Pedro Sánchez ha dado un paso más en la entrega de Gibraltar. Y ya, ni siquiera, a Reino Unido. Ahora, realmente, la entrega es prácticamente a la propia colonia británica, que con el acuerdo del Brexit y la renuncia de España a pelear por el Peñón, se constituye casi como un paraíso fiscal con interlocución decisiva ante España. Justo la antítesis de la realidad legal que ampara a España, pero que el Gobierno socialcomunista se niega a reclamar.
Fabián Picardo ha agradecido públicamente el nuevo clima de entendimiento con el Gobierno de España. Y es normal que esté contento con el trato de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Porque España ha desaprovechado definitivamente la enorme fuerza de la negociación del Brexit para reclamar la cosoberanía del Peñón. El Gobierno de Mariano Rajoy logró, en época de José Manuel García Margallo al frente de Exteriores, una posibilidad de veto del acuerdo para España en caso de que el régimen pactado sobre Gibraltar no respetara las exigencias nacionales. El nuevo Gobierno definitivamente ha renunciado a esa potestad y no será fácil que vuelva a tener una oportunidad de reclamar la cosoberanía a Reino Unido con una fuerza tan clara y evidente.
El Gobierno ha perdido esa oportunidad. Pedro Sánchez permite que Gibraltar mantenga su régimen sin cambios, pero ahora con su país soberano fuera ya de la UE. Es decir, que las negociaciones con Reino Unido concluyen por parte de la UE y lo hacen sin que España haya bloqueado el acuerdo del Brexit -especialmente el comercial- hasta que se hubiese cumplido el régimen del istmo, aeropuerto y cosoberanía que la propia ONU respalda.
El daño realizado por Pedro Sánchez está aún por verse en la práctica. Pero cada disputa que haya a partir de ahora con el Peñón será una cuestión bilateral entre España y Reino Unido. Y casi entre España y Gibraltar, si Reino Unido decide marginar a España obligándole a tratar directamente con Picardo.
El acuerdo perfilado con Reino Unido con motivo del Brexit recoge todo un abanico de cesiones sobre el Peñón no visto desde la firma del Tratado de Utrecht. La principal de estas cesiones fue ya previa, en la parte de las negociaciones mantenida en 2019, también bajo el mandato de Pedro Sánchez. Y consistió en el reconocimiento de unas supuestas “autoridades gibraltareñas” con capacidad negociadora, cosa que no había ocurrido hasta ese momento y que ha marcado todo el devenir del acuerdo definitivo, básicamente porque España no ha decidido poner pie en pared y reclamar la cosoberanía del Peñón.
Los puntos aceptados en materia de fiscalidad y protección de los intereses financieros entre España y el Reino Unido se han basado en ese reconocimiento de unas supuestas autoridades gibraltareñas con capacidad negociadora sobre materias que requieren de soberanía. Y ahora, la vuela atrás a esa situación será muy compleja.
Hasta el momento, España sólo aceptaba acuerdos respaldados por la soberanía británica. La ONU mantiene la exigencia a Reino Unido de proceder a la descolonización de Gibraltar. Y, por lo tanto, esa descolonización debería dejar la soberanía del Peñón a España. Ahora, el reconocimiento de otras supuestas autoridades puede ser interpretado como una cesión en el orden de espera por el retorno de Gibraltar.
Hay que recordar que el acuerdo definitivo procede de las cesiones realizadas ya en época de Josep Borrell que, tras la firma del Acuerdo Internacional en 2019, fue el primero en destacar su importancia por ser el primero que se firmaba con este rango desde el Tratado de Utrecht. Y en él, Sánchez cedía, además, en la histórica reclamación española sobre el Aeropuerto de Gibraltar, que igualmente ha quedado aparcada pese a contar igualmente con apoyo de la legislación internacional.
Otro punto que se incluye en la lista de cesiones de Pedro Sánchez es el de una concesión de facto, un privilegio a las sociedades offshore del Peñón en toda la zona colindante con Gibraltar. Una de las propuestas que mantuvo España en la mesa con el anterior Gobierno del PP fue la de incluir Gibraltar y todo el área colindante en una zona especial a efectos fiscales y comerciales, de forma que el tratamiento gibraltareño -muy reducidos impuestos societarios- beneficiase igualmente a las poblaciones colindantes. A cambio, esa zona especial debía eliminar de una vez por todas una característica propia del sistema del Peñón: su fuerte opacidad fiscal y empresarial. El objetivo de esa propuesta era evitar el vampirismo empresarial que ejerce el Peñón sobre el resto de territorios vecinos, algo que ha llevado a que las diferencias de renta per capita entre las localidades ajenas a Gibraltar y el Peñón sea de hasta 1 a 6. También esa pretensión se ha abandonado y entregado.
(Carlos Cuesta. OK Diario)
