La comunista Yolanda Díaz pide una paga de 825 € al mes vitalicia para los gays que digan que fueron perseguidos por Franco

Yolanda Díaz impulsa una medida discriminatoria y sectaria, pues beneficia a un colectivo específico bajo criterios ideológicos, sin exigir pruebas de las supuestas persecuciones sufridas. Esta propuesta se enmarca en el creciente uso de la «memoria histórica» para justificar indemnizaciones.

Una indemnización sin justificación objetiva

La propuesta de Sumar contempla una pensión mensual de 825 euros, equivalente a la pensión mínima de la Seguridad Social para personas mayores de 65 años sin cargas familiares, destinada exclusivamente a aquellos que aleguen haber sido perseguidos bajo las leyes franquistas de represión hacia el colectivo LGTBI. Según el texto de la enmienda presentada, el objetivo es «reparar la memoria de las personas del colectivo LGTBI que fueron castigadas por la aplicación de la Ley de vagos y maleantes de 1954 y posteriormente por la Ley de peligrosidad y protección social de 1970.»

Sin embargo, el alcance de esta indemnización vitalicia ha generado numerosas críticas tanto por el carácter sectario de la medida sino porque, además, por la dificultad de verificar tales declaraciones. La medida plantea que, en ausencia de documentación oficial que respalde las denuncias, el testimonio de los solicitantes sea la única prueba válida. «Este reconocimiento tendrá que basarse únicamente en el testimonio de los miembros del colectivo LGTBI», se señala en la enmienda de Sumar, lo cual podría abrir la puerta a abusos en el sistema de indemnizaciones.

Sectaria e ideológica: ¿Qué hay de otras víctimas?

Además de cuestionarse el criterio de asignación basado en un colectivo específico, la propuesta también deja fuera a numerosas a todas víctimas que sufrieron bajo el terror comunista del Frente Popular. Al establecer indemnizaciones exclusivamente para el colectivo LGTBI, la enmienda de Yolanda Díaz y Sumar genera una clara desigualdad, ya que otros afectados por los comunistas en la Guerra Civil, como disidentes políticos o religiosos, quedan excluidos del beneficio económico. Esta evidente discriminación por motivos ideológicos ha sido señalada por críticos como una política de «memoria selectiva» que responde más a intereses políticos actuales que a una reparación histórica justa.

La propuesta no es solo un tema de redistribución de fondos públicos, sino que también refleja el uso partidista de los conceptos de memoria histórica. El Gobierno, de hecho, está tramitando un real decreto que facilitaría el acceso a indemnizaciones a indemnizaciones para aquellos que aleguen haber sido «víctimas del franquismo,» – y dejando de lado a las víctimas del Frente Popular- sin que la normativa precise qué tipo de pruebas deben aportar. Este contexto de escasa transparencia y flexibilidad en los requisitos preocupa a quienes consideran que las ayudas deberían basarse en fundamentos objetivos y no en testimonios sin comprobación fehaciente.

Un sesgo comunista y prolgtbi evidente en la política de Yolanda Díaz

Con esta propuesta, Díaz deja en evidencia su tendencia a usar políticas de memoria histórica para beneficiar exclusivamente a grupos afines a sus posturas ideológicas. Su política discriminatoria, que ignora a otros colectivos que también padecieron persecución, como por ejemplo, la persecución comunista, refleja una agenda sectaria.

El sectarismo de la medida es evidente: la indemnización, diseñada para un grupo selecto, no solo cuestiona el concepto de justicia, sino que también pone en entredicho la imparcialidad de la política de «memoria histórica.» Es esencial que el Estado español trate estas cuestiones con la máxima objetividad posible y sin dar privilegios a un colectivo sobre otro simplemente por cuestiones ideológicas.