Segura ha apuntado que el decreto que solicitan debería dejar un “mínimo margen de flexibilidad” para la realidad sociolingüística de los centros.
La portavoz ha admitido que dicha petición va en contra de lo que dispone la normativa sobre autonomía de centros, una reglamentación que les desagrada porque hace que la responsabilidad ante ciertos problemas “recaiga” sobre las direcciones.
Ha criticado que la sentencia del 25% ha “incrementado la presión y la sensación de miedo e inseguridad” en los centros, especialmente los que se planteen no acatarla.
Los sindicatos Ustec·Stes e Intersindical·CSC ya pidieron la pasada semana a la Generalitat que “no aplique” la sentencia del Tribunal Superior de Justicia sobre el 25% de español en las aulas, declarada firme, y que refuerce el modelo lingüístico.
Por ello, ante lo que consideran una “injerencia judicial” en la educación catalana, ha pedido al Govern que no ceda a presiones y no ejecute la sentencia y aplique la normativa catalana por la que la lengua vehicular de la educación es el catalán.
(Con información de La Razón)
