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La claudicación moral del sanchismo frente a los verdugos asesinos etarras
La deriva política del Gobierno de Pedro Sánchez ha alcanzado el punto más oscuro e infame de la historia de España. Para mantener la ocupación del sillón presidencial en el palacio de la Moncloa, Sánchez ejecuta una estrategia de entrega absoluta y humillación institucional ante los herederos políticos de la banda asesina ETA. La impunidad avanza sin frenos bajo el amparo de un socialismo que prefiere complacer a los verdugos en lugar de defender la memoria de los inocentes y de las víctimas. Da dolor y da vergüenza comprobar cómo el Estado realiza concesiones continuas a quienes sembraron el luto, el terror, la destrucción y la muerte en la sociedad española durante cuatro dolorosas décadas, mientras las víctimas del terrorismo siguen esperando una reparación completa que nunca termina de llegar.
El paradigma de esta traición institucional se materializa en la figura de Henri Parot, tal como recoge Periodista Digital en un reportaje, uno de los criminales más sanguinarios de la organización terrorista. Este miserable, responsable de aparcar el coche bomba contra la casa cuartel de Zaragoza, ya duerme fuera de la cárcel casi todos los días de la semana. La concesión del tercer grado a la figura emblemática del terror asesino etarra vuelve a abrir la brecha entre las víctimas y Sánchez. El vaciado sistemático de las prisiones responde únicamente a un frío cálculo de supervivencia parlamentaria, donde el sanchismo liquida la dignidad nacional a cambio de los votos de los testaferros de las armas.
La masacre de Zaragoza y la impunidad del comando Argala
La memoria histórica no admite la amnesia interesada que el PSOE intenta imponer a los españoles para blanquear su alianza con la izquierda abertzale. Es necesario recordar la mañana del 11 de diciembre de 1987, cuando un Renault 18 cargado con 205 kilos de amonal estalló frente a la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza. La explosión asesinó a once personas, cinco de ellas niños de entre cuatro y catorce años que dormían en sus hogares. El comando Argala, una estructura criminal a la que pertenecía Parot, sumaba entonces 38 muertos en 21 atentados distintos a lo largo de la geografía nacional.
Fue Henri Parot quien aparcó el coche bomba aquella mañana. La Audiencia Nacional lo condenó en 1994 a 1.802 años de prisión solo por ese atentado. En total, la Justicia le atribuye 39 asesinatos y una condena acumulada cercana a los 4.800 años, la mayor de la historia judicial española. Las fuerzas de seguridad lo detuvieron el 2 de abril de 1990 cerca de Santiponce, camino de Sevilla, con un coche cargado de explosivos listo para otro atentado. Aquella detención permitió, además, identificar al resto de autores de la masacre de Zaragoza, frenando temporalmente una maquinaria de matar que hoy recibe beneficios penitenciarios gracias a la complicidad gubernamental.
De salir a dormir a la cárcel a salir sin más explicaciones a las víctimas
El desmantelamiento de la justicia ordinaria se ejecuta por etapas bien calculadas desde los despachos oficiales. El año pasado, el Gobierno vasco ya le concedió el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario: podía salir de lunes a viernes para hacer voluntariado, con la obligación de volver a dormir en prisión. Esta semana las autoridades han dado el siguiente paso en esta agenda del deshonor. El Departamento de Justicia vasco, dirigido por la socialista María Jesús San José, ha aprobado su paso a tercer grado, basándose en el informe de la Junta de Tratamiento de la prisión guipuzcoana de Zubieta. A partir de ahora, Parot solo tendrá que volver a la cárcel a dormir. El resto del día será, a efectos prácticos, un hombre libre que paseará por las mismas calles que paseaban sus víctimas y familiares.
Este trato de favor preferencial no constituye un hecho aislado dentro de las cárceles del norte. Desde que el Gobierno vasco asumió las competencias penitenciarias en octubre de 2021, ha concedido 124 progresiones a tercer grado, 28 aplicaciones del artículo 100.2 y 62 libertades condicionales a presos de ETA. Las asociaciones que agrupan a los damnificados por el terrorismo denuncian unánimemente este atropello a la legalidad y al sentido común. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha sido tajante al respecto mediante una dura declaración pública:
«Henri Parot no ha mostrado nunca un arrepentimiento sincero y público de sus crímenes ni ha roto de forma clara, inequívoca y verificable con ETA y con el entorno político y social que justificó y legitimó sus asesinatos».
La asociación acusa directamente a la política penitenciaria vasca de estar «al servicio de la izquierda abertzale», desmontando el relato humanitario que intenta difundir la propaganda de la Moncloa.
El vaciado total de las prisiones como pago político a EH Bildu
Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha ido más allá y ha vinculado la decisión a la dependencia parlamentaria de Pedro Sánchez de EH Bildu: según su denuncia, la progresión de grado de Parot es «un paso más de una hoja de ruta cuyo objetivo final es la salida de la cárcel de los presos de ETA». Es la lectura de la AVT, no un hecho judicialmente acreditado, pero retrata el clima de sospecha que rodea cada nueva excarcelación. El dato estadístico que mejor resume el vaciado de las cárceles es este: tras el tercer grado a Parot, apenas quedan 30 miembros de ETA en régimen ordinario en toda España. Menos presos que asesinatos cometidos por el propio Parot. El contraste no es casualidad ni exageración retórica: es aritmética judicial. Una banda que asesinó a 853 personas en cuatro décadas deja hoy, en las cárceles, a menos gente de la que mató uno solo de sus miembros.
El Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el Partido Socialista de Euskadi (PSE) gobiernan en el País Vasco la maquinaria penitenciaria que vacía los centros de reclusión desde el año 2021. Mientras tanto, en Madrid, la investidura y los presupuestos generales de Pedro Sánchez dependen exclusivamente de los votos de EH Bildu, una formación proetarra en cuyas filas dirigentes conviven con un pasado vinculado al entorno de la banda asesina. Hoy, los verdugos —o compañeros de comando de los verdugos— empiezan a salir de la cárcel con permisos de fin de semana y trabajos de voluntariado ante la mirada cómplice del actual sanchismo. España se convierte así en un país incapaz de saldar su cuenta con el dolor de sus héroes.
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