El documento firmado por Illa fija como objetivo imponer el catalán a 600.000 personas más de aquí a 2030
La persecución lingüística contra el español se dispara en Cataluña
La persecución lingüística contra el español ha alcanzado un nuevo récord en Cataluña bajo el mando del socialista Salvador Illa. En solo un año, la Generalidad ha impuesto más de 200 sanciones a comercios por no rotular en catalán, recaudando más de 410.000 euros. Una ofensiva política diseñada para arrinconar al español en todos los ámbitos sociales y empresariales.
Los datos de la Agencia Catalana del Consumo reflejan un endurecimiento radical del plan lingüístico acordado por el PSC, ERC y los Comuns. Un documento firmado por el presidente socialista Illa que fija como objetivo imponer el catalán a 600.000 personas más de aquí a 2030, dotando de 255 millones de euros a este proyecto de ingeniería social.
Represión abierta
En 2021 apenas se impusieron 16 sanciones, con una recaudación de 17.350 euros. En 2022, las multas ascendieron a 68, generando 112.606 euros. Sin embargo, en 2023 el salto fue escandaloso: 206 sanciones y 409.105 euros recaudados.
La persecución ya no se oculta: el Gobierno y el PSC han decidido que el español es un obstáculo que debe ser erradicado. Bajo el pretexto de «normalizar» el catalán, se criminaliza el derecho de los ciudadanos a expresarse en la lengua oficial del Estado.
Esta persecución lingüística contra el español constituye además una violación flagrante de la Constitución española, que garantiza el derecho a usar el español en todo el territorio nacional.
El plan de Illa y sus socios separatistas
El documento de Illa contempla no solo reforzar la inmersión escolar obligatoria en catalán, sino también intensificar inspecciones, controles y sanciones contra empresas privadas, comercios y autónomos.
De los 255 millones de euros presupuestados, más de 106 millones irán a educación, donde se refuerza la imposición del catalán en detrimento del español y del inglés. El resto financiará campañas de propaganda, campañas de formación y la contratación de inspectores dedicados exclusivamente a detectar «infracciones lingüísticas».
En la práctica, el PSC se alinea con el separatismo para construir una Cataluña monolingüe y hostil al español, ignorando a millones de ciudadanos catalanes que se expresan en castellano como lengua materna.
Consecuencias para comercios y autónomos
La ofensiva tiene un impacto devastador sobre pymes, comercios y autónomos. Muchos pequeños negocios, ya ahogados por impuestos y regulaciones, deben destinar recursos adicionales para cumplir con normativas lingüísticas arbitrarias que atentan contra la libertad de empresa.
Quien no se somete al catalán sufre la sanción: multas de hasta 10.000 euros que asfixian a negocios familiares. Mientras tanto, el Gobierno catalán se presenta como garante de unos supuestos «derechos lingüísticos» que en realidad solo refuerzan el sectarismo ideológico.
La persecución lingüística contra el español se convierte así en un mecanismo de recaudación y control social, disfrazado de política cultural.
Un ataque a la unidad de España
Lo que ocurre en Cataluña no es un caso aislado. Forma parte de una estrategia política más amplia: utilizar la lengua como herramienta de confrontación y división nacional.
El PSC, lejos de defender la unidad de España, se pliega al separatismo y legitima políticas que humillan a los hispanohablantes. Con estas medidas, se impone la idea de que el español no tiene cabida en la vida pública catalana, rompiendo el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
La realidad es clara: la persecución lingüística contra el español en Cataluña no busca proteger una lengua, sino eliminar otra, el español. Es un ataque frontal a la libertad, a la igualdad y a la unidad de España.
