1. Proclamación de la Segunda República: 14 de abril de 1931

Para las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, convocadas por el general Berenguer, la monarquía ya se había desacreditado moralmente por completo debido a su manifiesta impotencia para gobernar[1]. Por bloques, el escrutinio dio la victoria a las candidaturas republicanas en 41 capitales de provincia, aunque en este punto ha de insistirse en que la suma de población rural de la España de la época era considerablemente mayor que la de la correspondiente capital de provincia. Sin embargo, los datos globales oficiales, fueron favorables a los monárquicos. El profesor Miguel Artola obtuvo el resultado definitivo del Anuario Estadístico de 1932, que, aún contando con la manipulación republicana posterior, no se atrevió a negar la aplastante victoria monárquica: 40. 275 concejales monárquicos y 26.563 republicanos[2]. No obstante, se proclamó la República que nacía así carente de legitimidad de origen debido a la naturaleza de unas elecciones municipales, no nacionales, y al número total de votos.

Sería un error pensar que las elecciones dieron el poder a los republicanos. Fue la debilidad de Alfonso XIII junto con sus políticos, consejeros y militares, con el conde de Romanones a la cabeza, lo que permitió el advenimiento de la Segunda República. Miguel de Unamuno repetía con frecuencia que «la República no la trajimos nosotros…fue don Alfonso de Borbón»[3]. Lerroux afirmaba que «la Monarquía se hundió, no la derribó nadie. Lo que hicieron los republicanos fue poner en su lugar, ya vacío, la República»[4]. Por último, Miguel Maura, declaraba abiertamente: «Nos regalaron el poder»[5]. Así el rey huyó de España por Cartagena camino de París.

La Iglesia, lo mismo que la mayoría de los españoles, no esperaba que el resultado de unas elecciones administrativas produjera un cambio político tan sustancial en la vida de la nación como el paso de la Monarquía a la República. Debido a ello, adoptó desde el primer momento de la proclamación de la República, no solo una actitud de acatamiento sincero, sino incluso el ofrecimiento de una abierta colaboración en defensa del bien común y los intereses superiores de la nación[6].

Durante la campaña electoral el episcopado mostró moderación, pero sin ocultar la verdad, el obispo Mateo Múgica de Vitoria, llamó la atención de los católicos para que no votasen a las candidaturas republicanas y socialistas, contrarias a la Iglesia. Al conocerse los resultados electorales, tanto los obispos y sacerdotes como la inmensa mayoría de los católicos no ocultaron su preocupación ante un cambio de régimen que no había sido sometido a decisión popular, puesto que se votaba exclusivamente para elegir alcaldes y concejales, no la configuración del modelo de Estado. Aún así, el episcopado mantuvo una actitud prudente de espera y se abstuvo de manifestaciones, declaraciones o juicios hostiles hacia la naciente República. La mayoría de los obispos recomendó sensatez y cordura a los sacerdotes, prohibiéndoles intervenir en asuntos políticos, sin ocultar su nerviosismo por el paso tan brusco, ilegal e inesperado de la Monarquía a la República, y por ser traída ésta última por los elementos más anticlericales del país.

El comité revolucionario que proclamó la Segunda República se trataba de una llamativa amalgama de las mismas fuerzas políticas marxistas, anarquistas y liberales exaltadas (jacobinas), que derribaron el régimen de la Restauración (liberalismo monárquico moderado) en 1923, forzando la toma del poder del general Miguel Primo de Rivera en 1930 a fin de restaurar el imperio de la ley y el orden en medio del caos en el que se encontraba sumida la Patria.

Los hombres que proclamaron la República conseguirán el triunfo del laicismo legislativo, educativo y social porque actuaron con una inteligente coordinación de fuerzas desde el Parlamento, la prensa, la Universidad y la Escuela, hasta la incitación de las masas, responsables directas de revueltas callejeras, de saqueos, destrucciones, incendios y asesinatos. No sorprende, pues, que, en este contexto, la Iglesia fuera el primer objetivo del ataque de los prepotentes gobernantes republicanos y de la ideologizada parte del pueblo que los seguía. El fin de la República consistía en la implantación de unas ideas contrarias a las que habían constituido el ser de España desde el siglo IV, con la conversión al catolicismo de las élites del reino visigodo, y, a la sociedad española de aquel momento[7]. Es decir, la sustitución de la España histórica: para los republicanos de izquierdas, por el modelo de la masónica III República francesa de 1870; y para los socialistas por el «paraíso de la dictadura del proletariado», encarnado en la Unión Soviética.

