Orden para retrasar sin motivo las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital

Solicitar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una verdadera carrera de obstáculos entorpecida aún más por la burocracia. Ante el colapso administrativo que suponía la gestión de una nueva prestación, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones decidió subcontratar a Tragsatec, filial de la empresa pública Tragsa, para ayudar a tramitar la avalancha de solicitudes que ya estaban llegando. El valor del contrato asciende a 7,6 millones de euros, destinados a contratar a 500 tramitadores en régimen de teletrabajo durante cuatro meses y proporcionar asistencia telefónica para los solicitantes. Según confirma uno de estos tramitadores, el método de clasificación impuesto por Tragsatec solo dilata el cobro de esta prestación para los pocos que consiguen acceder a ella -apenas 6.000 personas, más 74.000 que la recibieron de oficio-. “Lo grave es que no hacen clasificar expedientes ‘Conformes’ como ‘Requeridos’”, señala la fuente consultada por LA RAZÓN, aunque estos tengan toda la información correcta y entregada a tiempo.

Frente a las ocho o nueve clasificaciones iniciales utilizadas por la Seguridad Social, los tramitadores recibieron órdenes internas de Tragsatec para reducir estas categorías solo a tres: “Iniciado”, “Paralizado” o “Requerido”. “Un expediente en ‘Requerido’ está pendiente de que se envíe una carta de requerimiento de información que se adjuntaba en una base de datos junto a toda la información que teníamos de ese expediente o que habíamos recabado de ese expediente”, explica el extrabajador contratado por Tragsatec. El problema llega cuando “lo que está ‘Conforme’ lo clasificas mal’”, como ‘Requerido’”, denuncia, Esto deja en un “limbo” los expedientes de solicitantes que cumplen todos los requisitos para recibir el IMV y lo esperan con urgencia.

Se podría pensar que este era el plan inicial y fue concebido como un método que aspiraba a ser eficiente. Sin embargo, la fuente entrevistada afirma que este método de clasificación no aparecía en ninguno de los cuatro manuales formativos, “fue una orden interna”. Efectivamente la decisión fue comunicada a los tramitadores por email de la siguiente forma: “Estados que deben aparecer en el Checklist Campo Estado Tragsatec: Iniciado, Requerido (tanto si hacemos la carta de requerimiento como si hemos comprobado que la documentación aportada es la correcta y o falta nada) y Parado. Por favor, nosotras no vamos a poner otros estados”. Ante el perjuicio que esta clasificación ocasionaría a los solicitantes, el entrevistado decidió no hacerlo “por objeción de conciencia” y a los pocos días fue despedido.

El ambiente de trabajo era “vertical, muy autoritario y no había buena comunicación”, explica el extrabajador. Proponer otros métodos de clasificación o consultar dudas eran percibidos como faltas de respeto. Por ejemplo, una de las principales dudas al principio era si elegir la dirección del DNI o de la solicitud. El certificado de empadronamiento era otro foco de confusiones. En algunas provincias se pedía, en otras no, algunos aparecían como empadronados con otras personas, pero en la solicitud decían estar solos. “Nuestra superior nos decía que no le viniéramos con dudas existenciales”, declara. “Todos estábamos muy preocupados y agobiados. Antes de que me echaran tres personas de un equipo de 10 se habían autocesado”, añade.

La actitud altiva no iba respalda por una sólida experiencia. “Fue de vergüenza, los jefes de equipo nos decían que les íbamos a acabar enseñando nosotros”, explica el entrevistado. Su formación consistió en unos vídeos de los jefes de equipo de Tragsatec y un representante de la Seguridad Social donde se daban pequeñas nociones y que no quedaban registrados para poder verlos después. “Los jefes de equipo ni se enteraban ni contaban con formación específica”, apostilla. Para colmo, los manuales que recibieron llegaron a tener hasta cuatro versiones y “no tenían información suficiente”. El material también escaseaba. “Nos mandaron a casa un ordenador y dos pantallas, pero ni bolígrafos, papel o impresora”, añade el extrabajador.

