El nuevo texto del Gobierno de Pedro Sánchez reanuda la tarea de hacer política con la historia reciente. Se aprobará este año.
Uno de los elementos más claros de continuidad entre la Presidencia de Rodríguez Zapatero y la de Sánchez es la Memoria, la Memoria más o menos histórica, digámoslo así, porque es bien sabido que la musa de la historia y la de la memoria mantienen relaciones harto complicadas. En diciembre de 2007, el Gobierno de Rodríguez Zapatero aprobó, sin que mediara compromiso electoral alguno, su Ley de Memoria Histórica. Cuando su sucesor estuvo bien establecido en su segundo gobierno, mediado el mes de septiembre de 2020, el de Sánchez aprobó la suya, bautizada como Ley de Memoria Democrática. Lo de «histórica» no bastaba. Había que hacer explícito el designio de la primera ley. Apropiarse de la historia de España y manipularla a fondo, en primer lugar. Luego culminar la ruptura con los pactos fundacionales de la Transición ya iniciada en el anterior mandato socialista. Y, por fin empezar a construir, sobre lo ya realizado por su antecesor, un nuevo régimen de orientación republicana, gobernado exclusivamente, y para siempre, por republicanos, como el que no lograron levantar los gobernantes de la Segunda República.
Para que las cosas quedaran bien claras y nadie se llamara a engaño, el Título preliminar, que en un primer momento parece incluir en la «memoria democrática» a todas las víctimas de la Guerra Civil y de la represión posterior, se limita luego a mencionar el «golpe de Estado del 18 de julio» sin la menor referencia a las decenas de miles de víctimas de los republicanos, desde la sublevación violenta de Jaca en 1930 hasta los últimos días de la guerra. La memoria, sea histórica o democrática, tiene estas cosas: que los lapsus son tan significativos, a más, que lo recordado. No es pequeña ni ligera la herencia la que, por confesión propia, aunque inarticulada, asumen quienes así se empeñan en seguir haciendo política con la historia.
En realidad, el gran logro, por ahora, de este segundo Gobierno de Sánchez es la redacción de este anteproyecto, que el covid-19 ha impedido elevar a categoría de Ley. Llegará a no mucho más tardar, como declaró la vicepresidenta Carmen Calvo en su presentación, cuando insistió en que la Ley busca «la verdad». El Gobierno de Sánchez, obviamente, sabe lo que es la verdad histórica, está capacitado para enunciarla y, cómo no, para dictarla a sociedad española. En esto la vicepresidenta seguía el espíritu de la «Comisión de la Verdad» anunciada en el proyecto de ley que el grupo socialista presentó en el Congreso en diciembre de 2017, y que tanta polémica suscitó.
El otro gran logro es la creación, en enero de 2020, de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Sustituye a la antigua Dirección General de Memoria Histórica y en vez de depender del Ministerio de Justicia, ha pasado a ser uno de los altos órganos del Ministerio de la Presidencia. La subida en la jerarquía administrativo-política y la nueva ubicación dan buena cuenta de la importancia que Sánchez y su Gobierno social-peronista otorgan a este asunto, que no ha encontrado hasta ahora una respuesta sensata e inteligente, en los partidos de la oposición.
Y como hay Secretaría de Estado, también hay secretario de Estado para la Memoria Democrática. Ostenta el cargo el antiguo director general del mismo ramo, Fernando Martínez López, político socialista –en su día, secretario ejecutivo de Memoria Histórica en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE–, historiador especializado en el republicanismo y el progresismo de los siglos XIX, además de fuertemente comprometido con el movimiento memorialístico.
También en este caso el covid-19 ha paralizado los ambiciosos proyectos que la nueva Secretaría General se había propuesto. Entre ellos está la «resignificación» del Valle de los Caídos y borrar del espacio público cualquier recuerdo de la dictadura de Franco (aquí la «memoria» alcanza un grado de selección extraordinario: ¿cómo borrar cuarenta años de historia?). La nueva Secretaría de Estado se propone también extinguir las fundaciones y las asociaciones que tienen por objetivo la apología del franquismo o la incitación al odio, es decir, de cualquiera que discrepe de la versión oficial, la voz de la «verdad», según Carmen Calvo. Están previstas medidas educativas, jurídicas (de anulación de sentencias) y de archivo y reconstrucción de la «memoria de las víctimas», terreno resbaladizo donde los haya. Como ya sospechábamos, ni una sola vez se alude a las víctimas de la represión ocurrida en el bando republicano.
Mientras llega el cumplimiento de este programa, el Gobierno ha dado algunos pasos importantes. Uno ha sido la toma de posesión del Pazo de Meirás, el pasado mes de diciembre, que continúa explotando el filón abierto con el traslado de los restos de Franco. Sin sentencia firme, pero con el grado de espectáculo tan del gusto del Gobierno social-peronista, la acción ha suscitado una interesante polémica con la Junta de Galicia, encantada con los hechos, pero más interesada en recordar a Emilia Pardo Bazán que a Francisco Franco. Veremos quién gana, y cómo se combinan dos historias complicadas. (Es sabido que el hijo mayor y el nieto de Pardo Bazán fueron asesinados en Madrid en 1936 y no se sabe si esas son víctimas memorizables, eso sin contar con la peliaguda reconversión de Pardo Bazán en una escritora gallega).
Otro momento fuerte de la política de la democracia memorialística ha sido la nueva exposición sobre Azaña, que conmemoraba esta vez los 80 años del fallecimiento de Azaña. (Hubo otra, en 1990, con motivo del cincuenta aniversario.) Bien organizada y con excelentes documentos, la exposición, sin embargo, no trata los muchos aspectos polémicos de la obra de Azaña. Tampoco recoge la crítica que el propio Azaña hace a sus colegas y a la política republicana en sus diarios de entre 1931 y 1933, ni las mucho más duras que vertió en tiempos de guerra sobre un régimen que él mismo consideraba acabado desde que se derrumbó en julio de 1936, bajo la doble acometida de sublevados y revolucionarios. Para la Memoria Democrática solo una parte del legado de Azaña parece aceptable. Habrá que ver cómo se las arreglan para borrar la otra cuando promulguen la nueva ley. No cogerán de nuevas a don Manuel, que sabía cómo se las gastan sus amigos.
(José María Marco. Diario La Razón)
