La Generalidad duplica los controles lingüísticos mientras entidades separatistas como Tot República actúan como chivatos y delatores publicando listados de comercios
La persecución del español en Cataluña ha alcanzado niveles insospechados. El gobierno catalán ha intensificado sus mecanismos de control lingüístico mediante una estrategia clara y calculada: los comisarios políticos y delatores, auspiciados por la Generalidad, denuncian a los comercios y el gobierno los multa. Esto genera un clima asfixiante en el que los negocios solo tienen dos opciones: ceder ante la política impositiva de los separatistas o cerrar ante la presión económica y fiscal.
Aumento de las inspecciones lingüísticas en los comercios
Aunque más del 50% de los catalanes tienen el español como lengua materna, la Generalidad ha duplicado las inspecciones lingüísticas en los comercios. En 2023 se realizaron 1.022 controles, pero en 2024 la cifra ascendió a 2.269, lo que resultó en 207 sanciones.
Según la Agencia Catalana de Consumo, 30 de estos negocios sancionados recurrieron a la Justicia, pero la mitad de los recursos fueron desestimados. Como consecuencia, los comercios han tenido que abonar multas que pueden alcanzar hasta 10.000 euros, sumando un total de 380.000 euros en sanciones solo en el último año.
El Código de Consumo catalán establece la obligatoriedad de rotular en catalán, pese a que el Tribunal Constitucional rechazó esta norma en 2018. Sin embargo, el consejero Miguel Sàmper ha afirmado que el gobierno continuará con la fiscalización de los comercios para garantizar los «derechos lingüísticos» de los consumidores.
Investigación de la Unión Europea
Ante las constantes denuncias por discriminación lingüística, la Unión Europea ha aprobado una investigación sobre estas multas impuestas en Cataluña. La preocupación crece debido a la evidente vulneración de derechos que supone penalizar el uso del español en una región donde es lengua materna para la mayoría de la población.
Comisarios políticos y delaciones masivas
El aparato de control lingüístico de la Generalidad se sustenta en una red de delaciones ciudadanas. Grupos separatistas de extrema izquierda como Plataforma per la Llengua promueven estas denuncias, y algunos ayuntamientos han implementado buzones ciudadanos para recopilar informaciones sobre comercios que «incumplen» la normativa.
Un ejemplo reciente de esta presión es el caso del exconsejero Miquel Buch, quien atacó públicamente a un restaurante por no atenderle en catalán. Según los dueños del local, la denuncia fue injustificada, pero dos días después, los separatistas empapelaron la entrada del establecimiento acusándolo de «catalanofobia».
Listado de comercios
El hostigamiento a los comercios alcanzó un nuevo nivel con la publicación de «El mapa de la vergüenza» por la organización separatista Tot República, que incluye a entidades como Consell de la República, Òmnium Cultural y la ANC. En este listado aparecen 143 comercios de Vilafranca del Penedès que supuestamente incumplen la ley de Política Lingüística de la Generalitat. La web de la organización exige más inspecciones y sanciones, castigando incluso a negocios bilingües.
Un clima insostenible para los comerciantes
El mensaje de la Generalidad es claro: quien no se someta a la imposición lingüística será perseguido. Este modelo represivo no solo afecta a los comerciantes, sino que también limita la libertad de elección de los ciudadanos catalanes.
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