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La negligencia criminal en Adamuz exige la dimisión de Óscar Puente
El último informe pericial de la Guardia Civil sobre la catástrofe ferroviaria de Adamuz, en Córdoba, dinamita definitivamente la maltrecha credibilidad del Ministerio de Transportes dirigido por el socialista Oscar Puente. Las conclusiones de los especialistas no dejan lugar a dudas ni a la habitual retórica de distracción gubernamental. El trágico accidente, que segó la vida de 46 personas y dejó un reguero de dolor imborrable, no responde a una fatalidad del destino ni a factores meteorológicos imprevisibles. Responde a una negligencia técnica de proporciones colosales y a un desprecio absoluto por los protocolos elementales de seguridad en nuestra red de alta velocidad. Ante este escenario de incompetencia letal, el ministro Óscar Puente carece de la dignidad y de la aptitud necesarias para seguir un minuto más al frente de su cartera. Su dimisión inmediata ya no constituye una opción política, sino un imperativo moral y de higiene institucional.
Un atestado demoledor que destapa la chapuza técnica
El documento pericial, un exhaustivo atestado que consta de 210 folios y que elaboraron dos peritos del Departamento de Escena del Crimen del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, acorrala por completo la gestión del ministerio tal como señala La Gaceta. Los investigadores inspeccionaron minuciosamente el punto kilométrico 318,693 de la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, en las inmediaciones del puesto de banalización de Adamuz, y hallaron anomalías flagrantes en la unión de los dos carriles situada junto al punto en el que se produjo la fractura de la vía.
La investigación saca a la luz una auténtica chapuza en las obras de renovación del tramo Guadalmez-Córdoba. Los técnicos soldaron dos segmentos de carril de distinta antigüedad y características totalmente divergentes mediante un procedimiento aluminotérmico defectuoso. El raíl anterior a la fractura exhibía la inscripción «ENSIDESA 89», una pieza de 1989 instalada en 1992, mientras que el tramo posterior portaba la marca «ENSIDESA 23 60 E1», fabricada en 2023. Aunque la normativa permite la unión de materiales de diferentes años bajo estrictas especificaciones técnicas, las chapuzas ejecutadas durante las obras de renovación de 2025 dinamitaron los márgenes de seguridad, provocando la rotura fatal de la soldadura.
Contradicciones normativas y la confesión del ministerio
El escándalo adquiere tintes delictivos al analizar el pliego de condiciones de la adjudicación. Existe una contradicción flagrante y criminal entre las instrucciones incluidas en el contrato de las obras y la normativa interna de Adif. El pliego estipulaba que, al unir un carril de calidad 260 con uno de calidad 350, los operarios debían emplear un kit de soldadura con carga 350. Sin embargo, las normas generales del propio administrador de infraestructuras dictan todo lo contrario: ante aceros de diferentes grados, hay que usar la carga del material de menor grado.
El propio Óscar Puente admitió la gravedad de los hechos al atribuir a un error que el pliego correspondiente a la reforma estableciera un procedimiento contrario al recogido con carácter general por Adif. Esta confesión pública del ministro confirma la cadena de fallos y la ausencia total de supervisión por parte de su departamento. Un error de redacción en un despacho ministerial se tradujo en una vía defectuosa que terminó quebrando bajo el peso de los convoyes. Por ello, el sindicato Alternativa Ferroviaria (Alferro) ya solicita la imputación formal de los técnicos y responsables de la soldadura.
Un balance trágico que inhabilita a cualquier gobernante
Conviene recordar la magnitud de la tragedia para comprender la indignidad que supone la permanencia de Puente en el Ejecutivo. Un tren de la compañía Iryo, con ocho coches y 294 personas a bordo, perdió el eje delantero, descarriló durante cientos de metros e impactó brutalmente contra el Alvia 2384, que transportaba a 187 pasajeros hacia Huelva. El choque provocó una carnicería con 46 fallecidos debido a una vía rota por culpa de una gestión negligente.
La jueza Cristina Pastor, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Montoro, ya analiza este informe demoledor de la Guardia Civil para depurar responsabilidades penales. Sin embargo, la responsabilidad política resulta clamorosa y previa a cualquier dictamen judicial. Un ministro que tolera pliegos de contratación erróneos, que descuida la fiscalización de las infraestructuras críticas y que reacciona con soberbia ante las alarmas del sector ferroviario demuestra que no es apto ni digno para su cargo. Óscar Puente debe presentar su dimisión hoy mismo por respeto a las víctimas y por la seguridad de todos los españoles.
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