El proyecto Otero de Iberdrola continúa su curso al día de hoy. Iberdrola presentó versiones reformuladas del proyecto ante la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) desfavorable, intentando salvar los obstáculos ambientales mediante pequeños cambios. Esta reactivación ha puesto de nuevo sobre la mesa un debate incómodo pero urgente sobre la transición energética en España: la desprotección del sector primario frente a los gigantes del oligopolio eléctrico. Aunque las compañías intentan suavizar la implantación de estas macroplantas mediante campañas de comunicación, la realidad sobre el terreno es drásticamente distinta. El conflicto ya no se limita a un debate sobre la idoneidad medioambiental, sino que entraría de lleno en una posible vulneración de los derechos de propiedad de los agricultores.
Para entender el futuro que le depara al proyecto Otero, hoy nos centraremos en el proceso de las expropiaciones forzosas, que podrían afectar a los propietarios que han rechazado el alquiler de sus tierras. Lejos de ser un caso aislado, la estrategia jurídica y comercial que se observa en esta zona replica patrones ya consolidados en otros puntos de la geografía nacional.
En este contexto, lo mejor es mirar lo que ha pasado en otras partes de España. Esto nos dará una idea de lo que presumiblemente pasará en el proyecto Otero.
La Declaración de Utilidad Pública (DUP): Un salvoconducto legal
El verdadero motor de esta transformación asimétrica reside en un mecanismo administrativo específico. La obtención de la Declaración de Utilidad Pública (DUP) por parte de las eléctricas —en este caso, Iberdrola— no es un trámite administrativo más; es un salvoconducto legal que altera las reglas del juego. Al dotar a una multinacional del poder coercitivo del Estado para expropiar, se desvanece la autonomía del propietario: la empresa deja de necesitar el consenso, ya que la administración le otorga la facultad de imponer su voluntad sobre el territorio. En este escenario, la propiedad privada queda subordinada al interés comercial disfrazado de «bien común», dejando a los agricultores en una posición de absoluta vulnerabilidad jurídica.
Esta prerrogativa legal desmonta el mito de la negociación libre entre las empresas fotovoltaicas y los dueños del suelo. Si la infraestructura se consolida bajo la Declaración de Utilidad Pública, Iberdrola se podría asegurar el control del suelo con costes mínimos, mientras que el sector primario pierde no solo la titularidad efectiva de sus tierras, sino también su capacidad de decidir sobre el futuro productivo de la comarca.
El engranaje del proceso legal
La ejecución de estas medidas se realiza al amparo de la normativa vigente, lo que dificulta la defensa jurídica de los afectados. El proceso es legal y según señalan distintos colectivos de defensa de los agricultores podría volverse en contra de aquellos que no quieren arrendar sus terrenos: los expedientes sobre las fincas se publican en los ayuntamientos y los Boletines oficiales y, por tanto, el proceso es legal. Sin embargo, la legalidad formal del procedimiento no atenúa la profunda asimetría de poder entre las partes ni la coacción indirecta que sufren las economías familiares de carácter agrícola.
La denuncia de la Plataforma Campiña Norte
La experiencia de la Plataforma Campiña Norte contra las mega plantas ilustra con precisión quirúrgica cómo las multinacionales manejan los tiempos y las normativas para arrinconar al pequeño propietario. Rafael, portavoz de la Plataforma Campiña Norte contra las mega plantas, explicó en Antena 3 TV el proceso: “las empresas se aseguran un 50 % del terreno necesario negociando con grandes propietarios de tierra, y consiguen así que el proyecto se eleve a bien de utilidad pública. Es entonces cuando la expropiación del resto de terreno es posible. Los pequeños propietarios de fincas muchas veces prefieren firmar a enfrentarse a un proceso legal”. Es lo que le ha pasado a Antonio: “he firmado coaccionado. Era expropiar o arrendar”.
Así también le ha pasado al agricultor Pepe Rubio que afirmaba en Noticias Trabajo que le expropiaron por solo 20.000 € cuando su terreno generaba 70.000 € de ingresos al año.
La elección de los emplazamientos tampoco responde a un criterio de justicia territorial o de protección del suelo fértil, sino puramente a la optimización de los costes de conexión de las promotoras. Y, ¿por qué proyectar esas mega plantas en terrenos fértiles?: “Las eléctricas llegan con un mapa, pinchan con un compás sobre la subestación eléctrica, trazan un diámetro de cinco kilómetros, y ahí proyectan”, dice Rafael. Que el terreno sea llano, extenso y bien comunicado por carretera es vital para este tipo de instalaciones. Justo las características de estos olivares de Jaén. Juan Manuel insiste: “esto no es sostenible ni respetuoso”.
