¿Nos protege la Constitución Española del desafío secesionista? | Eusebio Alonso

Tal como anticipaba en mi artículo https://adelanteespana.com/la-gobernabilidad-de-espana-a-subasta-eusebio-alonso, la situación resultante de las elecciones del 23J presenta un horizonte inquietante para la próxima legislatura.

Los partidos minoritarios de ámbito regional, mayoritariamente enemigos declarados de la unidad nacional, y que representan tan solo alrededor del 7% de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones, tienen en su mano la decisión de quien será investido como presidente del próximo gobierno y a cambio de qué contrapartida. Esto es sólo posible por el enfrentamiento guerra-civilista que después de 85 años de la finalización de la guerra, todavía proporciona gran rentabilidad electoral a los partidos de la izquierda, circunstancia que hace “inconveniente” que el PSOE firme un gobierno de coalición PP-PSOE para los próximos 4 años con el que se eludiría el chantaje separatista.

Siempre sería posible la opción de celebrar nuevas elecciones para ver si el electorado resuelve esta situación de debilidad institucional. Sin embargo, dudo mucho que éstas se celebren por tres razones que expongo a continuación:

• En la pasada legislatura, el PSOE fue capaz de formar una coalición de gobierno de izquierdas que aglutinaba comunistas, secesionistas y filo-terroristas. Todo a cambio de excesos y cesiones en detrimento de la igualdad de los ciudadanos de las regiones no representadas por esos partidos minoritarios. Ahora tiene el reto de conseguir también los apoyos de partidos secesionistas de derechas. No me cabe duda que lo conseguirá, porque aquí, por encima de defender ideologías, lo que le interesa a Sánchez es retener el poder a cambio de repartir prebendas y hacer cesiones de la soberanía nacional que satisfagan a esas minorías regionales, mediante los Presupuestos Generales del Estado y futuras reformas de los Estatutos de Autonomía.
• Los partidos minoritarios de ámbito regional, antes mencionados, saben que la ausencia de mayorías formadas por partidos constitucionalistas les da una ocasión de oro que no pueden desaprovechar, conociendo la predisposición de Sánchez a ceder y su falta de escrúpulos para mantener su estancia en la Moncloa.
• La hipotética celebración de nuevas elecciones no descartaría la aparición de una situación de «impasse» semejante a la actual.

En consecuencia, y sin ánimo de ser reiterativo, tengo que decir que el guion previsible está bastante claro. Primero, fracasaría, con probabilidad cercana a la certeza, la investidura de Feijoo, ya que no será suficiente la hipotética abstención estética de alguno de los partidos de derechas separatistas como el PNV o JxCat en la segunda votación de investidura que tan solo requiere una mayoría simple. Acto seguido se presentaría Sánchez como candidato alternativo. Candidato al que presionarán los partidos minoritarios de ámbito regional de todo el espectro político, derechas e izquierdas, para poder sacar el máximo rédito en la negociación previa a su investidura. Previsiblemente será elegido presidente en la segunda votación, lo que proporcionaría un margen suficiente para poder ablandar cualquier hipotética reticencia de Sánchez, por leve que fuera ésta, y optimizar las exigencias de los partidos secesionistas.

Con absoluta seguridad, los acuerdos para la investidura de Sánchez no se harán públicos en ningún momento y, aquellos que no sea posible ocultar, los conoceremos con cuentagotas a lo largo de la legislatura. Para qué engañarnos… se trata de un “déjà vu”. Sin embargo, no creo que en esta ocasión algunos partidos secesionistas se conformen ya con la asignación de más dinero de los Presupuestos Generales o más cesiones de competencias autonómicas. El actual gobierno de Cataluña de JxCat ya ha anunciado que cualquier acuerdo de investidura y de gobernabilidad que desee contar con su apoyo, pasa por una ley de amnistía y un camino despejado para la autodeterminación. Estoy hablando de declaraciones oficiales que están en la hemeroteca. Lo digo para que después no me tachen de alarmista por mencionarlo.

Urkullu ya ha llamado a la sociedad española a reinterpretar la Constitución en beneficio de sus intereses. Sin duda, tarea mucho más fácil, que podría concretarse finalmente en un simple dictamen de un Tribunal Constitucional controlado por el PSOE, que la de modificar formalmente la Constitución para acomodarla a los intereses de Urkullu. La hipotética modificación de la Constitución requeriría, según establecen los artículos 167 y 168 de ésta, la aprobación de la reforma por 3/5 de las Cámaras y la posterior convocatoria de un referéndum, si al menos el 10% de los diputados o senadores lo solicitasen. ¿Habrá actualmente al menos 35 diputados en el Congreso que estén dispuestos a exigir la realización de un referéndum llegado el caso? Tal como está el patio, tengo mis dudas.

