La Segunda República o el paraíso que no fue (IX) | P. Gabriel Calvo

Las elecciones del 16 de febrero de 1936

Debido al resultado de estos comicios, el anterior optimismo socio-político irreflexivo a esta fecha por parte de las derechas, se trocó a partir de entonces en un panorama de pesimismo y desaliento general entre los católicos. A esto se unió, durante la campaña electoral, la propaganda incendiaria de los partidos y sindicatos de izquierdas exigiendo la libertad para los revolucionarios de octubre de 1934. La asfixiante y virulenta batalla propagandística continuaba su labor de contagio de las calumnias anticlericales más burdas y completamente absurdas. Se trataba de una auténtica maquinaria de odio que en numerosas ocasiones caía «sobre una masa inculta, incapaz de resistirla»[1]. Mientras, prosigue la quema esporádica de edificios eclesiásticos al tiempo que aumentaban, en número e intensidad los ataques a sacerdotes, religiosas y fieles. A todo este panorama hemos de sumar los errores cometidos por la derecha durante el bienio blanco o moderado:

1. La negativa al procesamiento de los líderes políticos que promovieron y justificaron la Revolución de Asturias.
2. Su política económica, aunque mucho menos desacertada que la del bienio rojo.
3. La abstención de los carlistas y Falange, que no quisieron ser llamados a engaño por la derecha, como sucediera en las elecciones de noviembre de 1933.
4. La unión cerrada, de hecho, entre todas las izquierdas contra el enemigo común.
5. El nacionalismo de Cataluña y Vascongadas que entregó sus votos a las izquierdas, por ser éstas propicias al separatismo, debido a su visión negativa de la historia de España[2] a causa de su identificación con la religión católica desde el 589 con la conversión del reino visigodo de Recaredo.

La supuesta victoria de las izquierdas, que cometieron un sonoro fraude electoral, no debería haber rebasado los diez o doce diputados, a lo sumo, pero se transformó en un triunfo rotundo gracias a la dejación del Gobierno de Portela Valladares que, prematuramente y contra la ley, puso el Estado en manos del Frente Popular. Así, sus integrantes aprovecharon para manipular las actas con absoluta impunidad, llegándose a falsificar un elevado porcentaje antes de que fuesen remitidas a Madrid, y a la discusión de actas legítimas que se hizo en el Parlamento en el que sucumbieron solamente las actas de las candidaturas de la CEDA[3]. Como consecuencia de este fracaso, las derechas quedaron desorientadas y su desunión a partir de las elecciones de febrero fue absoluta. La misma CEDA quedó dividida entre los partidarios del entendimiento posibilista con la nueva situación y los que deseaban oponer mayor resistencia a la revolución inminente.

Recapitulando. El 7 de febrero se disolvieron las primeras Cortes republicanas y se convocaron elecciones generales. El 16 se produce el triunfo del Frente Popular integrado por los republicanos jacobinos de Azaña, los anarquistas (también autodenominados comunistas libertarios desde Bakunin), socialistas y comunistas, ambos marxistas leninistas[4]. De ninguno de estos grupos políticos puede afirmarse, con rigor histórico, que poseyera un carácter democrático, tal afirmación es de naturaleza ideológica y no se corresponde con el estudio científico de la realidad de los hechos[5]. El 19 Azaña forma el primer Gobierno intensificándose aún más los incendios, asaltos, destrucciones y saqueos de iglesias, conventos y colegios católicos, añadidos a los encarcelamientos, atentados y asesinatos a personas en el territorio nacional. El 22 son amnistiados todos los participantes en la Revolución de Asturias indistintamente de los crímenes que hubieran perpetrado. El 10 de mayo Azaña es elegido presidente de la República tras la turbia destitución de la que fue objeto Alcalá Zamora[6].