La presión en primera persona: Nos dicen que es voluntario, pero si no firmas, te lo quitan
El impacto humano de esta política de hechos consumados adquiere rostro en las comarcas afectadas. Antonio Miguel, un olivarero que cultiva varias hectáreas precisamente en el municipio de Lopera, ha participado en el programa Espejo Público para denunciar que se están viendo presionados para ceder el uso de sus tierras a través de contratos de arrendamiento. El conflicto emocional y financiero es total para quienes ven la tierra no como un activo financiero temporal, sino como un patrimonio generacional e identitario.
Antonio ha contado, y lo recoge HuffPost, que lo que le han ofrecido es alquilar sus tierras durante un periodo de 40 años para que allí se instalen placas solares. El agricultor tiene clara su respuesta a esa oferta: «No quiero ni dinero ni alquileres. Sólo deseo seguir con mis olivos, vivir de ellos como he hecho siempre». La resistencia de estos productores choca de frente con la postura de los gobiernos autonómicos, que priorizan los objetivos de potencia instalada sobre la preservación del tejido social rural.
En ese sentido, Antonio Miguel ha señalado que la Junta de Andalucía les ha animado a cerrar «acuerdos amistosos» con las empresas que encabezan los proyectos. Sin embargo, según el olivarero, la realidad es que los agricultores que se niegan a alcanzar esos acuerdos con la compañías corren el riesgo de que sus tierras puedan ser expropiadas. «Nos dicen que es voluntario, pero si no firmas, te lo quitan«, ha asegurado el hombre. Esta encrucijada confirma que bajo el paraguas de la DUP, la voluntariedad de los contratos es una ficción administrativa destinada a maquillar un proceso forzoso de desposesión agraria.
Las expropiaciones forzosas se extienden por toda España
Estas expropiaciones forzosas no son un fenómeno aislado de Jaén o la campiña segoviana; el avance de dichas expropiaciones se extiende ya por toda la geografía española. Como botón de muestra destacan los casos de Ciudad Real y la Alcarria madrileña, territorios donde el sector primario también está siendo arrinconado por el avance de los macroproyectos energéticos.
Puertollano y Almodóvar
La expropiación del suelo rural avanza sin frenos en Ciudad Real de la mano de la empresa multinacional RIC Energy, que ya han activado la maquinaria de la expropiación forzosa para el macroproyecto fotovoltaico Bluesol. La Delegación de Desarrollo Sostenible ha convocado de forma obligatoria a los propietarios de una treintena de fincas en Puertollano y Almodóvar del Campo para proceder al levantamiento de actas previas a la ocupación, despojándolos por la fuerza de sus tierras cultivables.
Esta expropiación se ejecuta gracias a que la Dirección General de Transición Energética concedió a la empresa al declarar las plantas de «utilidad pública».
Macroplantas fotovoltaicas en la Alcarria Madrileña
Por otra parte, la plataforma ciudadana Henares en Verde ha denunciado públicamente que el Gobierno de España prepara expropiaciones forzosas en la Alcarria Madrileña para instalar múltiples macroplantas fotovoltaicas. El colectivo advierte de que el despliegue de más de cuatro millones de placas solares sepultará cientos de hectáreas de alto valor agrícola y natural, provocando una transformación devastadora en uno de los ecosistemas más frágiles de la región.
La plataforma alerta de que este entorno degradado e incompatible con la vida residencial vulnera derechos básicos, destruye la forma de vida de familias enteras y provocará una devaluación drástica del patrimonio inmobiliario y un severo daño psicológico a la población
¿España se convertirá en una enorme pila?
Piense en la provincia de Jaén, en Puertollano o en la Alcarria Madrileña, por ejemplo. Ahora cambie el chip e imagine esas extensiones de terrenos cubierta de un inmenso espejo: placas solares hasta donde alcanza la vista en Segovia.
La amenaza del rodillo eléctrico no es una hipótesis lejana, sino una realidad inminente que la campiña segoviana está a punto de sufrir en su propio territorio, calcando el mismo patrón de desposesión agraria que ya se padece en otras regiones de España. En el ojo del huracán se encuentran las compañías eléctricas, que reactivarán la maquinaria para ejecutar las expropiaciones forzosas sobre las fincas de los agricultores de la comarca en cuanto logre formalizar la Declaración de Utilidad Pública (DUP). Este blindaje administrativo, consumará así la reconversión forzosa de los campos segovianos en un mar de espejos industriales.
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