La «Plataforma per la llengua» (el grupo de comisarios lingüísticos voluntarios que delata a quienes no rotulan sus comercios en catalán y espía el idioma que utilizan los niños en el recreo, entre otras actividades) ha mostrado su satisfacción con la nueva ley educativa y asegura que la supresión del español como lengua vehicular en la enseñanza responde a una enmienda suya que fue trasladada a ERC.
La organización, que cuenta con importantes subvenciones de la Generalidad y de la Diputación de Barcelona (PSC) para delatar a quienes no cumplen a rajatabla con las disposiciones lingüísticas del separatismo, considera que la nueva ley «permitiría trabajar estos aspectos (la supresión del castellano) también fuera de las horas lectivas y de las aulas». Así, plantea «dinamizar actividades en catalán en espacios que forman parte del proceso educativo como el patio, el comedor escolar o las actividades extraescolares y deportivas». «Es decir -añade-, que los alumnos dispongan de ambientes reales de práctica de la oralidad de la lengua catalana».
En una nota hecha pública a raíz de la aprobación de la denominada ley Celaá, la «Plataforma per la llengua» considera que las administraciones autonómicas de Cataluña, Baleares y Valencia pueden aplicar la inmersión y trasladarla fuera de las aulas y exige «tolerancia cero con el incumplimiento de la inmersión». El propósito responde a la obsesión nacionalista de eliminar el español del patio de las escuelas. La organización realizó un informe el año pasado en el que aseguraba que «sólo el 14,6% de las conversaciones de alumnos de ESO en el patio son en catalán en las zonas urbanas de Cataluña».
Los «datos» sobre el uso del español y el catalán en el recreo y a la salida de las clases habían sido elaborados por un grupo de voluntarios que vigilaron a alumnos y profesores sin su conocimiento. Tras las tareas de espionaje, prepararon un documento en el que se decía que en Primaria se habla más catalán en el patio, un 35%, que en Secundaria, con el 14,6%.
La entidad que se jacta de la enmienda para suprimir el español como lengua vehicular no sólo influye en la actividad legislativa del Gobierno. Entre sus funciones destaca instar a boicots contra la industria juguetera que no utiliza el catalán y contra los comercios cuyos dependientes no sólo atienden en catalán sino que lo hacen también en español.
(Pablo Planas. Libertad Digital)
