El asalto al sector apícola de Sánchez: llega el veterinario de abejas

El sector primario en España sigue bajo presión. Esta vez, los apicultores son los protagonistas de una nueva normativa impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez: la figura del veterinario de explotación, que podría convertirse en un golpe letal para muchas granjas apícolas. Aunque el Ejecutivo insiste en que será una medida voluntaria, expertos y afectados denuncian que, en la práctica, será obligatoria debido a su vinculación con las subvenciones del sector.

La figura del veterinario de explotación: un gasto innecesario

Según Libertad Digital, la normativa, que pretende entrar en vigor en 2025, establece que un veterinario de explotación supervise regularmente las granjas, incluidas las apícolas. Según José Manuel Cortés, presidente de COAG Salamanca, esta medida será una carga extra para los profesionales del sector: “Es un gasto innecesario y supone más burocracia y una mayor carga de trabajo que va a afectar sobre todo a apicultores de Salamanca y Extremadura que, en muchos casos, no lo van a poder asumir”.

Aunque el Gobierno asegura que la figura del veterinario será opcional, Cortés advierte de que en la práctica no habrá alternativa. “El Ministerio de Agricultura se las está ingeniando para que no te quede más remedio que tenerlo porque va a estar vinculado a las ayudas”.

Subvenciones condicionadas: el chantaje del Gobierno

Las ayudas del sector apícola, denominadas Intervención Sectorial Apícola (ISA), cuentan con un presupuesto anual de 19 millones de euros para el período 2023-2027. Sin embargo, solo los apicultores con más de 150 colmenas podrán acceder a estas subvenciones si cuentan con un veterinario de explotación. Esto genera una desigualdad evidente en el sector, ya que deja fuera a pequeños y medianos productores.

“Se supone que el veterinario de explotación es bueno porque va a mejorar el control de las explotaciones en cuestiones como la sanidad y la trazabilidad. Pero, ¿acaso el que tiene 149 colmenas no produce miel?”, cuestiona Cortés. Este criterio deja claro que el Gobierno está utilizando las subvenciones como una herramienta de chantaje: o sigues las normas impuestas, o quedas fuera de las ayudas.

Impacto en los apicultores profesionales

España cuenta con aproximadamente 36.500 apicultores registrados, de los cuales solo el 20% son profesionales. Estos, quienes generan la mayor parte de la producción de miel en el país, serán los más afectados por esta normativa.

Además, los apicultores denuncian que la medida no está justificada desde un punto de vista sanitario. Según Cortés, “no hay riesgos de contaminación en la miel asociados a enfermedades de las abejas”. Aunque el Ministerio de Agricultura tiene autorizados 24 antibióticos para el sector, estos no son necesarios porque no existen enfermedades en las abejas que requieran su uso.

La única amenaza significativa para las colmenas es el ácaro de la varroa, y su tratamiento autorizado por el Ministerio es completamente inocuo. Por lo tanto, la imposición del veterinario no solo es costosa, sino también innecesaria desde un punto de vista técnico.

El sector primario bajo asedio

Esta nueva medida no es un hecho aislado. Se suma a una serie de políticas que han dificultado la viabilidad económica del sector primario en España. La burocracia, el aumento de costes y la falta de apoyo real por parte del Gobierno están llevando a la desaparición de explotaciones agrícolas y ganaderas.

Con la introducción de normativas como esta, el Ejecutivo de Pedro Sánchez refuerza una estrategia diseñada para eliminar gradualmente el sector primario, especialmente a los pequeños y medianos productores.

Una política que enfrenta al sector

Lejos de fomentar la colaboración y el desarrollo sostenible del campo, esta normativa está generando divisiones entre los apicultores. Los pequeños productores ven cómo los grandes pueden acceder a subvenciones que les están vetadas, mientras que los profesionales se enfrentan a una carga económica y burocrática que pone en riesgo su actividad.

El chantaje es claro: el Gobierno ofrece ayudas a cambio de cumplir con requisitos que no aportan beneficios reales al sector. Esto demuestra una falta de interés en proteger y fomentar el sector primario, que es esencial para la economía y el medio rural de España.

La hoja de ruta de Sánchez contra el campo

El Gobierno de Pedro Sánchez continúa aplicando políticas que asfixian al sector primario. La imposición del veterinario de explotación es solo un paso más en una estrategia que busca aumentar los costes y la burocracia, haciendo inviable la actividad agrícola y ganadera.

Las subvenciones condicionadas son el arma perfecta para este objetivo, dejando claro que el Ejecutivo utiliza los fondos públicos no para apoyar al sector, sino para controlarlo.