Sólo un 0,18% de las familias de los enterrados en el Valle de los Caídos ha solicitado la exhumación de sus restos. El dato deja en entredicho la estrategia del Gobierno sobre la llamada ‘Memoria Histórica’, que el Ejecutivo recupera con vistas a la campaña del 4M.
Se estima que en el Valle de los Caídos hay enterradas unas 33.000 personas. Sin embargo, el Gobierno sólo cuenta actualmente con 60 expedientes para recuperar sus restos a petición de las familias.
El Ejecutivo presentó este lunes en el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) la solicitud de licencia urbanística para poder iniciar los trabajos de exhumación e identificación de las víctimas que fueron inhumadas en las criptas de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
665.000 euros
El requerimiento se presenta después de que el Consejo de Ministros aprobase el pasado 30 de marzo el Real Decreto del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que regula la concesión de una subvención de 665.000 euros para la financiación de estos trabajos.
En este proyecto se incluyen las obras necesarias para el acceso y afianzamiento del paso al interior de los distintos niveles de las criptas. «La actuación contempla la adopción de medidas de seguridad y salud; la retirada o desmontaje de cerramientos, instalaciones y enseres para los accesos a las criptas; la realización de dichos accesos; la adecuación de instalaciones de iluminación y seguridad, y la adopción de medidas que garanticen la seguridad estructural para la inspección interior de cada una de las criptas, según se explicó en una nota gubernamental.
OKDIARIO reveló a mediados de enero que el Gobierno de Pedro Sánchez había destinado 18.000 euros para un trabajo de asesoramiento sobre las identidades de los enterrados en el Valle de los Caídos. Se trataba de la contratación de un «servicio de consultoría y asistencia técnica para la elaboración de un dosier informativo de determinadas víctimas de la guerra civil enterradas en el Valle de los Caídos como acción complementaria de su exhumación».
El expediente estaba firmado por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que depende de la Vicepresidencia de Carmen Calvo.
Nueva Ley
El Gobierno pretende llevar en los próximos meses al Congreso su Ley sobre la ahora denominada ‘Memoria Democrática’. La tramitación de la ley supondrá un nuevo enfrentamiento con Podemos, ya que el partido de Pablo Iglesias pide, entre otros, que el período de aplicación se extienda más allá de la Guerra Civil y el franquismo. En concreto, hasta 1983. Podemos denuncia que hasta entonces existió «violencia institucional» por parte del Estado.
El nuevo texto pretende actualizar la Ley de Memoria Histórica de 2007, aprobada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Su aprobación está prevista en el primer semestre de este año. Entre los puntos más destacados se incluye un régimen sancionador que castiga con multas de hasta 150.000 euros los «actos de exaltación de la Guerra o de la Dictadura que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares por parte del titular o responsable del espacio donde se desarrollen dichos actos» o «las convocatorias de actos, campañas de divulgación o publicidad que por cualquier medio de comunicación pública, en forma escrita o verbal, en sus elementos sonoros o en sus imágenes sean contrarias a la normativa sobre memoria democrática, inciten a la exaltación de la Guerra o de la Dictadura, cuando entrañe descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares».
Además recoge la «resignificación» del Valle de los Caídos como «cementerio civil» y «la reubicación de cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto». También se «declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos».
El texto destaca que «el sistema educativo español incluirá entre sus fines el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas» y para ello «se procederá a la actualización de los contenidos curriculares para Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato».
La norma establece además que será el Estado el que asuma la responsabilidad en las exhumaciones y que se creará un Banco Nacional de ADN de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.
Sobre las fundaciones, se determina la extinción de aquellas que realicen «apología del franquismo» o inciten «directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del Golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, por su condición de tales».
También se creará una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos «para la investigación de los hechos producidos con ocasión de la Guerra y la Dictadura, incluyendo los que tuvieron lugar hasta la entrada en vigor de la Constitución, que constituyan violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario».
Se retirarán los símbolos o elementos que se consideren «contrarios a la Memoria Democrática» y también se suprimirán aquellas distinciones, títulos o condecoraciones que se concedieran a personas relacionadas con la Guerra o el franquismo.
(Luz Sela. OK Diario)
