«Ley de Inseguridad Ciudadana» o «ley de odio a la Policía». «Se trata de una reforma ideológica, no práctica», apuntan desde Jupol y Jucil, el sindicato y la asociación mayoritarios en la Policía Nacional y la Guardia Civil.
«De salir adelante será un éxito de los antisistema». Así de contundentes se expresan policías nacionales y guardias civiles contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida comúnmente como ley mordaza, que propone el Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez.

Manifestación a las 12.00 en la Plaza Neptuno

La plataforma Jusapol ha convocado para este sábado una multitudinaria manifestación, en la que esperan reunir a más de decenas de miles de personas por las calles del centro de Madrid.

Los convocantes han especificado a la Delegación del Gobierno que, según sus estimaciones, acudirán más de 50.000 personas.

«La ley del odio a la policía»

Consideran que se ha realizado desde un punto de vista «ideológico» y sectario y que no está avalada la modificación por los informes técnicos. «Es la ley de inseguridad ciudadana o la ley de odio a la policía», alertan. Con ella -afirman los convocantes- se pondrá en entredicho la presunción de veracidad de los agentes de la autoridad, situándola «a la misma altura que la de los delincuentes».

Jusapol cree que esta iniciativa va en «dirección contraria» a las necesidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto policías como guardias civiles, que son los garantes de la «seguridad» en nuestras calles. Entre los puntos más lesivos de la misma se encuentra que no contarán con el «material antidisturbios adecuado» por lo que será «inviable el control de un grupo de violentos».

Los agentes denuncian que nadie ha tenido en cuenta su opinión para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, «tampoco está avalada por informes técnicos, está hecha a medida de los socios independentistas del Gobierno de Sánchez a cambio de sillones y cuotas de poder» e insisten en que va en dirección contraria a las necesidades de los policías y, por tanto, de la seguridad de todos los ciudadanos.

«Es un ataque a la Constitución»

La reforma también prevé «obstaculizar los registros corporales a los sospechosos» por parte de los agentes y la «reducción sistemática de las multas por ingresos», algo que choca con el artículo 14 de la Constitución. Asimismo se podría eliminar la infracción por «resistencia pasiva» y se prohibirá en política de inmigración ilegal las «devoluciones en caliente y rechazos en frontera», aseguran los agentes.

Los convocantes critican que esta modificación está «hecha a la medida» de los socios comunistas del Gobierno, que «cede a cambio de sillones y cuotas de poder en detrimento de los españoles y nuestro estado de derecho». «De salir adelante es un éxito de los antisistema y un ataque en la línea de flotación de nuestra Constitución y de la soberanía del pueblo español», remarcan. Por quién van en realidad es a por la libertad de los ciudadanos. Esta ley nos afectada a todos», concluyen.

Policías y guardias, ante nuevos desafíos

Con este nuevo marco legal los agentes no se podrán enfrentar, a su juicio, a retos como: la delincuencia de alta intensidad, mafias internacionales que actúan en nuestro territorio, bandas juveniles muy violentas o la delincuencia que aprovecha la tecnología para desafiar a la autoridad y vulnerar las leyes.

Entre los puntos más polémicos de la modificación se encuentra que los agentes tendrán que devolver o facilitar su retorno al mismo lugar a las personas identificadas. Además, la carencia del trámite previo de comunicación de protestas, aun pudiendo considerarse infracción leve, no será motivo para impedir el ejercicio de las libertades de reunión y manifestación. Para los agentes esta medida es un nuevo ataque al principio de autoridad ya que limita la capacidad de los cuerpos policiales en el mantenimiento y restablecimiento, en su caso, del orden público y la seguridad ciudadana.

(Con información de Voz Populi)