El Tribunal Superior de Justicia de Madrid estima el recurso presentado por la Asociación de Abogados Cristianos a la sanción impuesta por la Comunidad de Madrid a Elena Lorenzo, coach que ayudaba a homosexuales que acudían a ella.
La sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal regional obliga a la CAM a la devolución de la sanción de 20.000 euros y condena a la administración a hacerse cargo de las costas.
En su sentencia, el TSJ de Madrid asegura que «siendo cierta y reglada la finalidad de la información previa, es obligado concluir que la Administración ha incurrido en fraude de ley en su utilización […]. Tales irregularidades procedimentales han supuesto una efectiva indefensión para la recurrente y una ausencia plena de procedimiento, por lo que son subsumibles en las causas de nulidad de pleno derecho».
La Comunidad de Madrid impuso una multa de 20.001 euros a Elena Lorenzo porque, según el gobierno autónomo, se dedicaba a ofrecer terapias para corregir la homosexualidad. Lorenzo negó en su día que intentara curar a los homosexuales porque no cree que la homosexualidad sea una enfermedad.
Después de la emisión de un programa en Cuatro donde se mostraba cómo presuntamente la ‘coach’ Elena Lorenzo trabajaba con personas LGTB, la asociación Arcópoli -una de los arietes del lobby gay en España- denunció los hechos ante la Consejería de Política Social y Familia del gobierno autónomo de Madrid, siendo la primera denuncia que se interponía por la Ley LGTB regional. Lorenzo fue acusada de vulnerar el artículo 70.4 de la Ley contra la LGTBfobia y luego multada.
Polonia Castellanos, presidente de Abogados Cristianos, denuncia que «se ha alargado 5 años el procedimiento sin ninguna justificación. Se ha tratado de una clara persecución ideológica a esta coach por parte del lobby LGTBI, amparada por la Comunidad de Madrid, en especial por el ex vicepresidente, Ignacio Aguado».
Castellanos defiende que «cualquiera debería de tener libertad para acudir a quien considere oportuno para buscar ayuda y no podemos consentir que se impongan sanciones». Asegura que «es el momento de derogar la ley LGTBI de la Comunidad que atenta contra las libertades de todos los madrileños»
