Según Automovilistas Europeos Asociados, no cumple este requisito ninguno de los «casi dos millones de expedientes sancionadores, por valor de más de 370 millones de euros»
Casi dos millones de multas cuestionadas
El presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, ha sido claro al respecto:
«No cumple ese requisito ninguno de los 1.997.414 expedientes sancionadores incoados por este motivo por el Ayuntamiento madrileño desde septiembre de 2021 hasta julio de 2024, por valor de más de 370 millones de euros».
Esto supone que todas estas sanciones podrían ser anuladas y los conductores tendrían derecho a la devolución de los importes abonados. Desde AEA, han animado a recurrir estas multas ante la evidente vulneración de derechos fundamentales como la presunción de inocencia.
El caso que ha motivado esta sentencia se refiere a una denuncia formulada a través de una cámara ubicada en el PK. 24,700 de la M-30. Según la sentencia, firmada por la magistrada-juez Loreto Feltrer Rambaud, la fotografía aportada por el Ayuntamiento como única prueba de cargo no incluye ninguna señal que acredite la prohibición de acceso. En consecuencia, se anuló una multa de 200 euros impuesta a un conductor madrileño. La sentencia es firme y supone un importante precedente judicial.
La presunción de inocencia, vulnerada
El fallo subraya que «el Consistorio madrileño, para desvirtuar la presunción de inocencia del automovilista, aportó un boletín de denuncia acompañado de una fotografía en la que efectivamente se observan varios vehículos circulando por una carretera, siendo ésta la única prueba de cargo que se incluye en el expediente y no consta señal de limitación alguna”. En palabras del presidente de AEA, esta resolución judicial constituye «un nuevo e importante precedente judicial, que mediante un fundamentado razonamiento jurídico recuerda, con base a una reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, que el derecho a la presunción de inocencia comporta que la sanción esté basada en actos o medios probatorios de cargo».
Además, Mario Arnaldo ha destacado que esta sentencia «pone nuevamente en evidencia la falta de rigor del Ayuntamiento de Madrid para aprobar unas ZBE que afectan a miles de ciudadanos y que no han tenido en cuenta a los más vulnerables».
El traidor electoral Almeida: de prometer cambios a perpetuar un sistema injusto
José Luis Martínez-Almeida, del PP, llegó a la alcaldía de Madrid en 2019 con una propuesta estrella para sus votantes: eliminar el «Madrid Central» de Manuela Carmena. Sin embargo, una vez en el cargo, no solo incumplió esta promesa, sino que amplió aún más las zonas y las restricciones. Esta política no solo ha generado descontento masivo entre quienes confiaron en él, sino que ahora enfrenta graves problemas legales. Este nuevo golpe judicial refuerza la percepción de que el Ayuntamiento actúa sin rigor, despreciando los derechos fundamentales de los ciudadanos, y con un solo objetivo: el afán recaudatorio.
Además, el recurso del Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo para intentar defender estas multas parece destinado al fracaso, dado el sólido fundamento jurídico de las sentencias en contra. «Las multas impuestas en las Zonas de Bajas Emisiones de Madrid pueden seguir siendo anuladas por la Justicia a pesar del recurso del Ayuntamiento», informa Economist & Jurist, reflejando la debilidad de la posición del Consistorio.
Un alcalde que no está a la altura
La gestión de José Luis Martínez-Almeida queda en entredicho una vez más. Si las promesas electorales incumplidas ya habían debilitado su imagen, ahora se suma el desprestigio de una política de multas que ha sido descalificada por los tribunales. Es evidente que Madrid necesita un alcalde que respete la legalidad, cumpla con sus compromisos y gobierne para los ciudadanos, no contra ellos.
La ampliación de las ZBE y la obstinación del Ayuntamiento en mantener multas sin base probatoria demuestran una falta de respeto hacia los automovilistas y un desprecio por las sentencias judiciales. ¿Cuánto más deberá soportar Madrid antes de que Almeida asuma su responsabilidad política y dimita? Es cuestión de dignidad.
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