Las agresiones a funcionarios de prisiones han tenido un crecimiento espectacular del 226% desde el primer año del Gobierno de Pedro Sánchez
El sindicato ACAIP-UGT denuncia «datos maquillados por la administración» ante el aumento de agresiones en las cárceles españolas. La falta de protección efectiva y el incremento de la violencia han convertido la situación en un problema insostenible.
Aumento alarmante de agresiones
Las agresiones a funcionarios de prisiones en España siguen en aumento. Según el diario El Cierre Digital, en 2023 se registraron 508 agresiones, mientras que en 2024 la cifra asciende a 504. Estos datos muestran una tendencia alarmante y ponen de manifiesto la indefensión de los trabajadores penitenciarios ante la violencia dentro de los centros.
Las agresiones a funcionarios de prisiones han tenido un crecimiento espectacular del 226% desde el primer año del Gobierno de Pedro Sánchez y de Fernando Grande-Marlaska en el Ministerio del Interior, al pasar de 223 casos en 2018 a los 504 en 2024.
El sindicato ACAIP-UGT ha emitido un comunicado en el que expone la gravedad del problema, denunciando ataques con objetos cortopunzantes, agresiones con lesiones múltiples y amenazas graves, sin que las sanciones impuestas sean disuasorias. La ausencia de mecanismos de protección efectivos ha generado un clima de inseguridad que repercute negativamente en la integridad física y psicológica de los trabajadores y en el correcto funcionamiento de las prisiones.
Factores que han disparado las agresiones
El aumento de la conflictividad en las prisiones se debe a diversos factores, entre ellos, la delincuencia extranjera, especialmente de origen marroquí, y una clasificación interna ineficiente basada en una política buenista que premia el mal comportamiento. Esto ha generado una convivencia distorsionada en los centros penitenciarios y ha dificultado el trabajo de reinserción.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, según denuncia el sindicato, no tiene en cuenta que hay un porcentaje de presos especialmente conflictivos que requieren un tratamiento individualizado acorde con sus características. Esta falta de diferenciación ha incrementado los problemas de seguridad en las prisiones.
Falta de atención sanitaria en los centros penitenciarios
A este problema se le suma la grave falta de atención sanitaria en las prisiones españolas. Actualmente, los centros penitenciarios cuentan con unas plantillas médicas que apenas superan el 25% de cobertura, lo que significa que más del 70% de las plazas están vacantes.
Además, ACAIP-UGT ha alertado sobre el alto índice de problemas de salud mental en la población reclusa. Se estima que aproximadamente el 30% de los presos toma algún tipo de medicación psiquiátrica. Esta situación hace imprescindible un control médico constante, algo que resulta imposible con el déficit de plantilla actual.
Exigencia de reconocimiento como agentes de la autoridad
Desde ACAIP-UGT, insisten en la necesidad de que los trabajadores penitenciarios sean considerados agentes de la autoridad. Esto garantizaría una mayor seguridad jurídica para sus actuaciones y evitaría decisiones judiciales dispares cuando se produce una agresión a un funcionario.
El reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad no es solo una cuestión de derechos laborales, sino una medida imprescindible para garantizar la seguridad en los centros penitenciarios y, por extensión, en toda la sociedad.
Protocolo de prevención de agresiones
ACAIP-UGT también reclama la implementación de un protocolo de prevención de agresiones que refleje la realidad dentro de las prisiones. El sindicato denuncia que las cifras actuales están maquilladas por la administración, ya que no contabilizan muchas situaciones igualmente violentas como amenazas, acoso sexual o intentos de agresión repelidos por los trabajadores.
En definitiva, la crisis en el sistema penitenciario español es evidente. La falta de medidas efectivas para proteger a los funcionarios, el incremento de la delincuencia extranjera, en especial la marroquí, sumada a la ineficiencia en la clasificación de internos y la grave escasez de personal sanitario, ha creado un cóctel explosivo que pone en riesgo tanto a los trabajadores como a la propia seguridad de los centros. Urge que el Gobierno tome medidas inmediatas y reconozca a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, para garantizar su seguridad y la estabilidad en los centros penitenciarios.
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