Fueron significativas las primeras instrucciones que la Santa Sede impartió a los obispos a través del nuncio Tedeschini, pidiéndoles que mostraran el máximo respeto hacia el Gobierno republicano para asegurar la paz social, así como las relaciones, no sólo correctas sino incluso cordiales, que el representante pontificio en Madrid mantuvo con los ministros de Estado y de Gracia y Justicia, además del mismo presidente Alcalá Zamora. Los miembros del Gobierno provisional de la República procedían, muy pocos, del campo republicano histórico, capitaneado por Alejandro Lerroux y otros del socialista dirigidos por Indalecio Prieto. Ambos eran notoriamente hostiles a la religión por principio y por las luchas antecedentes[8]. Los católicos contemplaban en ellos a los enemigos naturales de la fe católica, de la Monarquía, y, por consiguiente, de España. Con todo, el sector republicano era generalmente menos virulento en las formas y más respetuoso con la Iglesia, no por convicción evidentemente, sino por cálculo político y, por ello, deseaban evitar a todo trance los errores del anticlericalismo del siglo XIX. En concreto, los que habían provocado el fracaso de la primera efímera República en 1873, pues querían consolidar la segunda atrayendo a los enemigos de la misma, sin exceptuar a la misma Iglesia.

En el primer gabinete republicano se encontraban dos ministros católicos: el presidente, Niceto Alcalá Zamora; y el titular de la gobernación Miguel Maura. Ambos, aunque liberales, constituían la única garantía inicial para los católicos, ya que los restantes miembros del Gobierno, aunque de diversas tendencias, según Claudio Sánchez de Albornoz (presidente de la Segunda República en el exilio): «eran masones y rabiosamente anticlericales»[9]. Los radicales republicanos de Lerroux, ministro de Estado y Martínez Barrio, maestro del Gran Oriente de la masonería española, adoptaron actitudes diversas, pues mientras el primero fue siempre moderado hacia la Iglesia, el segundo fue más radical en sus planteamientos. Lo mismo puede decirse de los tres ministros socialistas, de la marcada violencia de Prieto, titular de Hacienda, se pasaba al sectarismo de Fernando de los Ríos, ministro de Justicia, que mostraba formas aparentes de respeto hacia el nuncio y algunos obispos, pero que fue incisivo y sistemático en la ejecución de un plan legislativo laicista. Otro tanto puede decirse de Francisco Largo Caballero, ministro de Trabajo y antiguo colaborador de la dictadura de Primo de Rivera, que se encaminaba hacia un proceso ascendente de bolchevización y gerracivilismo.

El sectarismo extremo estuvo representado por Álvaro de Albornoz y Marcelino Domingo, ministros de Fomento e Instrucción Pública, respectivamente, y muy próximos a ellos, aunque aparentaban en algunas circunstancias muy mal disimulada moderación, se encontraban el ministro de la Guerra, Manuel Azaña, y el de Marina, Santiago Casares Quiroga. De este modo, se unían los intereses pragmáticos de los ministros anticlericales con las aspiraciones de los católicos y de los moderados de no enfrentarse a la Iglesia y lograr la convivencia pacífica. Sin embargo, poco podía hacer este Gobierno, pues a su carácter provisional unía la incógnita del resultado electoral en los próximos comicios de junio, de los cuales saldrían los representantes para la formación de las Cortes Constituyentes que elaborarían la nueva Constitución republicana.


[1] Cf. José Antonio Vaca de Osma, Alfonso XIII el rey paradoja, Biblioteca nueva, Barcelona 2013, 131.

[2] Cf. Ricardo de la Cierva, Historia total de España, Fénix, Toledo 2003, 834.

[3] Vicente Cárcel Ortí, La persecución religiosa en España durante la segunda República (1931-1939), Rialp, Madrid 1990, 97.

[4] Ibíd., 97.

[5] Ibíd., 98.

[6] Cf. Víctor Manuel, Arbeloa, La Iglesia que buscó la concordia, Encuentro, Madrid 2008, 27-30.

[7] Cf. José María, Petit Sullá, La República del 14 de abril. Palabras, personajes, hechos, en Obras Completas, Tradere, Barcelona 2011, 806-808.

[8] José Francisco, Guijarro, Persecución religiosa y Guerra Civil, La esfera de los libros, Madrid 2005, 35.

[9] Claudio Sánchez de albornoz, Mi testamento histórico-político, Planeta, Barcelona 1975, 38.

P. Gabriel Calvo Zarraute | Sacerdote e Historiador

Por Redaccion

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