Sí, sí, Yolanda Díaz, la adalid de los trabajadores y, sobre todo, de las trabajadoras vuelve a hacerlo, entre autoelogios y llamamientos a la defensa de los trabajadores contra los malvados empresarios, vuelve a empeorar la situación de las madres y los padres que tengan un hijo.
Y dirá el amable lector, cómo es posible si no he oído nada y estamos en vísperas de elecciones. Pues como suele actuar la vicepresidente y el resto de su “maravilloso” gobierno, publicitando una nueva medida (ley, plan o decreto) con la que presumen de mejorar nuestras vidas, mientras que por perversidad ideológica y/o inutilidad, el resultado es el contrario del proclamado. Así, la ley del “sí es sí” que iba a defender a las mujeres contra los violadores y abusadores termina liberándoles, etc.
Pues en este caso es el Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral etc. que representa otro gran logro en la labor de Yolanda Díaz en defensa del trabajador, como ella misma pregona.
Pues bien, el susodicho decreto, que cambiará la situación en pocos meses, empeorando sustancialmente las condiciones de las madres (y de los padres) que disfruten de permisos por nacimiento, riesgo de embarazo o lactancia. Si hasta ahora la seguridad social de los padres quedaba exenta durante sus permisos, ahora pasará a tener una bonificación de sólo 366€ por mes. Es decir, que salvo para trabajos con sueldos bastante bajos (prácticamente el SMI), la empresa tendrá que pagar parte de la seguridad social del trabajador durante su baja).
Además, la empresa actualmente puede contratar un sustituto para cubrir esa baja y también tiene exenta la seguridad social. Es decir, la situación actual busca hacer que estas bajas sean lo menos onerosas para las empresas, que es el camino razonable para evitar la discriminación laboral para las madres y los padres. Pues bien este decreto urgente también dificulta la sustitución al limitar igualmente la seguridad exenta a 366€/mes y además exigir que el sustituto tenga menos de 30 años, algo sin sentido pues hace inviable encontrar un sustituto para ciertos trabajos. Parece como si el gobierno considerara que los madres (y los padres claro) tienen siempre trabajos simples y poco cualificados, por lo que es viable obligar a que siempre el sustituto sea un joven, que no puede tener la experiencia necesaria para ciertos puestos. En nuestros días con el retraso agudo de la maternidad esto se hace especialmente grave pues muestra una cerrazón ideológica que no les permite ver la realidad. Iba a hacer un chiste diciendo que podrían promover la contratación juvenil extendiendo esa exigencia de tener menos de 30 años para ser ministro o diputado, pero a esta gente mejor no darles ideas….
En definitiva, lejos de promover los derechos de los trabajadores que tienen hijos, como sería razonable, y además necesario ante la debacle demográfica en la que nos encontramos, se le da un hachazo al insuficiente mecanismo actual de protección laboral de los padres. Además, se hace como de pasada dentro de un decreto con multitud de otras medidas varias sobre muchas situaciones, quedando apantallado ante la opinión pública.
En conclusión, un error tremendo que debe ser condenado públicamente y corregido a la mayor brevedad. El camino debe ser el contrario, hacer más atractivo para las empresas que sus trabajadores puedan ser padres, con los consiguientes permisos, primero eliminando costes (como los que ahora se vuelven a introducir) y luego incentivando económicamente para compensar las distorsiones que puedan producir estas ausencias al desarrollo de la empresa.
Lamentablemente, las empresas las que se quejan de estos cambios, mientras que los sindicatos, teóricos representantes de los trabajadores que tienen hijos, no parecen sentirse muy mal con este paso atrás en la protección de la maternidad. También las asociaciones familiares, en guerra contra el aberrante proyecto de la ley de familias y otras medidas antifamiliares deben posicionarse también ante este nuevo ataque a las familias, principal víctima de los delirios ideológicos de este gobierno, ya que son el último impedimento para sus intenciones de contar con una sociedad manipulable al 100%. Y para los partidos de la oposición, una ocasión de trabajar para revertir tan desdichada medida.
Ya la medida de igualar el permiso paternal al maternal sin dejar que puedan trasvasarlo entre sí libremente los padres, mostró que no se buscaba ayudar a la familia sino un deseo de dirigismo ideológico profundo sobre la sociedad y su organización. Este nuevo paso ahonda en la discriminación real de las madres laboralmente (y de los padres claro) y muestra el talante antifamiliar del gobierno.
Mariano Martínez-Aedo es Presidente del Instituto de Política Familiar (IPF) |