José Manuel era un ex-Guardia Civil de poco más de 50 años que había saltado al mundo de la empresa años atrás. Amaba su trabajo, su vida y desde luego a su Patria. Nadie decide formar parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado si no tiene un elevado sentimiento de responsabilidad hacia sus compatriotas y el bien común. Un bonito uniforme y desde luego un honorable empleo, aunque quizás en otros tiempos hubiera estado más valorado que en la actualidad. Los tiempos cambian, y las prioridades parece que también.

Nunca hubiera imaginado, que el mismo Estado al cual había dado los mejores años de su vida, le daría la espalda tan pronto dejara de serle útil. Un buen día, después de meses y meses de malestar, 22 días en la UCI, complicaciones tanto pulmonares como renales, visitas al médico, diagnósticos contradictorios y largas esperas a un pronunciamiento por parte de la Seguridad Social que parecía no llegar, se emitió la resolución esperada. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le reconocía (con tan solo 3 meses de retraso tras el diagnóstico definitivo) la incapacidad permanente, en grado de absoluta para todo trabajo, debido a su nueva y extraña enfermedad: El síndrome de Goodpasture, un trastorno autoinmunitario que produce una lesión renal y una hemorragia alveolar difusa (síndrome pulmón-riñón) que le obliga a constantes hemodiálisis para poder seguir adelante. ¿La pensión? 786,90€. Eso es lo que vale una vida volcada por el servicio público. Ni más, ni menos (por ahora, al menos).

Cuando conocí a José Manuel, y me reenvió toda la documentación de su caso, tuve que investigar al respecto sobre otras pensiones de personas en situaciones similares para poder creerlo, y siento comunicar que no solo se trata de una situación totalmente generalizada, sino que los pronósticos para los próximos años resultan mucho más preocupantes. No podía imaginar una forma más vergonzosa de infravalorar el esfuerzo de los trabajadores que levantan este país, hasta que me dijo “no no, pero esto no es lo que te venía a contar”. Aun había más… mucho más…

La Comunidad de Madrid, tardaría aun 4 meses más en terminar por concretar el grado de discapacidad del 66%, después de que su Equipo de Valoración y Orientación analizara el caso en profundidad, realizando un reconocimiento a José Manuel y estudiando todo su historial médico.  Aunque con retraso, y desde luego nulo reconocimiento a este ex-Guardia Civil, parecía que el procedimiento funcionaba, y José Manuel podría tener algo de tranquilidad en su larga enfermedad, aunque tuviera que llegar a fin de mes más bien justito. No sabía aún lo que el futuro le tenía preparado…

Noviembre de 2020, la pandemia atrasa todos los procedimientos administrativos pero precisamente la revisión de una pensión por incapacidad es adelantada más de medio año. Llega la primera notificación a casa. El Director Provincial de Madrid (del INSS) le informa de que procede a iniciar el expediente de revisión de incapacidad. Nunca dejará de sorprenderme la tranquilidad con la que se tramita la declaración de estas situaciones y la rapidez con la que se revisan.

José Manuel estaba molesto, pero tranquilo. Iba al médico con frecuencia, seguía adelante con sus 5 sesiones semanales de hemodiálisis (3 horas la sesión) y conocía a la perfección el transcurso habitual de su enfermedad. No había sufrido ningún cambio en la sintomatología habitual que no fuera previsible, así que no debería haber cambios que justificaran una revisión de la incapacidad… o quizás si…

Dos días antes de Nochebuena llega la noticia. El Equipo de Valoración de Incapacidad de la Dirección Provincial del INSS decide que no procede la calificación como incapacidad permanente, aun persistiendo la enfermedad crónica en un estadio avanzado y con necesidad de hemodiálisis. Alegan una presunta mejoría en las lesiones. Desde luego a José Manuel no le consta dichas mejorías ya que él sigue del todo impedido y con constantes complicaciones, pero aun así decide acudir al médico, por si un milagro estuviera apunto de cambiarle la vida.

26 de enero de 2021. El médico que le atiende en el Gregorio Marañón no cabe en su asombro. No ha habido ninguna mejoría, y de hecho aun intenta averiguar cómo controlar las últimas hemorragias de su paciente. La situación sigue siendo preocupante, José Manuel requiere las mismas atenciones que hace 5 años, con las complicaciones propias del transcurso de los años. Comienza la cuenta atrás para rebatir la injustificada decisión del INSS y defender unos derechos que se ha ganado durante años con el sudor de su frente.

La búsqueda de un abogado de confianza y la presentación de la reclamación previa, no son más que el primer paso. La vía administrativa tiene claro que será una pérdida de tiempo, como cualquier intento de hacer entrar en razón a la Administración. El camino judicial es inevitable. Se avecina un largo contencioso-administrativo frente a una organismo público que no dudará en hacer lo que sea posible por ahorrarse 800 vergonzosos euros al mes. Pero la verdad es la que es y saldrá a la luz, cueste lo que cueste. Si José Manuel tiene que ir a hacerse su hemodiálisis a la puerta del Juzgado lo hará. Piensa seguir adelante hasta las últimas consecuencias.

Ésta es la Administración que nos ha tocado mantener con nuestros impuestos, pero no le quepa la menor duda que no vamos a seguir callados frente a sus constantes abusos.

Alejandra Soto Moreno | Abogada

Por Redaccion

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