ABIMAD, Derecho a Vivir, Abogados Cristianos e Instituto de Política Familiar son algunas de las instituciones que denuncian que el gobierno socialista esté aprovechando la crisis del Covid19 para «colar» e implantar la eutanasia en España.
Diferentes líderes sociales, denuncian que en España, se ha usado la crisis del Coronavirus para implantar una ley de «muerte asistida».
Asociación de Bioética de Madrid: «Lo que pediríamos a nuestros responsables políticos es el aplazamiento indefinido de este proyecto de ley o, lo que sería más clarificador, la retirada del mismo».
La Asociación de Bioética de Madrid (ABIMAD), ha tenido gran resonancia social en los últimos meses por denunciar la proposición de ley de eutanasia que el gobierno socialista presentó. Su presidente José Jara, responde a nuestras preguntas con contundencia y con la esperanza de poder «frenar» la mal llamada «muerte asistida».
«Creo que, si algo ha dejado claro la epidemia que estamos viviendo, es el deseo que todos tenemos de vivir y de recibir la mejor atención médica posible. Los sanitarios no hemos elegido esta profesión para ser cómplices de de suicidios ni de muertes intencionalmente provocadas«- señala el presidente de la entidad.
Preguntado si habría una vinculación entre la ley de eutanasia y el Coronavirus, José Jara lo tiene claro: «La epidemia está subrayando la necesidad de solidaridad entre todos. Se ha puesto de manifiesto la situación de indefensión de ancianos en residencias y de falta de atención adecuada, que sin duda ha derivado en un número tremendamente alto de muertes que podrían haber sido evitadas al no proveerse de equipos de protección individual a los profesionales que los atienden. Esto debería servir para comprobar la crueldad que supone proponer un proyecto de eutanasia y suicidio asistido en nuestro país cuando estamos muy lejos de poder cubrir necesidades básicas de atención de nuestros mayores, no sólo en residencias sino también en el día a día de la asistencia. Los déficits en la aplicación de la Ley de Dependencia, la falta de ayudas económicas que sufre la población más vulnerable, las demoras para consultas de Unidades de Dolor, el enorme déficit en Cuidados Paliativos, hacen que pueda ser considerado hasta obsceno plantear actualmente una ley que sólo propone, como única solución al sufrimiento, la salida de la muerte».
Esperemos que la sensibilidad de los profesionales, que luchan por salvar a todos sus pacientes diariamente sin acepción de edades, sea capaz de contrarrestar ese tipo de directrices tan desafortunadas
José Jara, presidente ABIMAD
La entidad advierte que no se quedará callada mientras todo sucede a su alrededor. Estarán presentes en tres frentes, nos señala su presidente: «En primer lugar, pedir a la Organización Médica Colegial que se mantenga el rechazo a la eutanasia en el Código de Deontología y Ética Médica, cuya modificación se está tramitando; En segundo lugar, seguiremos recordando a los profesionales sanitarios, a través de los medios a nuestro alcance, que los fines de la Medicina son prevenir enfermedades, intentar curar y aliviar el sufrimiento, pero no provocar directamente la muerte de nuestros pacientes; y, por último, pediremos a los responsables políticos de Sanidad la sustitución de esa legislación por una ley de atención integral al dolor y sufrimiento, que incluya tanto la mejora de los Cuidados Paliativos como la implementación de Unidades del Dolor y la incorporación de equipos de Salud Mental para la atención a las ideas depresivas con intención suicida de los pacientes, lo que aún ha sido muy escasamente abordado y podría solucionar toda esta problemática, transformando el debate ideológico en un debate de mejora asistencial, que es lo que necesitamos«.
Derecho a Vivir: «Con más de 21.000 fallecidos por coronavirus lo que menos necesita España es la ley de eutanasia».
La plataforma Derecho a Vivir reclama al PSOE la “retirada urgente de la proposición de Ley Orgánica que regularía la eutanasia en España» e invita al resto de grupos políticos a que retiren su apoyo al texto.
La plataforma denuncia que «Pedro Sánchez quiere que esta práctica que empuja a la muerte a los ancianos y a personas discapacitadas sea legal en España» y reclama que a quienes sufren enfermedades «no se les puede ofertar la muerte» sino que se les debe ayudar con «cuidados paliativos para aliviar su sufrimiento” concluye la portavoz de la asociación, Rosana Ribera de Gracia.
Abogados Cristianos: » El gobierno socialista, es un gobierno pro eutanasia que ha dejado indefensos a muchos ancianos».
Polonia Castellanos es la presidente de la asociación Abogados Cristianos, una entidad que denuncia los ataques contra la libertad y que se ha querellado en más de una ocasión contra el gobierno socialista.
La presidente de Abogados Cristianos lo tiene claro y denuncia que «es inadmisible que el gobierno socialista deje indefensos y desvalidos a multitud de ancianos, que lo que necesitan son cuidados paliativos«. También señala que los principales responsables de las muertes por COVID19 no son otros sino el Gobierno, a los que califica de «negligentes e irresponsables«.
«Es un gobierno con actitud pro-eutanásica, mentalidad pro-eutanásica, a los que las personas mayores o enfermas no les interesan» señala tajante Polonia Castellanos, añadiendo que, aún teniendo la cantidad de muertos que tienen a sus espaldas por el COVID19, ellos siguen con su mentalidad y su indiferencia ante las muertes.
Instituto de Política Familiar : «IPF planteará en sus trabajos y actuaciones la defensa de la vida como un derecho fundamental y criticará las consecuencias nefastas de una ley de este tipo
El Vicepresidente del Instituto de Política Familiar, Mariano Martínez-Aedo, denuncia que fuera de la manipulación política, la sociedad clama por una ley que defienda la vida, no que potencie la muerte. En declaraciones a Adelante España, su Vicepresidente afirma: « El IPF como institución que defiende la familia y la vida, considera injusta y muy negativo este proyecto de ley, que plantea de forma extremadamente ideológica un pretendido derecho a morir, obligando a la sociedad y a las administraciones no sólo a no actuar u oponerse a ello, sino a facilitarlo, aportando recursos públicos y obligando a los sanitarios a cooperar en estas muertes. Por ello, nos oponemos completamente a cualquier ley que facilite la muerte de los más vulnerables«.
» La reacción social ante el COVID19, muestra que fuera de la manipulación política, la sociedad de forma natural desea cuidar la vida de todos, especialmente de aquellos (ancianos, enfermos..) que se encuentran en situación más vulnerable».
El Instituto, combatirá en primera línea la ley de eutanasia si finalmente es promulgada. Su Vicepresidente concluye: » Si finalmente se implanta la ley de eutanasia, el IPF planteará en sus trabajos y actuaciones la defensa de la vida como un derecho fundamental y criticará las consecuencias nefastas de una ley de este tipo. Especialmente grave es la extensión social de la normalización de la muerte de los «no dignos de vivir», algo que va contra la misma dignidad humana, y es peligrosísimo para nuestra sociedad«.
