Redondo y Oliver decidirán qué noticias se censuran como ‘fake news’

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El Gobierno de Pedro Sánchez decidirá qué es y qué no es noticia  y podrá emprender acciones contra quienes difundan lo que consideren «desinformación». El Ejecutivo ha aprobado su  plan -como avanzó OKDIARIO- para controlar lo que califican de ‘fake news’, una categoría sujeta a la interpretación de los dos hombres de la máxima confianza de Pedro Sánchez: Iván Redondo, jefe de gabinete de la Presidencia del Gobierno y Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación. El procedimiento ha sido aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional y aparece ya publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Moncloa envuelve su pretensión de poner coto a los medios digitales bajo eufemismos: «Es imprescindible establecer medios de funcionamiento y mecanismos dirigidos a evaluar de manera continua el fenómeno de la desinformación a nivel global y particularmente para España», señalan como justificación.

Añaden que «uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas y que deben asegurar las instituciones y administraciones públicas» es la «información veraz y diversa», al tiempo que avisan de «la difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios».

Y no ocultan su pretensión de vigilar de cerca a los medios y plataformas digitales: «Dado el rápido progreso del entorno digital, el uso intensivo de los medios digitales y la complejidad de la temática abordada, establecer medios de funcionamiento y mecanismos dirigidos a evaluar de manera continua el fenómeno de la desinformación a nivel global y particularmente para España resulta imprescindible».

Aseguran que su intención es «aumentar la transparencia con respecto al origen de la desinformación y a la manera en que se produce y difunde, además de evaluar su contenido», así como «apoyar el fomento de la información veraz, completa y oportuna que provenga de fuentes contrastadas de los medios de comunicación y las Administraciones en el marco de la comunicación pública».

En otra propuesta controvertida para combatir las ‘fake news’, el Ejecutivo podrá solicitar la colaboración del sector privado, en el cual incluye asociaciones y ONG, cuya contribución se considere relevante para llevar a cabo «acciones como la identificación y no contribución a la difusión de la desinformación, la promoción de actividades de concienciación y la formación o el desarrollo herramientas para su evitar su propagación en el entorno digital, entre otras». También colaborarán los gabinetes de los distintos ministerios y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El poder de Redondo

Todo ello dependerá de una Comisión Permanente, coordinada por la Secretaría de Estado de Comunicación y presidida por el director del Departamento de Seguridad Nacional.

Pero será Iván Redondo quien tenga un poder omnipresente en este nuevo cometido. En enero, tras la firma del Gobierno de coalición, Pedro Sánchez delegó en él la estructura vertebral de La Moncloa, como coordinador de la comunicación y la seguridad nacional, además de la Oficina Económica.

De hecho, Redondo lleva tiempo encargándose desde su departamento de la guerra contra las «fake news». Un cometido que trasciende cualquier Ministerio y se despacha directamente en Moncloa.

El Ejecutivo ya ha revelado en otras ocasiones su persecución de las informaciones incómodas. Cabe recordar, por ejemplo, la polémica generada cuando el general Santiago explicó cómo la Guardia Civil trabajaba para «minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno».

Y como ha venido informando OKDIARIO, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) también se empeña en ese cometido. El Centro Criptológico Nacional ha desarrollado un protocolo de actuación para investigar las «plataformas digitales» o «canales de comunicación» que divulguen noticias «descontextualizadas» -según sus criterios- y «erosionen» la «confianza en las instituciones públicas».

Se aprovecha de la pandemia

El sistema establece cuatro niveles de actuación. El primero consiste en la «monotorización y vigilancia» para la alerta temprana y la detección de contenidos que consideren «fake». En el último, se articulará una respuesta a nivel político por parte del Consejo de Seguridad Nacional, «en caso de atribución pública de una campaña de desinformación a un tercer Estado». En función de la ‘gravedad’ de la «desinformación», el Gobierno realizará además una campaña de comunicación pública dirigida por la Secretaría de Estado de Comunicación.

Aunque los planes del Gobierno para articular una estrategia de este tipo vienen de lejos, el Ejecutivo ha encontrado en la pandemia del coronavirus el pretexto para acelerarla.

«La desinformación puede estar presente y afectar a cualquier campo, y en los tiempos actuales se ha observado de manera directa en la actual pandemia, viéndose acompañada de una «infodemia» sin precedentes», se lee en el texto publicado en el BOE.

(Luz Sela. OK Diario)