Para la Iglesia el cambio político no suponía persecuciones inmediatas, ya que la obra de las Cortes Constituyentes y la legislación posterior había sido tan completa, que poco les quedaba por hacer a los nuevos gobernantes que cumplir lo legislado sobre la enseñanza. Se procuró sustituir a la Congregaciones religiosas por un profesorado con una cualificación intelectual inversamente proporcional a su ideologización y se levantaron toda clase de trabas arbitrarias a la docencia privada con la intención de suprimirla de hecho. Marcelino Domingo, apenas se hizo cargo del Ministerio de Instrucción Pública publicó una circular a los inspectores y maestros inculcándoles la obligación de procurar que el laicismo de la enseñanza fuera efectivo y, ordenando que en todas las escuelas públicas y privadas se colocara un símbolo de la República y se destacaran en cuadros y letreros diversos artículos de la Constitución a modo de versículos sagrados de la nueva biblia laica.

Llegados al poder los partidos más violentos y exaltados se fue creando una situación insostenible, que los escasos exponentes más moderados del ejecutivo fueron incapaces de controlar[7]. Desde el 16 de febrero comenzó una serie de huelgas salvajes, alteraciones de orden público, incendios y provocaciones de todo tipo, que llenaban los diarios de sesiones de las Cortes y las páginas de los periódicos a pesar de la censura establecida por medio de la totalitaria Ley de la defensa de la República de Azaña. Dicha rigurosa censura estatal, impuesta a la prensa, impidió que muchos de los hechos más execrables fueran divulgados a la opinión pública. La complicidad de diversas autoridades en algunos de ellos fue a todas luces evidente. Se incrementó sensiblemente desde aquella fecha la prensa anticlerical y extremista, que incitaba a la violencia verbal y física, como queda constancia en los periódicos La Libertad, El Liberal y El Socialista. Se intensificaron los desórdenes populares. Según datos oficiales recogidos por el Ministerio de la Gobernación, completados con otros procedentes de las curias diocesanas, durante los cinco meses de gobierno del Frente Popular varios centenares de iglesias fueron incendiadas, saqueadas, atentadas o afectadas por diversos asaltos[8]. Algunas quedaron incautadas por las autoridades civiles, registradas ilegalmente por parte de los ayuntamientos y dedicadas a almacenes o locales de espectáculos.

Decenas de sacerdotes fueron amenazados y expulsados de forma violenta de sus respectivas parroquias. Gran número de casas rectorales fueron saqueadas e incendiadas, otras, expropiadas ilegalmente, pasaron a manos de las autoridades locales; la misma suerte corrieron algunos centros educativos católicos y numerosas comunidades religiosas. En un elevado número de pueblos no se permitió celebrar el culto divino, prohibiéndose el toque de campanas, la procesión con el viático para los enfermos y otras manifestaciones religiosas, asimismo, también fueron profanados algunos cementerios. Son frecuentes los robos del Santísimo Sacramento y su profanación pública. Se representaron parodias de carnavales sacrílegos por parte de individuos disfrazados con los ornamentos sagrados expoliados en los templos. «Los atentados personales afectaron a varios sacerdotes que sufrieron encarcelamientos, golpes o heridas diversas»[9]. Sin embargo, a pesar de todas estas violencias, la mayoría de los sacerdotes permanecieron fieles en sus ministerios con el consiguiente riesgo para su vida, mientras que los religiosos fueron expulsados de todos los centros oficiales. En muchas poblaciones los desmanes se cometieron con el consentimiento de las autoridades locales y en otras éstas impidieron la defensa de los católicos.

Azaña, presidente de la Republica con el Frente Popular, declaró en un discurso que consideraba estos desmanes «como una tontería», o sea anecdóticos. Y Lerroux apostrofaba: «Azaña no se atrevió a declarar que todo aquello eran 142 iglesias saqueadas e incendiadas en dos meses del Frente Popular… Quemar una iglesia, para Azaña, no pasa de ser una tontería»[10].