Hacer una España Federal es el sueño de Zapatero. Si bien, esto sí que requeriría una modificación formal de la Constitución. Un federalismo asimétrico ¡cómo no! para poder salvaguardar, e incluso acrecentar, las prebendas que actualmente tienen algunas regiones autonómicas que se convertirían en Estados Federales de primera. Supongo que habría que aclarar, antes de votar a favor de un sistema federal en un posible referéndum … ¿Quién pagaría las pensiones de jubilación de los ciudadanos de cada Estado Federal? ¿Si se haría balance compensatorio de las inversiones realizadas por España en cada uno de los Estados Federales para obtener un reembolso? ¿Quién costearía los gastos de Defensa y Seguridad a partir de ese momento? ¿Cómo perjudicaría este cambio a la calidad de vida presente y futura de todos nosotros? etc…, etc…

Una posible ley de amnistía para los inculpados por el delito de sedición supondría una desacreditación flagrante del Estado de Derecho, ya que ni tan siquiera se conseguiría disimular su justificación como medida de gracia con el compromiso, por parte de los amnistiados, de no volver a cometer el mismo delito en el futuro. Aun así, la elaboración de una ley de amnistía resulta muy previsible dadas las exigencias manifestadas por los partidos separatistas catalanes. Recordemos que Sánchez ya cedió en conceder el indulto y en reducir las penas por malversación a los condenados por el «procés» a cambio de apoyo en la pasada legislatura. Me sorprendería que en esta ocasión el inquilino de la Moncloa tuviese un ataque de decencia que se lo impidiese.

La autodeterminación pasaría, previsiblemente, por la aceptación de un referéndum de autodeterminación que le diera una justificación estética. ¿Qué hay de malo en hacer ese referéndum? Pues que, para que tuviese alguna posibilidad de resultar favorable a los intereses separatistas, éste no podría extenderse a toda la población española, sino tan solo a los electores de la región autonómica afectada, contraviniendo así el artículo 92.1 de la Constitución que reza: “Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”. Si, aun así, el resultado del hipotético referéndum fuese favorable a los separatistas, resultaría obligado modificar la Constitución para eliminar, al menos, el artículo 2 que indica que “la Constitución se fundamenta en la unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles”. Tendría triste gracia que ni siquiera cuidasen estos detalles «estéticos». Tal vez valdría con un discreto ajuste del texto como, por ejemplo: «… patria común menguante y divisible de todos los españoles». Les ruego tengan la amabilidad de perdonar esta ironía fruto de la indignación.

Que nadie piense que la autodeterminación, como cualquier rotura de una unidad previa, es un juego de suma cero, en donde lo que pierden unos lo ganan otros. Es muy probable que tras un proceso de ruptura todos pierdan. Para muestra lo que ocurrió en el Reino Unido tras el Brexit con el que se separó de la UE: todos, incluidos los ingleses, perdimos. En fin, lo que acabo de decir no es del todo cierto: los políticos siempre ganan en estas circunstancias a costa de todos los demás.

¿Qué papel tiene el rey en una hipotética crisis secesionista? Según el artículo 56 de la Constitución Española, el rey simboliza y representa la unidad de España. Esto es, diría yo, la principal responsabilidad de la Monarquía más allá de otras responsabilidades meramente decorativas, protocolarias o de menor enjundia que la Constitución le otorga. Aunque pudiera resultar anacrónico, tal vez alguien quiera recordar que Franco, en su lecho de muerte, logró arrancar, muy posiblemente mediante juramento, el compromiso formal de su sucesor, Juan Carlos, de defender la unidad de España por encima de todo. Compromiso que se hace extensivo, gracias a la Constitución, a todos sus sucesores en el trono.

Por otra parte, el artículo 62 otorga al rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas a las que el artículo 8 de nuestra Constitución les asigna la misión de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

El desafío secesionista, con la más que previsible complicidad de los partidos de izquierda, que, aunque no lo crean, también juran, o prometen, la Constitución cuando acceden a sus cargos públicos, no solo amenaza a la unidad de España, sino también a la continuidad de la Monarquía que se vería vaciada del papel fundamental que le asigna la Constitución, que es el de mantener la unidad de la Nación Española. Difícil papeleta la que se le presenta a nuestro actual rey, aunque nadie le aseguró cuando accedió al cargo que las cosas resultasen fáciles, conociendo la ganadería política que le ha tocado en suerte al sufrido pueblo español. Según yo lo veo, resulta claro que, si nuestro rey optase por hacer el papel de don Tancredo ante el proceso de desintegración de la Nación, más pronto que tarde esa decisión le acabaría pasando factura a la continuidad de la institución que representa. Sin duda, se trata de una gran prueba para demostrar si es merecedor de la dignidad y la responsabilidad que el destino le ha conferido.

La Constitución es la ley que establece el marco de convivencia entre todos los españoles y a la que se deben supeditar todas las demás leyes. La vigente Constitución fue aprobada mediante participación directa del pueblo soberano en referéndum el día 6 de diciembre de 1978, con el 87,87% de los votos escrutados a favor. De lo expuesto hasta aquí, parece que la Constitución del 78 identifica los responsables, los medios y hasta la «guarda de honor» que supone el juramento de lealtad que tiene que realizar cualquier cargo público, para que, respetando la Constitución, la unidad de España esté protegida. Lamentablemente, la realidad es que el hecho de que el Tribunal Constitucional esté profundamente politizado y no pueda actuar de oficio; que la oposición actúe de forma medrosa y acomplejada, cuando no cómplice; así como que el juramento de lealtad a la Constitución no deje de ser un trámite vacuo que malamente puede comprometer el honor de la gente que carece de él… La realidad es que está por demostrar que los garantes de la Constitución sean capaces de asegurar la unidad de España cuando, hasta ahora, han hecho poco o nada para respetar y hacer respetar la Constitución ante las múltiples violaciones que ha sufrido y todavía sigue sufriendo.

Eusebio Alonso | Licenciado en ciencias físicas. Subdirector del diario online  Adelante España.