En plenos rebrotes de coronavirus y con toda la escuela preocupada por las incertidumbres de la vuelta al clase, la Mesa del Congreso ha rechazado este martes aprobar una nueva ampliación del plazo para enmendar el articulado de la Ley Orgánica de Modificación de la Loe, la Lomloe, más conocida como la Ley Celaá.
Después de una docena de prórrogas, la Mesa ha cerrado el plazo de la parcialidad, que concluye este miércoles. El proyecto de ley irá ahora con todas sus enmiendas a la ponencia y después se debatirá en la Comisión de Educación con la idea de PSOE y Unidas Podemos de que la norma esté aprobada en el Congreso a lo largo de este curso y pueda entrar en vigor a partir de 2021/2022.
Pero partidos como PP, Ciudadanos, Vox o UPN han pedido no tramitar la ley en estos momentos por la situación de «inestabilidad» en la que se encuentra la escuela por el Covid.
«Un Gobierno incapaz de asegurar una vuelta segura a las aulas bajo el pretexto de no tener competencias ante la crisis más importante que está viviendo la educación en nuestro país, sí que es capaz de tramitar una nueva ley aprovechando la situación de pandemia que estamos viviendo», lamenta la diputada Sandra Moneo, responsable de Educación e Igualdad del PP, que va a presentar 189 folios de enmiendas parciales.
«Me parece una absoluta irresponsabilidad y una falta de empatía con la comunidad educativa el abrir el melón de la Lomloe en estos momentos: Con esta actitud, el Gobierno vuelve a demostrar lo que le importa la educación: nada», expresa Marta Martín, portavoz de Educación de Ciudadanos en el Congreso, que pidió a través de una proposición no de ley que no se abordara la modificación legal en plena pandemia y hasta que la crisis se solucione.
Considera que «tramitar una ley mala y sectaria, que no han consensuado, que va a generar polémica y a distraer la atención de lo importante ahora, sólo por el eslogan electoral de que derogarían la Lomce, es volver a politizar la educación y a mercadear con ella. Una profunda irresponsabilidad».
También se oponen a la tramitación los representantes de la escuela concertada, donde estudia el 25% del alumnado, porque afirman que la ley es «ideológica» y supone «un ataque» a sus intereses, al eliminar, entre otras cosas, el concepto de demanda social que recogía la Lomce, que permite blindar jurídicamente a estos centros en el caso de que las autonomías quieran suprimirlos.
«Consideramos que el impulso definitivo que se quiere dar en estos momentos a la aprobación de la Lomloe es claramente negativo», expresa Luis Centeno, secretario general de la patronal Escuelas Católicas, que expresa que «nos encontramos en un contexto de máxima complejidad en los colegios por el Covid, que necesitan el apoyo de la Administración, no una nueva ley sin consenso, que no contiene novedades pedagógicas, sino que es una vuelta a la LOE, con una serie de medidas que atacan la libertad de enseñanza».
Durante meses, patronales, sindicatos y familias de la escuela concertada han hecho diversas campañas para pedir su paralización, además de reclamar a los políticos «unidad», «apoyo», «visión a largo plazo» y «no una reforma educativa ideológica», pero Mari Luz Martínez Seijo, portavoz de Educación del Grupo Socialista en el Congreso, ya mostró su disposición la semana pasada de que comenzara el trámite parlamentario.
«No tiene nada que ver el inicio del curso con la reforma de una ley que es necesaria porque hay un acuerdo de derogar la Lomce cuanto antes. Ya hemos atendido las peticiones de ampliación de plazo para presentar enmiendas por parte de los grupos políticos, pero estamos pensando en no hacerlo más allá de esta semana», dijo a La Razón.
En una parte de la comunidad educativa se interpreta que este paso adelante es una forma del PSOE de «garantizar su propia supervivencia» y «unificar al bloque de la moción de censura», después de que desde Unidas Podemos se cuestione su gestión de la crisis educativa, pues se le reprocha a la ministra Isabel Celaá que no haya bajado las ratios de alumnos por aula ni haya dado un uso finalista a los 2.000 millones de euros que ha repartido a las autonomías