Otras iniciativas que tendían por todos los medios a descristianizar España fueron el cierre de las escuelas católicas y la expulsión de los religiosos de los hospitales. Se creó, pues, un clima de terror en el que la Iglesia fue el objetivo fundamental a batir por pare de los revolucionarios. Con la finalidad de fomentar el odio y la aversión contra los sacerdotes se multiplicaron las acusaciones falsas de todo tipo: violación, hurto, etc. Todas las acciones revolucionarias y de propaganda demagógica fueron hábilmente desarrolladas por los grupos extremistas de izquierda: los anarquistas con su sindicato CNT-FAI y el sindicato UGT con el PSOE de Largo Caballero, conocido como el «Lenin español». Además de los comunistas, aunque su influencia inicial era casi nula por ser un partido minoritario. Tanto los socialistas como los comunistas participaban de la ideología y métodos estalinistas, que suponían la eliminación sin contemplaciones  también de los republicanos más moderados.

Al respecto son muy significativas las palabras de Gregorio Marañón: «El movimiento comunista de Asturias fracasó por puro milagro. Pero dos años después tuvo un segundo y formidable intento. Que la España roja que hoy todavía lucha [este texto es de 1937] es, en su sentido político, total y absolutamente comunista no lo podrá dudar nadie que haya vivido allí tan solo unas horas, o que aun estado lejos no contemple el panorama español a través de esos ingenuos, pero eficaces espejismos de la libertad: el bien del pueblo, la democracia o la República constitucional»[11].

Chapaprieta, presidente del Gobierno en 1935 -nada sospechoso de derechismo-, describe certeramente la situación al afirmar en sus memorias políticas: «Cuando el Frente Popular, abusando de su mayoría en la Cámara, desposeía de sus actas a las derechas y en los comicios en segunda vuelta no se paraba, con abuso también del poder que ya ostentaba, en todo género de atropellos; cuando la ley era teatro de tantas y tantas violencias, con desprecio absoluto de la ley; cuando por lo que pasaba se tenía derecho a suponer lo que iba a pasar, entonces era el momento de oponerse, incluso por la violencia, a los desmanes del poder público, que usado en tales términos dejaba de ser legítimo»[12].

Para comprender el 18 de julio de 1936 y la revolución que siguió, hay que tener en cuenta todo lo que sucedió en España desde la victoria del Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero.

P. Gabriel Calvo | Sacerdote e Historiador

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[1] Antonio Montero Moreno, Historia de la persecución religiosa en España 1936-1939, BAC, Madrid 1961, 34.

[2] Cf. Santiago Armesilla, El marxismo y la cuestión nacional española, El viejo topo, Barcelona 2017, 98.

[3] Ramón Salas Larrazábal, Los datos exactos de la guerra civil, Dracena, Madrid 1980, 225.

[4] Cf. Enrique Miguel Sánchez, Historia del comunismo. De Marx a Gorbachov, el camino rojo del comunismo, Sekotia, Madrid 2021, 213.

[5] Pio Moa, Los crímenes de la Guerra Civil y otras polémicas, La esfera de los libros, Madrid 2004, 39.

[6] Cf. Niceto Alcalá Zamora, Asalto a la República, La esfera de los libros, Madrid 2011, 361.

[7] Cf. Luis Palacios, Historia de la Segunda República española, Almuzara, Córdoba 2021, 495.

[8] Para conocer algunos ejemplos de lo sucedido en la archidiócesis de Toledo: Miguel Ángel Dionisio Vivas, Isidro Gomá ante la dictadura y la república, Instituto Teológico San Ildefonso, Toledo 2012, 115-116. Para el conjunto de la nación: ManuelVillagarcía-Roberto, Álvarez Tardío, «El impacto de la violencia anticlerical en la primavera de 1936 y la respuesta de las autoridades», en Hispania sacra, LXV, 123, julio-diciembre 2012, 683-764.

[9] Víctor Manuel Arbeloa, Historia General de España y América. La Segunda República y la Guerra, Rialp, Madrid 1986, tomo XVII, 204.

[10] Alejandro Lerroux, Memorias políticas, Cimera, Buenos Aires 1945, 553-554. 559.

[11] Gregorio Marañón, Obras Completas. Artículos y otros trabajos, Espasa-Calpe, Madrid 1968, tomo IV, 378.

[12] Joaquín Chapaprieta, La paz fue posible, Ariel, Barcelona 1972, 420.