La entrega ‘in extremis’ de nuevas pruebas documentales, que Vox solicitó hace meses, obliga a aplazar la declaración de tres altos cargos investigados por la juez
Las diligencias se centran en una docena de los 56 contratos por los que el Estado pagó 310 millones de euros y que fueron adjudicados entre el 13 de marzo y el 30 de abril del año 2020 por el Ingesa, organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, entonces dirigido por Salvador Illa. La acusación sostiene que los contratos firmados por el Ingesa se suscribieron sin ningún tipo de publicidad y al margen de cualquier procedimiento administrativo. La investigación busca arrojar luz sobre las adjudicaciones a empresas de «dudosa» existencia en las que se detectaron sobrecostes muy elevados, con una media de un 300% de incremento en el precio.
El Ministerio Público había solicitado el archivo de la investigación al entender que la querella que dio inicio a la investigación se basaba «en meras conjeturas y sospechas». Sin embargo, la juez Concepción Jerez rechazó dar carpetazo a la causa al apreciar suficientes indicios de un posible delito de malversación. Prorrogó hasta fin de año la investigación, y citó a declarar a los querellados por segunda vez en siete meses.
Comité de expertos del Gobierno
Entre otras cuestiones desveladas entonces por los imputados, dos exaltos cargos del Ministerio de Sanidad y una directora general de Hacienda, se trata de aclarar qué expertos formaban parte del equipo interdisciplinar que decidía sobre las adjudicaciones a empresas para traer material sanitario a España en la primera ola de la pandemia, y qué compañías adjudicatarias estaban en el listado de proveedores chinos facilitado por la Embajada española en Pekín en marzo de 2020.
La acusación consideraba necesario pedir a los investigados cualquier indicio documental «que acredite la existencia de dicho comité de expertos», como las actas de sus reuniones o los correos electrónicos que avalaron las compras de material sanitario que se investigan en la causa. La querella que dio inicio a la causa iba dirigida contra tres altos cargos del Ejecutivo, a quienes se investiga por posibles irregularidades y presunta malversación en la adquisición del material sanitario.
Altos cargos investigados
Se trata de Alfonso María Jiménez, exdirector del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), ahora jubilado; Paloma Rosado, actualmente titular de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC) del Ministerio de Hacienda; y Patricia Lacruz, exdirectora general de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y Farmacia.
Durante su primera declaración ante la juez, a la que no acudió la Fiscalía, los tres altos cargos defendieron haber actuado conforme a la normativa vigente, a pesar de las acusaciones de haber concedido los contratos a empresas sin experiencia en el sector o a otras que entregaron materiales defectuosos o de mala calidad, en su mayoría firmas chinas que no tenían domicilio fiscal ni razón social en España.
En su escrito para solicitar la ampliación del plazo de la investigación, la acusación señalaba la conveniencia de que el director del Ingesa justificase documentalmente las consultas realizadas con la Oficina Comercial de la Embajada de España en Pekín y el listado de posibles suministradores de material sanitario realizado por ese departamento, así como la primera petición formal realizada a 19 empresas el 22 de marzo de 2020, tal y como consta en la información que el investigado facilitó al Tribunal de Cuentas.
(Con información de The Objective)
