Exigen la inmediata salida de Junts per Catalunya del gobierno de la Generalidad en represalia por el cese de la presidenta del Parlament.
El cese de Laura Borràs como presidenta del parlamento catalán tras la apertura de juicio oral por prevaricación y falsedad documental ha puesto en pie de guerra a las juventudes del partido separatista de Junts per Catalunya y que preside ella misma.
Por una parte, la dirección de JxCat no está por la labor de romper el acuerdo de gobierno. El peso en el partido de los consejeros en el Govern es determinante. Jaume Giró, titular de Economía, y Jordi Puigneró, vicepresidente, creen que la «traición» de ERC y la CUP a Borràs no es causa suficiente como para abandonar el ejecutivo catalán.
Sector Laura Borrás
Pero por otra parte, Joves Junts (Jóvenes Juntos), el sector juvenil de Junts per Catalunya (JxCat), considera que ERC ha traicionado a los compromisos firmados con su partido al principio de la legislatura y le responsabilizan de la caída de Borràs en lo que es una nueva batalla en la guerra que caracteriza las relaciones de ambos partidos.
El sector juvenil es declaradamente «sector Laura Borrás» hasta el punto de elevar el tono de las críticas a insultos como «traidor», a definiciones como «enemigo del pueblo» y la consigna general de «señalar» a los dirigentes de ERC. Es el mismo lenguaje que se empleaba contra los «unionistas» (mote despectivo contra los partidos constitucionalistas y el PSC) volcado ahora sobre Oriol Junqueras y Pere Aragonès, así como contra el cupero Carles Riera, por la decisión en la mesa del parlamento de cesar a Borràs.
Abandonar el Gobierno
Y de la manera más pública posible, en las redes sociales, donde las juventudes de JxCat promueven una campaña para abandonar el Govern y juntas locales del partido exigen que se consulte a la militancia (entre tres mil y cinco mil personas) sobre la continuidad del ejecutivo de coalición.
A la caída de Borràs a manos de ERC, la CUP y el PSC se añade la oposición frontal de JxCat a la llamada mesa de diálogo y negociación entre el Gobierno y la Generalidad. Consideran que no se debería dar ni un paso hasta que el Ejecutivo de Sánchez resuelva la situación procesal del prófugo Puigdemont.