Nueva crisis económica y nueva nacionalización de empresas a la vista. A pesar de que, en los últimos años, PSOE y Podemos criticaron abiertamente el rescate público de las cajas de ahorros que protagonizó el anterior Gobierno del PP en 2012, el actual Ejecutivo que preside Pedro Sánchez pondrá en marcha una nueva ronda para que el Estado tome posiciones en empresas privadas.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 3 de julio la creación de un «Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas», dotado con 10.000 millones de euros, por el cual la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) entrará en el capital de empresas no financieras afectadas por la crisis del coronavirus.

El Fondo, dirigido específicamente a rescatar compañías «estratégicas» que atraviesen severas dificultades de solvencia, se articulará mediante la concesión de préstamos participativos, la adquisición de deuda subordinada e incluso la compra de acciones u otros instrumentos de capital. Entre las empresas susceptibles de recibir auxilio, hay grandes aerolíneas como Iberia y plantas industriales como la de Alcoa, pero, más allá de cuál sea el listado definitivo de empresas rescatadas, todo apunta a que, una vez más, será un pésimo negocio para el bolsillo del contribuyente.

Para empezar, cabe recordar que la SEPI ya es una sociedad pública deficitaria. Aunque el grupo estatal apenas cuenta hoy con 15 empresas participadas mayoritariamente y de forma directa, entre las que destacan Correos, Navantia, Hunosa o la Agencia Efe, sus resultados arrojaron unas pérdidas de 544 millones de euros en 2018, una dinámica de números rojos que se extiende a lo largo de su larga historia.

El ruinoso precedente del INI

La actual SEPI es la heredera de un organismo previo, el Instituto Nacional de Industria (INI), nacido en 1941, bajo la inspiración fascista del Instituto per la Ricostruzione Industriale de Mussolini, cuyo objetivo era crear un amplio sector industrial por parte del Estado. Durante las décadas que se mantuvo en funcionamiento, participó en cerca de 180 empresas y llegó a emplear a más de 250.000 personas, pero, en sus diferentes fases, destaca el período comprendido entre 1976 y 1983, cuando el Gobierno empleó el INI para acudir al rescate de empresas insolventes tras la crisis del petróleo.

El INI, cuyos negocios ya eran de por sí deficitarios en muchos casos, se convirtió entonces en una especie de salvador de compañías quebradas, cuyo resultado fue nefasto para las cuentas públicas, ya que las pérdidas del grupo se dispararon de forma muy sustancial durante los años posteriores. Fue entonces cuando se llevó a cabo la nacionalización total de la cuenca minera asturiana a través de Hunosa, junto con la incorporación de otras 25 empresas privadas, como Astano, Astilleros o Seat, que sumaron cerca de 95.000 trabajadores adicionales.

El argumento empleado entonces para acudir al rescate público es muy similar al blandido hoy por el Ejecutivo de Sánchez, ya que el objetivo, antes y ahora, consiste en auxiliar a empresas «estratégicas» que atraviesan graves dificultades para evitar su cierre definitivo y, por tanto, una mayor destrucción de empleo.

Sin embargo, la experiencia terminó en fracaso, ya que, por un lado, postergó durante años la necesaria reestructuración que debían haber afrontado muchas de esas compañías para garantizar su viabilidad a medio y largo plazo, demorando así la solución al problema, y, por otro, se hizo a costa de una enorme factura para el conjunto de los españoles.

Prueba de ello es que las empresas públicas no financieras registraron unas pérdidas de 340.000 millones de pesetas en 1983 (algo más de 2.000 millones de euros), equivalentes a casi el 4% del gasto público total y cinco veces más que diez años antes; y, de esa cantidad, cerca de 120.000 millones (35,6%) eran pérdidas derivadas de las compañías rescatadas por el Estado durante ese particular periplo, llegando a representar más del 50% del déficit del INI. Tan sólo Seat presentaba un agujero de 36.000 millones en 1983.

Como consecuencia, el peso de la empresa pública se disparó al 7,6% del PIB y el sueldo de sus trabajadores llegó a representar el 9,5% de la remuneración total de asalariados, llegando a ocupar al 5% de la fuerza laboral del país. Y, tal y como señalan algunos estudiosos, como García Fernández (Empresa pública e industrialización en España) o Croissier (INI: Estrategia para recuperar la rentabilidad), lo que perseguía esta política de nacionalizaciones era evitar el temido «conflicto social».

Sin embargo, este creciente agujero terminó resultando insostenible para las cuentas públicas, razón por la cual el Gobierno socialista de Felipe González inició a mediados de los años 80 un proceso de «reconversión industrial», consistente en la aplicación de duros ajustes a nivel interno, junto con la posterior privatización de compañías.

El contribuyente siempre pierde

Por desgracia, el INI no es el único ejemplo. El Gobierno de Rodríguez Zapatero decidió utilizar el Instituto de Crédito Oficial (ICO) a modo de banco comercial para conceder préstamos de forma directa a pymes y autónomos con problemas entre 2010 y 2012 y el resultado no pudo ser peor. El Tribunal de Cuentas contabilizó una morosidad del 83%, con unas pérdidas acumuladas próximas a los 200 millones de euros, frente a los 550 millones formalizados. Y lo mismo sucede con el famoso rescate de las cajas de ahorros, de cuyo importe total, superior a los 65.000 millones de euros, el Banco de España da por perdidos más de 42.000.

A la vista de estos datos, la conclusión es clara: la nacionalización de empresas acaba costando mucho dinero al contribuyente. Ahora, el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas que acaba de aprobar el Gobierno corre el riesgo de perder otros 10.000 millones de euros.

(M. Llamas. Libre Mercado)

Por Redaccion

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