La presión no cesa sobre el Tribunal de Cuentas por las fianzas a los dirigentes separatistas acusados de malversación a través de la red exterior de Cataluña. La nueva ofensiva llega en forma de una proposición de ley, que será debatida próximamente en el Congreso tras ser admitida a trámite por la Mesa de la Cámara. Se trata de una iniciativa registrada por el PDeCAT, en la que se insta a modificar el sistema de elección de los consejeros del organismo fiscalizador, pasando de la mayoría de tres quintos a otra absoluta en segunda votación. Una reforma con idéntico fin que la que, meses atrás, presentó el propio Gobierno de Pedro Sánchez, en relación con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que fue censurada por Bruselas.
Con este sistema de renovación, el Tribunal de Cuentas caería sujeto de la politización al prescindir de los amplios consensos ahora establecidos. El Ejecutivo socialcomunista no ha cesado en su presión al Partido Popular para que se avenga a negociar la renovación, que Pablo Casado condiciona a que se asegure la máxima independencia.
Un total de 5,4 millones
Los separatistas ya vienen reclamando al Gobierno una «solución» después de que el Tribunal de Cuentas reclamase a 34 acusados, la mayoría dirigentes políticos del procés, la cantidad de 5,4 millones de euros por malversación para la promoción del proceso independentista en el extranjero, a través del llamado Diplocat y las embajadas. La Generalitat avalará directamente estas fianzas, tras crear un fondo dotado con 10 millones de euros procedentes de distintas consejerías. Un mecanismo de muy dudosa legalidad, pero ante el que el Ejecutivo todavía no ha actuado.
La iniciativa presentada en el Congreso, con la firma del portavoz del grupo del PDeCAT, Ferran Bel, censura que el sistema de renovación exige actualmente «forjar amplios consensos entre las diferentes fuerzas parlamentarias», al requerir una mayoría de tres quintos, «cifra inalcanzable en el contexto político actual». El partido arremete con dureza contra el PP y defiende que rebajar las mayorías permitiría que el ente fuese «una verdadera expresión del pluralismo existente en el seno de la sociedad».
También Podemos
Podemos, partido socio de Pedro Sánchez, también presiona en el mismo sentido. La formación morada, impulsora con el PSOE de la reforma del Consejo General del Poder Judicial ha recordado a Sánchez que es necesario acometer cuanto antes la renovación, tanto del CGPJ como del Tribunal de Cuentas. Una renovación con la que pretenden preservar sus intereses políticos y satisfacer así al independentismo.
El asunto genera un amplio malestar en la coalición. De hecho, Podemos ha respondido este jueves a las intenciones de Sánchez de no forzar la renovación del Poder Judicial reduciendo las mayorías necesarias, tal como aseguró este miércoles en una conversación informal con periodistas durante su gira económica en Estados Unidos.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha afirmado que se mantendrá una reunión en el seno del Gobierno de coalición sobre la situación del Poder Judicial. Una advertencia que también traslada sobre la situación del Tribunal de Cuentas. Recientemente, la diputada de Podemos Aina Vidal consideró que la renovación del CGPJ es una «urgencia democrática» y se mostró partidaria de buscar «mecanismos alternativos».
(Luz Sela. OK Diario)
