempo largo en el que recibimos de manera permanente descalificaciones por parte de los responsables políticos contra determinados jueces y, en ocasiones, efectivamente con nombre, apellido y llamándole directamente al juez prevaricador.
Lógicamente, estos ataques persiguen una doble finalidad: por un lado, minar la confianza de los ciudadanos en los jueces y, por otro, permitir que algunos intenten sustraerse al principio de legalidad y al hecho de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y estamos sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. ¿Esto nos afecta a los jueces? Agradable no es, pero eso no significa que los jueces no actuemos desde la absoluta independencia a pesar de estos ataques no son sino un intento de presionarnos.
¿Cómo afecta la confianza de los ciudadanos? Más allá de determinadas encuestas que hemos visto en los últimos tiempos, lo cierto es que la OCDE ha publicado hace poco que esa confianza va en aumento. Tanto es así que en nuestros juzgados seguimos recibiendo cada día un número bastante importante de demandas y nos están demostrando esa confianza en nuestra labor de forma pública en la calle.
Algunos jueces consideran que el Consejo General del Poder Judicial no siempre responde con la suficiente contundencia cuando se cuestiona públicamente a miembros de la carrera. ¿Cree que debería ampararles de una manera más firme?
El CGPJ tiene que amparar a los jueces en nuestra independencia. No cabe duda que ante los ataques que estamos recibiendo de forma permanente echamos de menos una respuesta rápida, contundente y mayoritaria. En aquellos supuestos en los que se han producido ataques, esa respuesta no ha sido todo lo contundente que hubiéramos deseado o se ha producido en el seno de la Comisión Permanente. Tal vez si, se hubiera llevado esa declaración institucional al Pleno, no hubiera salido por toda la mayoría.
Es verdad que algunos vocales sí que están defendiendo nuestra independencia, también la presidenta Isabel Perelló, que en muchas o casi todas sus intervenciones nos defiende. Pero no siempre hemos recibido esa reacción.
¿Cree que España atraviesa un momento especialmente delicado para la independencia judicial?
España está atravesando un momento especialmente delicado por los ataques que recibimos los jueces, que no es sino un deterioro de nuestro Estado de Derecho. Pero no vamos a dejar de actuar desde la absoluta independencia por más que se nos quiera presionar. El momento es delicado, pero el ciudadano puede estar tranquilo.
Por otro lado, hace unos días, Bolaños anunció su intención de no dotar de presupuesto los refuerzos en diversos juzgados de Madrid, lo que supondrá la paralización de aproximadamente 12.000 asuntos, según un estudio del CGPJ. Esto, afectará al ciudadano, ¿pero de qué forma afectará a la salud de los jueces?
Hay tres medidas de refuerzo que afectan a la jurisdicción civil que está enormemente saturada y que se han visto reducidas en cuanto al número de magistrados que van a atender estas unidades funcionales pero también, incluso, la propia supresión.
Se han reducido de forma drástica los refuerzos en el juzgado de cláusulas suelo, que han pasado de seis a tres magistrados. Como consecuencia, estos procedimientos permanecerán paralizados durante meses, e incluso años, sin que pueda ofrecerse a los ciudadanos una respuesta en un plazo razonable. Además, en la unidad especializada en tarjetas revolving se han suprimido tres comisiones de servicio.
Ha eliminado por completo el refuerzo en materia de transporte aéreo, donde cada año se registran más de 20.000. Esto afectará a los ciudadanos porque no van a poder tener respuesta en plazo. Por otro lado, los jueces tendremos que regular nuestro trabajo, pero si registras cada año mil asuntos más en tu plaza judicial, esto va a afectar a la salud. No obstante, tenemos que saber que la respuesta que demos al ciudadano debe ser meditada, sosegada y tranquila. Deben saber que estos retrasos no es por culpa del juez, sino de aquel que tiene que dotarnos de medios.
¿El presupuesto con el que cuenta el Ministerio de Justicia, está lo suficientemente bien repartido? ¿Qué cambiaría?
Más allá de un problema del reparto del presupuesto del ministerio, es que Justicia no ha importado nunca a ningún político. Únicamente les importa la justicia si es para controlar a los jueces, eso con carácter general, lamentablemente. Es necesario dotar de suficientes medios a la Administración de Justicia, y para eso hay que incrementar las partidas presupuestarias que, con carácter, general lleguen al ministerio en las competencias que tiene y a las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia.
Los responsables políticos deben entender que en Justicia no se gasta, sino que se invierte. Se invierte en seguridad jurídica y en garantizar que los ciudadanos obtengan una respuesta cuando consideran, por ejemplo, que han sido despedidos de forma improcedente o cuando la Seguridad Social les adeuda una prestación o una cantidad. Eso es invertir en Justicia. Pero, para hacerlo, también hacen falta unos Presupuestos Generales del Estado.
¿Confían en que un cambio de legislatura arregle los platos rotos?
El cambio de legislatura lo tendrán que decidir los ciudadanos cuando seamos todos convocados a un proceso electoral. Yo creo que el deterioro institucional, el deterioro del Estado de Derecho que se está produciendo en los últimos años es de tal envergadura que vamos a necesitar una brújula para recuperar el norte. Por desgracia esto no sólo sucede en España y no sé si un cambio de legislatura cambiará la situación.
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