El Senado pidió ayer explicaciones al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para que clarifique cuáles son las verdaderas medidas que está negociando con Bruselas sobre la reforma las pensiones. El malestar mostrado en público y en privado por los distintos partidos se hizo patente durante toda la comparecencia en el Senado, en la que reclamaron al ministro que acabara con la «opacidad» con la que actúa.
No aportó Escrivá muchas luces, salvo su habitual ensalada de números, pero sí que al menos ofreció un calendario plausible para presentar los primeros aspectos de la reforma. Esta se pondrá en marcha en dos plazos, el primero de los cuales no será aprobado hasta la segunda mitad de este año, después del verano. El segundo se demorará al menos doce meses más, hasta el segundo semestre de 2022, aunque fuentes de la negociación hablan incluso de que podría no estar listo hasta 2023.
En el primer bloque se incluiría el nuevo mecanismo de revalorización de las pensiones, que prácticamente tiene cerrado con los agentes sociales para ligarlo al IPC; las penalizaciones a las prejubilaciones y que la edad efectiva de jubilación se equipare con la real.
Para el segundo tramo quedarían los aspectos más complejos de la reforma, como la revisión de las carreras de cotización y el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión; la introducción de un mecanismo de equidad intergeneracional que sustituya al factor de sostenibilidad o la adecuación de la base máxima de cotización, que se pretende ajustar con la pensión máxima.
Pero eso no será hasta 2022. Lo más inmediato y lo que se presentará «muy pronto» a la Cámara será la revalorización anual del sistema con el IPC. «Nuestro objetivo es asegurar la sostenibilidad, la suficiencia y la equidad del sistema de pensiones, con cambios que responden estrictamente a las recomendaciones hechas por el Pacto de Toledo». También que los pensionistas «no van a perder poder adquisitivo. Niego que vaya a haber ningún recorte en las pensiones».
Sin embargo, su intención de evitar las prejubilaciones elevando las penalizaciones; de ampliar los años de cotización para calcular esta prestación –aunque lo haya desmentido en varias ocasiones pese a aparecer en varios documentos previos– o de no elevar nunca por encima del IPC la revalorización de las pensiones se pueden entender como congelaciones de facto. En el último caso, es verdad que la nueva fórmula de revalorización impedirá que se reduzca el poder adquisitivo –durante la última década se ha acumulado una pérdida de 422 euros de media–, pero también significa que nunca se elevará por encima de la subida de los precios y, por tanto, se impedirá ganar poder adquisitivo real, lo que sería igual a una congelación en diferido.
La propuesta de Escrivá establece que las pensiones subirán anualmente con la inflación media de diciembre, en vez de en función de la estimación prevista de los precios como hasta ahora. En el caso de que la inflación media sea negativa –como ha pasado en 2020–, las pensiones no bajarían, pero tampoco tendrán incremento, y la diferencia entre ambas cifras se compensaría en los tres años siguientes con una revalorización más moderada, según fuentes de la negociación. Para que quede claro: si la inflación media en 2020 se situó en el -0,3%, esas tres décimas se restarían durante los tres años siguientes.
Con estas premisas, el objetivo de Escrivá es que cuando un trabajador finalice su carrera laboral disponga el resto de su vida de pensionista de la misma capacidad adquisitiva, ya que su prestación se incrementará al mismo nivel que lo hagan los precios cada año. Ni un euro más.
Por ejemplo, desde la Gran Crisis Financiera se han acumulado tres ejercicios en los que el IPC terminó en negativo –2014, 2015 y 2016–, pero el Gobierno de aquel momento, presidido por Mariano Rajoy, aplicó la cláusula por la que los pensionistas debían recibir en sus nóminas el mínimo del 0,25% establecido. Por tanto, ganaron poder adquisitivo, algo que ya no sucederá con el nuevo sistema de revalorización. Todo lo contrario que, por ejemplo, hizo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero durante la Gran Crisis, cuando en el año 2011 congeló las pensiones pese a la subida de más de dos puntos en el dato del IPC de aquel año.
El Ministerio que dirige Escrivá también pretende acercar la edad media a la que se accede a la jubilación (64,5 años) a la edad legal (65,8 años), para lo que contempla elevar los desincentivos en el acceso al retiro anticipado voluntario y crear un nuevo modelo que premie la demora en el retiro.
En cuanto a las prejubilaciones, Escrivá pretende que se cumpla en el 99% de ellas el coeficiente de reducción de la pensión del 8% por cada año de menos trabajado, que ya está establecido así en la actual legislación, pero que no se aplica en todos los casos. El ministro quiere acabar con este sistema, que entiende es «muy injusto», pero en vez de igualar las reducciones por abajo –al 2%– lo hará por arriba –al 8%– y de forma generalizada, es decir, que penalizará al máximo.
(Javier de Antonio. Diario La Razón)
