Los inspectores de educación están en contra de la enmienda transaccional a la Ley Celaá aprobada este jueves por la que se elimina el examen de oposición a este cuerpo de funcionarios y se sustituye por una simple «valoración» de «su capacidad de liderazgo». El sindicato USIE considera que esta medida «es un coladero para el enchufismo a la carta» y provocará que la escuela esté «condicionada por presiones políticas».
Los 1.600 inspectores educativos que hay en España son funcionarios públicos que se encargan de supervisar que todo se desarrolle correctamente en los colegios y vigilan que se cumplan las leyes.
Son nombrados por las autonomías tras pasar por una fase de oposición en donde hay un examen que valora sus conocimientos sobre legislación, funcionamiento de la administración y pedagogía. Además, hay otra fase de concurso donde se analiza la trayectoria profesional de los candidatos y sus méritos docentes o como directivos, y también se tiene en cuenta positivamente su pertenencia al cuerpo de catedráticos.
La ministra Isabel Celaá tiene, desde hace tiempo, ojeriza a la Inspección. Estos profesionales son independientes y han cuestionado varias de las medidas tomadas por el Gobierno, como dar los títulos de ESO y Bachillerato sin límite de suspensos. De la Alta Inspección del Estado, que depende del Ministerio, surgió el informe sobre el adoctrinamiento en los libros de texto de Cataluña, que Celaá escondió. Y desde entonces tiene a estos profesionales en el punto de mira.
Este jueves, en la última sesión de la ponencia de la Lomloe, salió adelante una enmienda que sustituye el examen para acceder al cuerpo por una mera evaluación de las competencias de los candidatos. Se mantiene el concurso de méritos, pero se elimina la prueba, que existe desde los años 90 y permite dar objetividad al proceso de selección.
Los inspectores se temen que esta modificación consolide lo que ha ocurrido en los últimos años en regiones como en Cataluña, donde la Generalitat no ha convocado oposiciones con la excusa de la crisis económica y ha designado a los llamados «inspectores accidentales», nombrados a dedo por la Administración y muchas veces «de la cuerda» ideológica del Govern. Estas personas son sometidas a «presiones» para no denunciar los casos de adoctrinamiento que se han producido en escuelas catalanas, especialmente tras el referéndum ilegal del 1-O.
«Queremos que las pruebas sean técnicas, objetivas y transparentes para dar oportunidad a todos los que quieren mejorar su profesión», explica Jesús Marrodán, presidente de la Unión Sindical de Inspectores de la Educación. «No queremos volver a épocas pasadas, donde el amiguismo o el enchufismo permitían acceder a cargos públicos. Queremos transparencia, una inspección técnica y profesional, autónoma, al servicio de la comunidad educativa y no al servicio sólo de ciertos intereses políticos», expresa.
Marrodán insiste en que » la escuela es de todos y está al servicio de todos, y no debe estar condicionada por presiones políticas».
En un comunicado, USIE rechaza rotundamente la enmienda y defiende que el acceso a la función pública docente debe efectuarse con un sistema de pruebas escritas y orales, con criterios de evaluación y calificación públicos y previos objetivas «que se desarrollen con transparencia y publicidad». Así los aspirantes que estén conformes con los resultados podrán recurrir, algo que resulta imposible si el examen se sustituye por una entrevista personal, como ha acordado la Comisión de Educación del Congreso.
«Las valoraciones subjetivas, como propone el texto de la enmienda, favorecen el amiguismo y el nepotismo, lacras que deben desterrarse de la función pública. La enmienda posibilita procesos de acceso basados en la subjetividad y, por tanto, en la arbitrariedad», denuncian.
E interpretan que la enmienda «evidencia el intento de impedir la existencia de un cuerpo docente profesional y técnico, autónomo y con independencia de criterio». «No queremos la subordinación a intereses políticos que trascienden lo educativo», recalcan.
(El Mundo)
