Sánchez y la Ley del PSOE: Un golpe a la representación ciudadana que los apartará de la instrucción del caso Begoña, Koldo y fiscal general del Estado

Sánchez y la Ley del PSOE: Un golpe a la representación ciudadana que los apartará de la instrucción del caso Begoña, Koldo y fiscal general del Estado

La propuesta de ley del PSOE, registrada ayer viernes en el Congreso de los Diputados, ha suscitado una gran preocupación por sus implicaciones en la participación de la sociedad civil en los procesos judiciales. Esta iniciativa busca limitar el papel de las acusaciones populares, especialmente en casos relevantes como los de Begoña Gómez, Koldo y el fiscal general del Estado. La ley propuesta podría resultar en la expulsión de estas acusaciones de las investigaciones judiciales en curso, lo que representa un golpe a la representación de la sociedad civil en la justicia.

La disposición transitoria única establece que las modificaciones contempladas en la proposición «serán de aplicación a los procesos en curso en el momento de la entrada en vigor de la presente ley orgánica, así como a los que comiencen con posterioridad a dicho momento». Entre los cambios más destacados, se prohíbe a los miembros de las carreras judicial o fiscal, así como a los partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos, ejercer la acción popular. Además, quienes deseen ejercer esta acción deberán demostrar un vínculo concreto y relevante con el interés público tutelado en el proceso penal correspondiente.

Este requisito de acreditar un vínculo concreto podría dejar fuera a muchas organizaciones de la sociedad civil que, tradicionalmente, han actuado en defensa de la transparencia y la justicia. La proposición también contempla la «plena» exclusión de la fase de instrucción para las acusaciones populares, permitiendo su participación solo después de que el juez considere que los hechos investigados son indiciariamente delictivos.

La causa se archiva si no acusa la fiscalía o la acusación particular

Otro punto crítico de la norma es la inclusión del nuevo artículo 104 bis en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que establece que si ni el Ministerio Fiscal ni la acusación particular formulan acusación, el proceso penal será archivado,  «cuando no se formule acusación por el Ministerio Fiscal o por la acusación particular, el proceso penal será archivado, no pudiendo continuar el mismo sólo con la acusación formulada por la acusación popular salvo por delitos en los que concurra un interés exclusivamente público». Esto limita significativamente la capacidad de las acusaciones populares para continuar con los casos, excepto en delitos de interés público exclusivo.

Según la exposición de motivos de esta proposición, el objetivo es evitar el «uso abusivo» de la figura de la acusación popular. Esta medida es un intento de controlar los procesos judiciales y proteger a figuras políticas y cercanas al gobierno de investigaciones independientes.

Impacto en los casos Begoña Gómez, Koldo y fiscal general del Estado

Estas medidas son un claro intento de blindar a ciertas personas cercanas a Sánchez. Así, la aplicación retroactiva de estas modificaciones tendrá un impacto directo en casos en curso. En el caso de Begoña Gómez, las acusaciones populares de VOX, Hazte Oir, Iustitia Europa, y otras organizaciones tendrán que demostrar su vínculo concreto con el interés público para mantener su participación. De no conseguirlo, serán expulsadas del proceso, dejando a la sociedad civil sin representación efectiva en el caso.

De igual manera, en el caso Koldo y en el que se investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, las restricciones impuestas podrían resultar en la expulsión de las acusaciones populares, dificultando el escrutinio público y judicial independiente.

La ley propuesta por el PSOE no solo debilita la capacidad de la sociedad civil para participar en los procesos judiciales, sino que también representa un paso hacia un mayor control del poder judicial por parte del ejecutivo de Sánchez. Al limitar las acusaciones populares, el gobierno de Sánchez busca allanar los procesos judiciales en los que están imputados familiares y políticos cercanos, consolidando así un control sobre la administración de justicia que pone en riesgo los principios democráticos de separación de poderes y transparencia.

En un estado de derecho, la participación ciudadana en los procesos judiciales es fundamental para garantizar que la justicia se administre de manera justa e imparcial. La eliminación de las acusaciones populares en la fase de instrucción y la imposición de requisitos estrictos para su participación representan un retroceso en la lucha por una justicia accesible y transparente.