Con el sí del Partido Popular y de Ciudadanos, el Gobierno ha conseguido sacar adelante este jueves en el Congreso el proyecto de «Ley orgánica de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia», impulsada por Pablo Iglesias antes de dejar la vicepresidencia.
El resultado de la votación de la bautizada por PSOE y UP como «ley Rhodes» ha sido 268 votos a favor, entre los que se encontraban PP y CS, 57 en contra (de Vox y PNV) y 16 abstenciones. ERC ha votado también a favor aunque desde esa formación aseguran que el texto invade competencias autonómicas.
Vox considera esta ley una «amenaza para la familia» y por eso ha votado en contra. Según ha dicho la diputada del partido, Teresa López, la norma «arrebata a los padres el derecho a que sus hijos se eduquen conforme a sus convicciones morales». López ha recordado que el Gobierno pretende ahora legislar sobre los casos de explotación sexual de menores tuteladas, después de rechazar investigar los abusos cometidos contra jóvenes tuteladas en Baleares. «Dejen de intentar mecer las cunas de los niños que no les pertenecen», ha rematado la diputada durante su intervención.
Las medidas
Esta ley eleva a 35 años la edad desde la que empieza a contar el plazo de prescripción de abusos a menores. El texto inicial del Gobierno contemplaba elevarla de los actuales 18 años de la víctima a 30 años, pero ahora este umbral se eleva hasta los 35 años gracias al acuerdo alcanzado este miércoles entre PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, eH Bildu, Más País y BNG. Cabe destacar que ahora, el plazo de prescripción de los abusos sexuales a menores empieza a contar cuando la víctima cumple la mayoría de edad y los delitos prescriben entre 5 y 15 años después, dependiendo de su gravedad.
La Ley también elimina el llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP), obliga a «utilizar la prueba preconstituida hasta los 14 años para no revictimizar», e incorpora el deber de todos los ciudadanos de «denunciar cualquier indicio de violencia a la infancia». Igualmente, se amplía de 6 a 12 meses el plazo para el cese de tutela de la administración sobre los menores en situación de desamparo que hayan abandonado voluntariamente el centro de protección y se encuentren en paradero desconocido y se elimina también la guardia conjunta de los menores si hay indicios de violencia de género en el núcleo familiar.
Entre las medidas que finalmente no incluye el texto aprobado están dos polémicas enmiendas de Unidas Podemos. Los de Iglesias querían prohibir la asistencia de menores a espectáculos taurinos y exigir la revisión previa de un juez en los procesos de lanzamiento a fin de evitar los desahucios sin alternativa habitacional si hay menores afectados. Tras su votación en el Pleno del Congreso, el proyecto de ley tendrá que seguir su tramitación en el Senado.
(Miriam Muro| Maite Loureiro. Libertad Digital)
