⏲ Tiempo estimado de lectura: 3 minutos
El constante goteo de privilegios penitenciarios para los reclusos de la banda asesina ETA suma un nuevo episodio que evidencia el peaje político que paga el actual gobierno de Sánchez. El Gobierno Vasco, ahora bajo la gestión de la consejera del PSOE, María Jesús San José, ha vuelto a activar los mecanismos administrativos para conceder un régimen de semilibertad a una de las figuras más sanguinarias de la historia criminal de España. La exjefa de ETA, Soledad Iparraguirre, conocida bajo el alias de ‘Anboto’, se beneficiará nuevamente de una medida que fractura el principio de justicia para quienes sufrieron el azote del terror. Conviene recordar que «Anboto», fue una jefa de la organización terrorista ETA vinculada a 14 asesinatos por los que acumula condenas que suman más de 700 años de cárcel. Una asesina.
Las condenas de Anboto y el laberinto judicial de sus beneficios
La trayectoria delictiva de esta etarra Soledad Iparraguirre se salda con un historial que acumula condenas superiores a los 700 años de cárcel debido a su implicación directa en múltiples atentados mortales y coches bomba organizados por el comando Madrid. A pesar de la gravedad extrema de sus crímenes, el entramado político-institucional diseñado para rebajar la presión sobre los presos etarras opera con una rapidez pasmosa. No es la primera vez que las instituciones autonómicas intentan acelerar su salida a la calle. Durante el pasado mes de abril, la Audiencia Nacional tuvo que intervenir de manera drástica para frenar este atropello jurídico y ordenó su reingreso inmediato en prisión ordinaria tras tumbar una resolución idéntica. En aquel momento, el magistrado de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, fue tajante al sostener que se estaba produciendo una «excarcelación anticipada» y que se le creaban «falsas expectativas» a la propia reclusa.
Sin embargo, las advertencias judiciales parecen no importar en un escenario marcado por la necesidad de satisfacer las demandas de los socios de investidura de Sánchez. Transcurridos apenas seis meses desde el revés impuesto por la Audiencia Nacional, la Junta de Tratamiento de la cárcel guipuzcoana ha vuelto a diseñar una propuesta a medida para la reclusa mediante la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Esta argucia legal permitirá a la sanguinaria terrorista abandonar la prisión de Zubieta o Martutene de lunes a viernes para participar en supuestas labores de voluntariado controlado, limitando su reclusión únicamente a las horas de pernocta diaria y los fines de semana.
El silencio del Gobierno de Sánchez ante la indignación de las víctimas
Esta medida confirma la deriva del Gobierno de Pedro Sánchez, dispuesto a digerir cualquier humillación con tal de sostener su permanencia en el poder. La transferencia de las competencias de prisiones al País Vasco se convirtió en la herramienta perfecta para subcontratar el vaciado de las cárceles de etarras, permitiendo que las formaciones separatistas y los socialistas vascos actúen como ejecutores de una hoja de ruta de impunidad. El desmantelamiento del castigo penal a los asesinos avanza de manera sistemática ante el silencio cómplice de sus ministros.
La respuesta de los colectivos que representan a los afectados por el terrorismo refleja una profunda quiebra de la confianza institucional. Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo observan con estupor cómo el cómputo de privilegios no deja de crecer bajo este mandato y recuerdan de manera alarmante que las «cifras de la impunidad» alcanzan ya «123 terceros grados, 28 flexibilizaciones y 62 libertades condicionales». Para estas asociaciones, el caso de ‘Anboto’ representa la consumación de un modelo donde se prioriza el bienestar y la reinvención del victimario frente a la memoria y la dignidad de las familias destrozadas por las bombas de ETA, en lo que consideran un pago político intolerable dictado desde la Moncloa.
tags: Anboto, ETA, semilibertad, Sánchez, terrorismo, prisiones, víctimas
