Rufián aseguró tras la intervención que la responsable de los servicios secretos había admitido el espionaje bajo autorización judicial a una parte de los más de 60 dirigentes independentistas que, aseguran los separatistas, fueron espiados. Además, según Rufián, Esteban habría explicado que las intrusiones en los teléfonos móviles del resto de supuestos espiados a los que no pinchó el CNI podían deberse a una potencia extranjera o bien a «organismos descontrolados» del Estado. Los miembros de la Comisión de Secretos Oficiales deben guardar reserva en todo momento de lo que allí se cuenta. Dichas afirmaciones pueden ser constitutivas de un delito de revelación de secretos, recogido en el artículo 598 del Código Penal, que contempla penas de prisión.
Hay que recordar que la sesión se hizo «a puerta cerrada» y con el «deber de sus señorías de no divulgar las informaciones obtenidas durante su transcurso».
En sus anotaciones, que serán debatidas este martes en la Mesa del Congreso, los letrados recuerdan que el artículo 16 del Reglamento establece que «los Diputados están obligados a adecuar su conducta al Reglamento y a respetar el orden, la cortesía y la disciplina parlamentarias, así como a no divulgar las actuaciones que, según lo dispuesto en aquél, puedan tener excepcionalmente el carácter de secretas». El artículo 99, por su parte, determina que los parlamentarios podrán ser sancionados en varios supuestos, entre ellos, «cuando quebrantare el deber de secreto».
En ese caso, los letrados recuerdan que «la Mesa del Congreso, en atención a la gravedad de la conducta o al daño causado por afectar a la seguridad del Estado, podrá directamente proponer al Pleno la adopción de las medidas» previstas en la norma, y que pasarían, en ese caso, por «la suspensión de la condición de parlamentario».
Rufián accedió a la Comisión de Secretos Oficiales después de que el Gobierno promoviese un cambio en el Reglamento de ese órgano para permitir la designación de sus miembros por una mayoría absoluta, y no de tres quintos, como hasta entonces se exigía. Gracias a esa modificación, también Bildu tiene acceso a la información sensible del Estado.
(con información de OK Diario)
