La gerente de Podemos imputada por financiación ilegal, Rocío Val, repartía los sobresueldos a los miembros de la formación morada afines a Pablo Iglesias sin pasar ningún control. Así lo ha confesado el partido, imputado como persona jurídica en la causa, en un escrito presentado al juez Juan José Escalonilla al que ha tenido acceso OKDIARIO.
El partido ha presentado al juez «la normativa interna relativa a los sueldos de los empleados y los complementos contemplados en la misma, acordada en el Consejo de Coordinación de fecha 24 de abril de 2017». Y según el protocolo de Podemos, «cada responsable de equipo propone sobre su equipo, y la persona responsable del Departamento de Recursos Humanos (gerencia, según poderes y estatutos), decide». «Por tanto -añade el escrito de Podemos-, ningún complemento es adoptado por el Consejo de Coordinación, sino propuesto por cada responsable y acordado por gerencia». Es decir, la última palabra para aprobar los llamados «complementos», que en realidad eran sobresueldos, la tenía Rocío Val.
Este último punto resulta sorprendente si se tiene en cuenta que, tal y como denunció el ex coordinador jurídico de Podemos, José Manuel Calvente, la propia gerente y el ex tesorero Daniel de Frutos formaron parte de los miembros del partido «agraciados» con este tipo de subidas salariales.
Según denunció el abogado purgado, él detectó una irregularidad sospechosa en el aumento de los salarios de la gerente y del tesorero «por encima de la limitación establecida en el Código Ético del partido, muy por encima de los tres salarios mínimos interprofesionales (SMI) en 2019, y el abono de gastos desproporcionados y conceptos no autorizados».
Premios a la gerente
Calvente, que sacó a la luz la corrupción dentro de Podemos, destacó que «la subida salarial se ha realizado añadiendo a su salario base y su complemento de responsabilidad personal, dos complementos salariales mensuales que no constan en las tablas salariales del partido: un complemento de coordinación por importe de 210,32 euros y un complemento de coordinación ejecutiva por importe de 400,00 euros mensuales, que suman una subida salarial mensual de 610,32 euros».
Y añadió: «Daniel de Frutos y Rocío Val, se convirtieron en los empleados del partido con la nómina más abultada, lo cual alertó de que podría ser un indicio de que se estaría premiando mediante un sobresueldo los servicios de opacidad financiera que necesitaba la presunta trama corrupta para realizar los actos irregulares detectados».
Otra de las premiadas con estos extras fue la abogada de Podemos Marta Flor Núñez. Recibía una aumento salarial presuntamente irregular por importe de 210,32 euros mensuales, «mediante la aplicación del complemento de responsabilidad personal que sólo perciben los empleados de la categoría salarial 4, responsables y coordinadores de equipo, sin que conste oficialmente que doña Marta Flor Núñez ejerce estas funciones de responsabilidad».
Hay que recordar que esta letrada representaba al líder de Podemos y a su ex asesora, Dina Bousselham, en el caso Dina-Iglesias. Ha sido acusada de confabularse con los fiscales del caso Villarejo para perjudicar a este periódico y a su director, Eduardo Inda.
Consejo de Coordinación
La representación letrada de Podemos en la causa que investiga Juan José Escalonilla, titular del Juzgado número 42 de Madrid, oculta información. Incluso llega a tergiversar parte de la misma, según fuentes consultadas por OKDIARIO.
El letrado de Podemos expone que «ningún complemento», es decir sobresueldo, es adoptado por el Consejo de Coordinación, sino propuesto «por cada responsable y acordado por gerencia».
Lo cierto es que, tal y como detalló el letrado expulsado de la formación por investigar la financiación ilegal, el Consejo de Coordinación de Podemos –órgano de dirección ejecutiva del partido– «no quiso elaborar el presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio 2019 ni el presupuesto de las campañas electorales previstas para ese mismo año y proponerlo al Consejo Ciudadano Estatal del partido para su aprobación, a pesar de ser una obligación legal impuesta por los Estatutos del partido en su artículo 78.»
A pesar de esta obligación, Daniel de Frutos y el Consejo de Coordinación incumplieron los Estatutos y no elaboraron el presupuesto para el año 2019, lo que supuso en la práctica –según consta en la denuncia– que la formación morada podía «recibir y disponer de fondos de forma totalmente opaca, libremente, sin control, sin ningún tipo de partida presupuestaria ni conocimiento de los órganos superiores del partido» tan sólo con el visto bueno de la gerente Rocío Val y el tesorero Daniel de Frutos, ambos imputados en la causa por presunta corrupción.
Tanto es así que las subidas de sus respectivos sueldos «no tendrían partida presupuestaria, puesto que no existen presupuestos aprobados para 2019, y se las habrían aplicado sin que conste un acuerdo oficial del Consejo de Coordinación autorizando dichas subidas salariales y la aplicación de los complementos que se han atribuido unilateralmente».
(TERESA GÓMEZ Y RAQUEL TEJERO | Ok Diario)
