El Gobierno está utilizando a las Fuerzas de Seguridad del Estado para tratar de predecir el escenario social al que deberá enfrentarse después del verano. El Ministerio del Interior ha empezado a solicitar información sobre las posibles reacciones de la calle a la gestión política de la pandemia y a los efectos de una crisis económica que será más profunda y duradera de lo que esperaba Moncloa. Según fuentes policiales, las previsiones apuntan a un otoño caliente, con manifestaciones y disturbios en toda España, aunque aún es pronto para calibrar la magnitud que alcanzarán las protestas.
“El peor de los escenarios es que empiece una etapa de gran fractura social y de desgaste de las instituciones que, de algún modo, termine provocando una desestabilización más amplia, casi general”, explican fuentes de las Fuerzas de Seguridad. “No ayuda la enorme polarización política que se vive en estos momentos en España”, añaden a este diario. “Aún es pronto para saber lo que ocurrirá, porque la gente no está en la calle. Todavía estamos en la fase de la enfermedad y por ahora es lo que más preocupa. Pero el malestar empezará a notarse cuando las consecuencias económicas de esta situación sean más evidentes”.
La proyección más probable trasladada a Moncloa por la Policía Nacional y la Guardia Civil no es tan apocalíptica, aunque vaticina meses de protestas laborales, manifestaciones contra el Ejecutivo y brotes de violencia de carácter puntual. El panorama sería similar al que se encontró Mariano Rajoy tras llegar al poder en noviembre de 2011. “Dependerá mucho de las consecuencias económicas del coronavirus. De las empresas que cierren y de las personas que acaben en el paro. Si hay dinero público suficiente para salvar la situación, se mitigará el descontento. Pero si viene una etapa de recortes, que es lo más probable, habrá tensión en las calles. Qué puede ocurrir, por ejemplo, si el Gobierno rebaja el sueldo de los sanitarios un 5% o un 10% después de animar durante dos meses a que se les aplauda a las ocho de la tarde. Seguro que habrá una respuesta”, señala a este diario otro experto de las Fuerzas de Seguridad.
Los especialistas coinciden en que algunos factores de la ecuación son todavía un misterio. En 2012, con el PP ya en Moncloa, los sindicatos convocaron dos huelgas generales y los herederos del 15-M impulsaron protestas masivas como las de Rodea el Congreso. Los principales aliados de los sindicatos y el 15-M están ahora en el Gobierno. “Es difícil adivinar cómo reaccionará la izquierda a la crisis que viene. ¿Se movilizarán los sindicatos y los sectores más contestatarios de la sociedad contra un recorte del sueldo de los funcionarios o de las pensiones? Es algo que no sabemos. Dependerá, entre otras cosas, de la posición que tome Podemos ante esas decisiones, de si decide utilizar la calle para presionar o no a su socio de coalición”.
Aunque las movilizaciones sociales han sido tradicionalmente patrimonio de la izquierda, la Policía Nacional y la Guardia Civil también han comunicado al Gobierno que se espera un aumento de las protestas de la derecha. “En Alemania, la extrema derecha está considerada una amenaza mayor que el yihadismo. Eso no ocurre en España. Aquí está en las instituciones. Es una extrema derecha política, no social. No creemos que vaya a convertirse en un elemento de desestabilización, pero por supuesto estamos pendientes”, apuntan las fuentes consultadas. “Lo que sí esperamos es un periodo de intensa movilización contra el Gobierno. Ya hay muchas pistas de lo que va a ocurrir”.
Así lo indica el rastreo continuo de las redes sociales que están efectuando las Fuerzas de Seguridad desde que se declaró el estado de alarma. Las fuentes consultadas por El Confidencial señalan que el mundo virtual refleja una España sumida en un profundo enfrentamiento social, con un alto porcentaje de la población ubicado en las posiciones más extremas. Interior está recibiendo informes casi diarios con los resultados de esa monitorización de las redes. “Si lo que vemos en Twitter o Facebook fuera a ocurrir de verdad, sería para salir huyendo. Pero, por suerte, una cosa es el mundo virtual y otra el mundo real. Muchas de las iniciativas que se plantean nunca se llevan a cabo. Hay mucha distancia entre esas esferas. Con todo, es cierto que la percepción generalizada es que vamos a un escenario de gran conflictividad”.
Los analistas también están advirtiendo al Gobierno de que Cataluña puede entrar en una nueva ofensiva independentista. “El ‘procés’ es el resultado de la crisis económica que estalló en 2008. El independentismo nunca ha desaprovechado la debilidad del Estado para intentar conseguir su objetivo. Sería una sorpresa que no lo hiciera ahora”. Otra fuente asegura que, en realidad, ya se aprecia esa estrategia en la gestión que está haciendo la Generalitat de la crisis. “Están intentando alimentar de nuevo el clima del agravio, trasladando continuamente a la población que Cataluña no habría sufrido una situación tan severa si no hubiera existido el mando único y hubiera contado con todas las competencias”, explica otra fuente de las Fuerzas de Seguridad. “El objetivo del Govern es convencer a la población de que la culpa es de España, y es evidente que, con otra crisis económica, el secesionismo encontrará una situación favorable para sus intereses”.
La crisis que atraviesan las principales instituciones del Estado puede acelerar ese nuevo ‘procés’. La clase política lleva años siendo considerada un problema por los españoles y en el pasado CIS alcanzó un nuevo récord. El 49,5% de los entrevistados por el CIS se refirió a los políticos como su mayor dolor de cabeza. ¿Y la monarquía? “Es una pieza clave en nuestro sistema y las últimas noticias que han aparecido sobre el patrimonio oculto del Rey emérito no ayudan a mejorar su imagen, precisamente. E informaciones como esas se van a entender todavía menos ahora que hace tres años, cuando la población no estaba pasando tantas dificultades. Es una circunstancia que podría ser aprovechada por los sectores sociales que propugnan un cambio de régimen o de sistema. También será un momento propicio para ellos”.
Las preocupaciones más inmediatas del Gobierno tienen una fecha más próxima. Moncloa teme el efecto que puede tener en la sociedad un segundo brote de coronavirus. Duda de que, llegado ese momento, la población atienda las recomendaciones sanitarias e incluso un nuevo confinamiento. Al cansancio que acumulan los ciudadanos después de dos meses de encierro se sumaría un clima menos favorable para quedarse en casa, como el de los meses de junio y julio. Un escenario de desobediencia masiva tendría efectos sanitarios y políticos devastadores. Aún queda un largo camino hasta que todas las comunidades lleguen a la fase 3.
(El Confidencial)
