Este año se han producido 4.231 las muertes violentas provocadas por «resistencia a la autoridad
Venezuela sufre tres pandemias a la vez: el coronavirus, la violencia y la violencia policial, que es la más agresiva de todas porque en el país donde todo es posible las fuerzas gubernamentales matan más que los delincuentes y que el Covid-19.
Así lo confirmó ayer el prestigioso Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), que ha cifrado en 4.231 las muertes violentas provocadas por «resistencia a la autoridad», denominación oficialista que esconde las ejecuciones extrajudiciales encabezadas por las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES), a quienes la ONU define como los «batallones de exterminio» del chavismo.PUBLICIDAD
El gobierno bolivariano sólo reconoce algo más de mil muertes provocadas por el Covid-19, aunque fuentes extraoficiales y del Parlamento las duplican.
«Queremos destacar la epidemia de la violencia policial, cuyo aumento es sostenido desde 2016. En la mitad de las entidades federales del país, la letalidad policial fue mayor que la delincuencial», subrayó Roberto León Briceño, director del OVV. Precisamente las FAES nacieron en 2016 por orden de Nicolás Maduro.
Pese al protagonismo de las temidas FAES, todos los cuerpos policiales y los militares que se dedican a la seguridad han participado en las ejecuciones extrajudiciales, «incluso una brigada canina», desveló el profesor León Briceño.
«Las muertes por resistencia a la autoridad representan cuatro veces más que las muertes del coronavirus en 2020», constató Briceño. De los 11.891 muertes violentas durante el año de la pandemia, 4.153 fueron catalogadas como homicidios, 3.507 fallecidos en grado de averiguación y los 4.231 a manos de agentes gubernamentales.
Entre los asesinados o ejecutados por los policías, el 66% contaba con antecedentes penales o policiales, según las fuerzas del orden. En total desde 2016 son 27.856 venezolanos los muertos por las fuerzas gubernamentales, cuantificó Briceño.
La cifra de 11.891 muertes violentas, con una tasa del 45,6 por cada 100.000 habitantes, supone, por el contrario, un evidente retroceso en relación a 2019, cuando se registraron 16.515 (tasa de 60,3 ) por las medidas tomadas contra el Covid-19, que también ha supuesto un gran cambio en los modos delincuenciales.
Esta reducción, que también se ha comprobado en otros países de la región, no impide que Venezuela siga encabezando el ranking regional de la violencia gracias a las ejecuciones. Colombia, pese al aumento de las masacres, cerrará 2020 con una tasa de 23,3 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, lo que supone una disminución importante.
En México, en cambio, aumentaron los homicidios hasta alcanzar 30 por cada 100.000 habitantes y en Brasil llegaron hasta 23,5 por cada 100.000 habitantes.
La violencia ha sabido adaptarse a las nuevas circunstancias sociales en Venezuela, marcadas por la pandemia y la emigración masiva, con más de seis millones de venezolanos forzados a marchar al exterior para sobrevivir. El otro factor clave es la destrucción de la economía, «que ha cambiado las oportunidades del crimen y cambiado el panorama de la violencia».
La presencia policial en las calles, los toques de queda y el confinamiento castigaron sobre todo a las bandas pequeñas, que durante años reinaron en Venezuela. En cambio, los grandes grupos de delincuencia organizada salieron beneficiados, «encontraron nuevos nichos de extorsión» con las cajas de comida subvencionada por el Gobierno, el contrabando de importación o el hostigamiento contra locales, clínicas y empresas.
De esta forma se impuso un nuevo modus operandi para la extorsión, con el lanzamiento de granadas contra quienes no pagaban. El OVV ha contabilizado entre tres y cuatro explosiones semanales.
Al igual que la economía, la delincuencia también se ha dolarizado, abandonando la moneda nacional. «Los extorsionadores, secuestradores y ladrones de viviendas cobran en dólares, pero también los policías y militares corruptos en los peajes del país», certificó Briceño, quien no dudó en destacar la letalidad policial, «el exterminio», junto a la emigración, a la hora de calcular el menor número de delincuentes que operan en el país.
«Todo ello implica también una entrega de la soberanía nacional, a través de los pactos con militares en zonas como el Arco Minero y en las fronteras. Se trata de mecanismos de cohabitación entre grupos armados y fuerzas del estado, que a la vez también implica una reducción de los crímenes al imponer su ley«, precisó Briceño.
(Diario El Mundo)