“Nosotros clasificábamos los expedientes, contrastábamos la información con bases de datos no autorizadas a personal funcionario y adjuntábamos capturas de pantalla junto al expediente de esta persona para que a posteriori se pudiera cotejar”, explica el entrevistado en cuanto a las funciones desempeñadas por los tramitadores de Tragsatec.”Nos exigían hacer 10 al día. Al ritmo de un funcionario experimentado se debe tardar 45 minutos por solicitud, pero nosotros llegábamos a tardar hasta hora y media”, confiesa el tramitador. Esto hacía que lo que sobre el papel era una jornada de siete horas y media en realidad duraba 10 u 11 horas. Las horas extra no figuraban por ningún lado y el sueldo bruto mensual superaba por poco el Salario Mínimo Interprofesional (950 euros). Si se hacen las cuentas, a pesar de no recibir apenas formación ni material, el coste total en salarios ronda los 2.000.000 euros durante los cuatro meses de contrato, mientras que Tragsa ha recibido 6,13 millones de euros para contratar tramitadores y 1,47 millones más para ayudar con la asistencia telefónica.

Desde la Secretaría de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras (CC OO) confirman que reciben no una, sino muchas quejas de trabajadores individuales y de la sección sindical de CC OO en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Todos ellos denuncian que la gestión de los expedientes de solicitud de IMV está dejando mucho que desear, por “lenta” y “muy farragosa”, ya que Tragsa no valida las solicitudes sino que solamente las tramita. Es decir, es un mero intermediario que prolonga el proceso gestión. “La gestión del IMV, efectivamente, está siendo muy lenta al ser un proceso laborioso por los requisitos a cumplir y porque, además, se sufre una insuficiencia de medios humanos y materiales. Es evidente que hay que reforzar plantillas. Recuerdo que la Seguridad Social se dio tres meses de margen para resolver las solicitudes, plazo que puede resultar difícil de cumplir sin más medios”, alerta Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CC OO.

Fuentes oficiales de Tragsa argumentan que la nomenclatura utilizada para la clasificación sirve para enviar el expediente a una revisión posterior y control de calidad e insisten en que “baja ningún concepto paraliza o ralentiza el proceso”. Posteriormente, llega a la Seguridad Social y es un funcionario quien lo tramita. La validación es función que siempre queda en “manos de los funcionarios del INSS”, insiste la Seguridad Social. La función de Tragsa según la Seguridad Social es agilizar la gestión.

Sociedades mercantiles inexistentes

En Cádiz, a un matrimonio con cinco hijos que sufre pobreza severa también le ha sido denegado el IMV por ser administradores de una sociedad mercantil que nunca ha existido. Esta familia solo ingresa 1.470 euros cada seis meses por sus hijos y residen en una vivienda de alquiler social. Debido a su delicado situación, el ayuntamiento de su zona les ayudó a solicitar el IMV. Sheila, madre de esta familia, cuenta como varias familias han recibido este mismo mensaje en la noche de ayer, aunque cada uno con su código personal: «Nadie sabe de dónde sale y al llamar a la Seguridad Social solo nos dicen que es lo que consta en la Agencia Tributaria». La Asociación Víctimas del Paro hará una comprobación con la Seguridad Social “ya que a muchos solicitantes les ha llegado este tipo de mensaje. No sabemos si es un error de la Seguridad Social o alguien está enviando spam con extrañas intenciones”, denuncia su presidente, Joaquín García.

Un mes de respiro para Lola gracias a la Cruz Roja

La espera y los errores tienen graves consecuencias para los solicitantes del IMV. Lola Gabarre se quedó en la calle el pasado sábado a la espera de recibir esta prestación que le fue denegada, pese a estar recibiendo ayuda y alojamiento de Servicios Sociales. El motivo es que hace cuatro años se empadronó en un piso compartido en el que no reside y cuyos integrantes sí tienen ingresos. Por el momento, la Cruz Roja se ha ofrecido a pagarle una habitación durante un mes y el 28 de agosto Servicios Sociales le ayudará a reclamar el IMV.

(Imma Bermejo. Diario La Razón)