Mucho más que una cesión de competencias: es la declaración de facto de una Cataluña independiente

Esta cesión permite que un gobierno regional asuma prerrogativas que, hasta ahora, eran exclusivas del Estado según el artículo 149 de la Constitución. El acuerdo establece que los Mossos d’Esquadra asuman la gestión de la seguridad en puertos, aeropuertos y fronteras. Además, la Generalidad podrá decidir sobre la entrada y estancia de ciudadanos extranjeros, gestionar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y ejecutar las expulsiones de inmigrantes en situación irregular, expedir el Número de Identidad de Extranjero (NIE) y determinar los contingentes de trabajadores extranjeros, entre otras funciones. Estas atribuciones, propias de un Estado soberano, otorgan a Cataluña un estatus diferenciado que rompe el principio de igualdad entre las comunidades autónomas y sienta un peligroso precedente para la integridad territorial de España.

Estos poderes permiten, además, que la Generalidad de Cataluña controle los flujos migratorios según criterios propios, desvinculados de la política nacional. En este contexto, un aspecto preocupante de la ley orgánica presentada por PSOE y Junts es la equiparación que realiza entre los inmigrantes extranjeros y los ciudadanos españoles de otras provincias que residen en Cataluña. El texto presentado por el Gobierno socialista no diferencia entre un español de Madrid o Málaga y un inmigrante de Nigeria o Australia. Esta concepción refuerza la narrativa independentista.

La magnitud de lo acordado es tal que Carles Puigdemont, prófugo separatista de la justicia, ha calificado esta cesión como un avance hacia la consolidación de la «nación catalana». En este sentido, ha anunciado que el catalán será un requisito obligatorio para la concesión de permisos de extranjería, medida que refuerza el modelo independentista de selección migratoria.

El artículo 149 de nuestra Constitución establece que las competencias en materia de inmigración son exclusivas del Estado. Sin embargo, el Ejecutivo socialista, en su afán por mantenerse en el poder, ha decidido ignorar este precepto fundamental, entregando al separatismo catalán una parte esencial de la soberanía nacional

Esta concesión no solo socava la unidad de España, sino que también erosiona la capacidad del Estado para controlar sus propias fronteras y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.

Este pacto es el resultado de una estrategia política de concesiones de Pedro Sánchez a cambio del apoyo de Puigdemont para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Nos encontramos, por tanto, ante un intercambio de favores políticos a costa de la unidad de España y un nuevo paso hacia la fragmentación del Estado. Mientras el Gobierno de Sánchez siga cediendo al chantaje independentista, la soberanía nacional y el Estado de Derecho seguirán en peligro.