Los enfermos y la Asociación Española de ELA temen que no se tramite en lo que resta de legislatura y decaiga próximamente.
Desde marzo de 2022, el PSOE suma más de 1.600 aplazamientos a distintas iniciativas
Desde el mes de marzo de 2022, cuando se aprobó considerar la ley, el PSOE se adhirió a una tendencia nueva: emplear de manera sistemática las prórrogas de enmiendas como método de organización legislativo. Solo favoreció un aplazamiento en 2020 y ninguno al año siguiente, pero la cifra aumentó a 1.361 prórrogas en 2022. Por el momento, este año ya se superan las 240, haciendo un total de más de 1.600 dilataciones. La suma del resto de grupos supera ligeramente los 1.540 aplazamientos en conjunto, según fuentes parlamentarias. Ante ello, y para paliar este tipo de prácticas que, en última instancia sirven para dejar en el limbo cualquier norma polémica o que genere menor interés al Gobierno.
Guevara determina que únicamente el 6% de los enfermos puede hacer frente a ese gasto, al pertenecer a economías altas. «Muchos de ellos no tienen familia o sus parejas les han abandonado», recalca.
Aspectos de la proposición de ley
La proposición de ley recoge entre sus páginas aspectos como la concesión del grado mínimo de discapacidad para los pacientes desde que se les diagnostica la enfermedad; una atención preferente en la administración y la Sanidad, o la posibilidad de acogerse al bono eléctrico social en aquellos afectados que dependan de ventilación mecánica. Igualmente, un mejor acceso de pacientes y familiares a servicios suplementarios de transporte y alojamiento; atención domiciliaria de servicio de fisioterapia y especializada toda la jornada. Medidas, que también se contemplan extensibles a otros enfermos crónicos, con achaques neurogenerativos o autoinmunes.
Entre las preocupaciones que denota Guevara es que la ley termine decayendo. Una previsión que se acentúa teniendo en cuenta que quedan aproximadamente siete meses de sesiones, salvando la pausa de verano y el margen de 54 días desde que se disuelven las Cortes y se convocan elecciones hasta que se abren las urnas, previstas para diciembre. Una vez se disuelva el Congreso, toda ley no aprobada que esté bloqueada, en trámite de enmiendas o en comisión, decaerá. Y será el nuevo equilibro parlamentario quien decida qué se retoma y qué queda en papel mojado.
