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España asiste hoy a la convocatoria de una jornada de protesta laboral que nace muerta en las calles pero muy viva en los despachos políticos. Las centrales sindicales «comegambas» CCOO y UGT, conocidas de forma popular por su sumisión al poder a cambio de prebendas subvenciones y mariscadas, afrontan una realidad inapelable. Los ciudadanos españoles muestran un profundo hartazgo ante el uso partidista y de manipulación de las herramientas de movilización de los trabajadores. El descontento civil no responde a las consignas de los liberados de barra y mantel, sino al pragmatismo de una sociedad que madruga y que observa cómo las cúpulas sindicales actúan como el brazo propagandístico del gobierno de Sánchez de cara a la cita electoral del 29 de noviembre. Son sus «mamporreros» sindicales.
Las terminales de la propia izquierda reflejan este divorcio absoluto entre la calle y las sedes sindicales. Una reciente encuesta realizada por el instituto 40dB. para el diario EL PAÍS y la cadena SER – brazos mediáticos de Sánchez- arroja unos datos demoledores para los intereses de los convocantes. La rechazan el 48,8% de los españoles. Incluso en un ecosistema mediático izquierdista sincronizado de forma total con las tesis del gobierno sanchsta, la mayor parte de la población civil da la espalda a esta huelga general politizada. Los motivos del rechazo radican en la nula credibilidad de unas organizaciones que callan ante la asfixia fiscal generalizada y la crisis habitacional. El mismo sondeo ratifica la desafección de los ciudadanos frente a la gestión pública de las necesidades básicas, constatando que solo uno de cada cuatro entrevistados valoran la eficacia de las medidas del Gobierno en los decretos de vivienda.
El miedo de las cúpulas sindicales ante el fracaso en la calle
La orfandad de CCOO y UGT en esta convocatoria trasciende la mera opinión de los encuestados y se traslada al propio tejido de la representación laboral. Organizaciones sindicales de gran relevancia en el ámbito funcionarial y de las empresas, como la Unión Sindical Obrera (USO) o la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ya han manifestado de forma abierta que no acudirán a las movilizaciones. La ruptura es tan acusada que incluso diversas agrupaciones sectoriales y provinciales de las propias siglas convocantes de CCOO se desmarcan de la línea oficial fijada en Madrid. Esta fragmentación de las protestas evidencia el carácter estrictamente partidista de una iniciativa diseñada para agitar los ánimos en beneficio exclusivo del actual presidente.
El nerviosismo en los despachos de los líderes sindicales resulta evidente al analizar la evolución de sus discursos en los medios de comunicación. En los días previos a la convocatoria, los portavoces de las centrales estatales aseguraban que la jornada de paro cosecharía un seguimiento masivo. Sin embargo, el temor a unas calles vacías modificó radicalmente su lenguaje de cara a la opinión pública. Ahora el discurso oficial rebaja las expectativas y los propios dirigentes prevén un impacto asimétrico y desigual. Este cambio terminológico constituye una admisión implícita de debilidad, traduciéndose en que la movilización será minoritaria y quedará reducida a zonas geográficas muy específicas donde el control clientelar de estas organizaciones todavía conserva cierta fuerza coercitiva.
Los millones en subvenciones que sostienen el entramado sindical
La persistencia de UGT y CCOO en mantener una huelga vacía de contenido laboral pero cargada de intencionalidad electoral encuentra su explicación en el plano financiero. Ambas organizaciones actúan motivadas por la supervivencia de sus propias estructuras burocráticas y sus privilegios económicos. El verdadero motivo de la movilización general es nítido: UGT y CCOO se juegan 150 millones en subvenciones si cae Sánchez. Las centrales sindicales mayoritarias necesitan activar las protestas el 11-M para calentar el patio político en un intento desesperado por evitar que el actual presidente pierda el poder en las urnas el 29 de noviembre.
El pánico de los dirigentes responde a la posibilidad real de un cambio de signo político en el Gobierno central tras los próximos comicios. Si el Partido Popular gana las elecciones y precisa del concurso de Vox para conformar una mayoría estable, el nuevo Ejecutivo central puede replicar el recorte de las subvenciones públicas que ya ha puesto en práctica Castilla y León. La aplicación de este modelo autonómico a escala nacional privaría a las organizaciones parasitarias de decenas de millones de euros de dinero público extraído directamente de los contribuyentes. El fin de este flujo constante de dinero público obligaría a estas cúpulas a abandonar su estatus de liberados permanentes para empezar a trabajar de forma efectiva en la defensa real de los trabajadores, una opción que sus estructuras directivas pretenden evitar a toda costa.
La pérdida de afiliación y la búsqueda de nuevos caladeros
El declive de la representatividad de los sindicatos tradicionales se manifiesta de forma clara en los registros oficiales de la Agencia Tributaria. Los datos de Hacienda reflejan una realidad incontestable sobre el escaso arraigo de estas organizaciones en el mercado laboral real, revelando que sólo hay 2,1 millones de trabajadores (8% del conjunto nacional) afiliados a un sindicato que se aplican la consiguiente deducción. El desprecio de los trabajadores hacia el sindicalismo de corte institucional provoca que el sostenimiento de estas organizaciones dependa básicamente de las transferencias directas de los Presupuestos Generales del Estado y de las subvenciones que otorga el poder político.
p.d.: El éxito real de esta jornada de huelga no dependerá del respaldo voluntario de los trabajadores, sino del impacto de la violencia callejera ejercida por los piquetes y de la permisividad mostrada por las autoridades ante los bloqueos de los accesos principales. Si los ciudadanos deciden acudir a sus puestos, solo la coacción en los nudos de transporte y la inacción gubernamental a la hora de garantizar el derecho al trabajo determinarán el nivel de paralización material en las principales ciudades españolas.
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