El escándalo de la ‘ley trans’: incluso la izquierda se fractura ante su inconstitucionalidad
Una norma sectaria que erosiona los pilares jurídicos y biológicos
La conocida como ley trans, promovida por el Gobierno socialista-comunista de Pedro Sánchez, no solo ha generado rechazo entre los sectores conservadores sino que ha abierto una grieta inesperada dentro del propio bloque izquierdista del Tribunal Constitucional. La aberración jurídica que supone esta ley ha encendido las alarmas incluso entre magistrados afines al oficialismo sanchista, así como entre colectivos feministas de ideología izquierdista que ahora ven cómo sus propias conquistas legales están siendo demolidas.
Feministas de izquierda: aliadas contra el disparate transgenerista
La Alianza contra el Borrado de las Mujeres, integrada por colectivos feministas de izquierda, ha enviado cartas a todos los magistrados del Constitucional solicitando la recusación de Juan Carlos Campo, exministro socialista de Justicia y actual ponente de la sentencia, por su implicación directa en la elaboración de la ley. “El ponente queda contaminado desde el momento en que ha de realizar un pronunciamiento sobre una ley en la que él participó de manera activa siendo ministro de Justicia durante el proceso de negociación de la misma”, denuncian, exigiendo su retirada del proceso.
Asimismo, estas feministas denuncian que “las protecciones brindadas a las mujeres en nuestro ordenamiento jurídico solo tienen sentido si la categoría sexo se entiende en un sentido estrictamente biológico”, advirtiendo de que cualquier otro enfoque “invalidaría las garantías de protección a las víctimas de violencia machista, el derecho de las mujeres a espacios seguros y a categorías deportivas diferenciadas en base al sexo”.
Divisiones en la izquierda judicial: ni el rodillo de Conde-Pumpido puede imponerse
El Tribunal Constitucional ha aplazado la votación sobre la sentencia de la ley debido a la profunda división interna. Aunque el presidente de la corte, Cándido Conde-Pumpido, suele aplicar sin titubeos el rodillo ideológico del sanchismo, esta vez se ha topado con la firme oposición de magistradas de su mismo bloque como Inmaculada Montalbán, vicepresidenta del tribunal, y María Luisa Balaguer, quienes se han desmarcado abiertamente de la constitucionalidad de la autodeterminación de género.
Esta inusual fisura ha llevado a que, en lugar de votar la sentencia esta semana, se limite a una mera deliberación preliminar. La ponencia de Campo deberá ser revisada y matizada para buscar un consenso que, hoy por hoy, es inexistente.
La autodeterminación de género: una amenaza a la seguridad jurídica
El texto legal permite el cambio de sexo registral sin necesidad de diagnóstico médico, lo cual pone en jaque la seguridad jurídica que le es exigible a cualquier norma. Esta laxitud normativa ha permitido a los trans “que los varones se beneficien de forma ilegítima de determinadas pruebas físicas para presentarse a oposiciones de policía o bombero, puestos femeninos en listas electorales paritarias y otras medidas de acción positiva dirigidas a las mujeres”.
El caso de los menores: una bomba de relojería moral y médica
La ley trans permite intervenciones quirúrgicas irreversibles a menores a partir de los 12 años, algo que está recurrido ante el Constitucional. El artículo 19.2 autoriza “la modificación genital” de menores entre 12 y 16 años si pueden dar “consentimiento informado”. También está impugnado artículos que permiten el cambio registral sin informe médico ni modificación corporal previa.
Las feministas exigen prudencia: “Sin diagnóstico de disforia, sin acompañamiento profesional, se abandona a jóvenes y adolescentes vulnerables a decisiones cuyas consecuencias no pueden comprender y que afectarán a toda su vida adulta”.
El precedente del Reino Unido y el informe Cass
La Alianza feminista apela al reciente fallo del Tribunal Supremo británico, que coincide con sus planteamientos al establecer que las protecciones jurídicas para las mujeres requieren un entendimiento biológico del sexo. “Como ha señalado fundamentadamente el informe Cass en Reino Unido, en el 80-85% de los casos los menores superarán los malestares de género una vez pasada la pubertad”.
La ley trans: un instrumento ideológico que desprotege a las mujeres
Los casos de maltratadores que han eludido la Ley de Violencia de Género tras “autoidentificarse” como mujeres son un síntoma de la perversión jurídica introducida por la norma. “Los casos de maltratadores que han eludido la Ley contra la violencia machista […] ponen de relieve las grietas que ha abierto la autodeterminación del sexo registral en la lucha contra la violencia”.
El caos ideológico que devora al propio progresismo
La ley trans, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez y promovida por la exministra Irene Montero, es un proyecto político sectario que no solo atenta contra la familia natural y la seguridad jurídica, sino que ha abierto una fractura profunda en el propio frente ideológico de la izquierda. Cuando ni siquiera el bloque afín del Tribunal Constitucional ni los colectivos feministas progresistas la respaldan unánimemente, queda clara la magnitud de su inconstitucionalidad y su carácter nocivo para la sociedad española.
