La Asociación de Fiscales (AF) mayoritaria en la Carrera, ha pedido la celebración de una Junta de Fiscales de Sala, la cúpula” del Ministerio Público para unificar los criterios que debe mantenerse por la Fiscalía ante los 36 denuncias y 15 querellas presentadas contra miembros del Gobierno por la gestión de la crisis sanitaria derivada del Covid-19. Esta decisión de convocar o no a la Junta de Fiscales la debería adoptar, según la AF el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, ya que la fiscal general del Estado Dolores, tiene el deber de abstención en todos los procedimientos que afecten al Ejecutivo, ya que formó parte del misma hasta su designación para el cargo actual. La AF considera del todo necesario que se celebrase esa Junta de Fiscales, aunque esta posibilidad es más bien remota.
En este sentido, la citada asociación considera que la exigencia del cumplimiento de ese deber de abstención así como su publicitación “preserva a la Institución y evidencia con ello la neutralidad y transparencia que debe presidir la actuación de la Fiscal General del Estado”. Y es que, afirma la Asociación de Fiscales, “está en juego la apariencia de imparcialidad del Ministerio Fiscal en asuntos de enorme trascendencia y de constante repercusión mediática”.
Esto deriva en que tenga que ser el número 2 de la Fiscalía, Luis Navajas, quien tenga que asumir las funciones en lo que afectan a esos procedimientos penales, decidir el reparto de trabajo ente los fiscales y decidir sobre la convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala, algo que, sostiene la AF, debería llevarse a cabo: “La complejidad y trascendencia que se adivina en los procedimientos derivados de las denuncias y querellas referidas aconsejan, sin lugar a duda, la convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala para garantizar el rigor técnico-jurídico de los informes que hayan de emitirse y asegurar la efectividad del principio de unidad de actuación”.
Y todo ello, añade la Asociación de Fiscales en la misiva remitida a Dolores Delgado, al margen de la consideración que merece la intrínseca dificultad de que por un solo Fiscal se informe sobre 51 escritos de denuncias o querellas, “entre las que habrá elementos comunes, pero también diferenciadores, para dar respuesta a cuestiones procedimentales y de fondo que marcarán decisivamente el devenir de los procedimientos en que se sustancien”.
De esta forma, se reclama de la Fiscalía General del Estado “transparencia e imparcialidad” a la hora de informar sobre esas acciones penales presentadas en el Tribunal Supremo contra miembros del Gobierno de Sánchez por sus actuaciones relacionadas con la crisis derivada del Covid-19
(Francisco Velasco. Diario La Razón)
