La Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso del globalista PP, ha presentado una licitación para acoger a 116 nuevos inmigrantes ilegales en seis centros de menas y atenderles de forma inmediata. La inversión asciende a 35.344.448,40 euros (sin impuestos) y la duración del contrato será de 24 meses.
Lo paradójico e incongruente es que, a pesar de sus frecuentes declaraciones en contra de la inmigración masiva, Ayuso promueve medidas que están en línea con la política nacional de Sánchez y de Feijóo así como de los principios globalistas de la Agenda 2030.
Incoherencias en el discurso de Ayuso sobre la inmigración
Uno de los aspectos más llamativos de la política de Ayuso es la incongruencia en muchos temas entre su discurso y sus acciones. Durante años, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido una de las voces más críticas contra la inmigración masiva ilegal, quitando, incluso, esta bandera a Vox, especialmente en lo que respecta a la llegada de personas de África y el Magreb. En varias ocasiones ha criticado al Gobierno de Sánchez por lo que considera una «falta de control» en las fronteras y ha manifestado que la inmigración sin regulación adecuada puede ser una amenaza para la estabilidad social y económica de la región. Sin embargo, la reciente licitación que destina más de 35 millones de euros a la atención de MENAS pone de manifiesto una paradoja y que una cosa es su discurso teórico de cara a su electorado y otro es la realidad.
Promoverá el islam exigiendo «respetar los preceptos religiosos y culturales de los menores»
La propia licitación exige que se respeten los preceptos religiosos y culturales de los menores, lo que además de promover el islam es una «subvención indirecta» a la inmigración masiva ilegal. Mientras en sus discursos Ayuso se presenta como una defensora de los valores nacionales frente a los cambios culturales, religiosos y sociales que puede traer consigo la inmigración masiva ilegal, sobre todo la islámica, sus decisiones administrativas promueven lo contrario. Esta ambigüedad refleja la incongruencia de Ayuso
La política migratoria del Partido Popular sigue las directrices de la Agenda 2030
Es importante señalar que esta situación no es exclusiva de Ayuso, sino que forma parte de una estrategia más amplia en la que el Partido Popular, pese a sus críticas públicas a la inmigración masiva, sigue las directrices de la Agenda 2030, que promueve, entre otras cosas, la inmigración masiva, ya sea ilegal o no, sobre todo de los países musulmanes para ir contra la esencia e identidad de las naciones, y por tanto, para socavar su soberanía.
En este contexto, la realidad del Partido Popular, incluido Ayuso, siguen esas mismas directrices. La creación de nuevos centros de acogida para MENAS y el respeto a sus costumbres culturales son ejemplos de cómo, en la práctica, el Gobierno de Madrid sigue los principios de la Agenda 2030, aunque públicamente se desmarque de ellos.
Esto pone de manifiesto la dualidad de la política del Partido Popular, que, a pesar de sus promesas de restringir la inmigración, acaba implementando medidas que facilitan la llegada y estancia de inmigrantes, especialmente en las grandes ciudades como Madrid. En el fondo, se trata de una política migratoria que, si bien retórica y superficialmente parece crítica, termina siendo funcional y alineada con los intereses globalistas.
¿Qué se podría hacer con los 35 millones destinados a los MENAS?
Otra cuestión fundamental que se plantea en torno a esta licitación es si los más de 35 millones de euros que se van a destinar a la atención de 116 MENAS podrían haberse utilizado de una manera más eficiente en áreas como la sanidad o la educación. La Comunidad de Madrid, al igual que otras regiones de España, enfrenta importantes desafíos en estos sectores, y la asignación de recursos públicos es un tema de gran debate.
1. Sanidad. La sanidad pública madrileña ha sido objeto de múltiples crítica en los últimos años, debido a la falta de personal y los recortes en infraestructuras. Un estudio reciente reveló que la región necesita más médicos, enfermeros y especialistas para poder atender a una población en crecimiento. Con los 35 millones de euros que se van a destinar a los MENAS, se podrían financiar una gran cantidad de contrataciones en el sector sanitario, aliviando así la presión sobre los servicios de urgencias, consultas especializadas y atención primaria. En lugar de destinar esos fondos a la atención de un grupo relativamente pequeño de menores inmigrantes, podrían haberse invertido en mejorar la calidad de vida de cientos de miles de madrileños que dependen del sistema público de salud.
2. Educación. La educación es otro sector que enfrenta grandes retos en la Comunidad de Madrid. Con los fondos que se van a destinar a los centros de MENAS, se podrían haber construido nuevas aulas, contratado más profesores o invertido en programas de apoyo a estudiantes con necesidades especiales.
Gastos en personal en médicos, enfermeros y educadores sociales para los MENAS, no para la población
Pero es que además, uno de los sectores a los que más dinero irá invertido será al del personal que trabajará en estos centros, ya que sólo para el centro de menas ubicado en la Casa de Campo harán falta 84 trabajadores. Por ejemplo, en este centro el director percibirá un salario bruto anual de 36.651,28 euros, sumándole un porcentaje en gastos sociales y llegando a costar 48.746,20 euros al año. Los médicos y enfermeros cobrarán 28.592,46 euros y 26.196,78 euros, y otros activos como el de las trabajadoras sociales o las educadoras sociales percibirán 26.196,78 euros respectivamente.
La presión de la inmigración y la responsabilidad del Gobierno central
El equipo de Gobierno de Ayuso se escuda , ha señalado en repetidas ocasiones que la Comunidad de Madrid no puede hacer frente a la creciente llegada de inmigrantes tanto del África como del Magreb sin el apoyo del Gobierno central. La saturación de los sistemas de acogida en Canarias y Ceuta ha llevado a un incremento en la presión sobre Madrid, que, según los informes, ha recibido a 1.873 menores inmigrantes desde enero de 2024, una cifra que ya supera la de todo el año anterior. Ante esta situación, la Comunidad de Madrid argumenta que no tiene otra opción que destinar una parte significativa de su presupuesto a la atención de estos menores, ya que es una responsabilidad legal que no pueden eludir.
Sin embargo, esta justificación no es suficiente ya que el Gobierno regional no debería solo ser más firme en su exigencia de un reparto equitativo de los menores entre las distintas comunidades autónomas o en la implementación de políticas que realmente controlen la llegada de inmigrantes de manera más eficaz, sino que, además, debería hacer una política de oposición frontal a Sánchez y al PP si, como dice, está en desacuerdo con la inmigración masiva ilegal.
Conclusión
El caso de la licitación para acoger a 116 nuevos MENAS en Madrid es un claro ejemplo de las contradicciones en la política migratoria de Ayuso en la Comunidad de Madrid y del Partido Popular en general. A pesar de las críticas públicas hacia la inmigración masiva, las acciones de Ayuso y su equipo muestran un alineamiento con las políticas de la Agenda 2030 y un apoyo implícito a la inmigración, especialmente cuando se trata de menores no acompañados.
Además, el uso de más de 35 millones de euros para estos fines plantea preguntas sobre la priorización de los recursos públicos en una región que enfrenta desafíos significativos en sectores como la sanidad y la educación. En última instancia, esta situación refleja que las decisiones locales se ven condicionadas por directrices internacionales.
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1 comentario en «La incongruente Ayuso: Destina más de 35 millones para acoger a 116 inmigrantes ilegales en seis centros»
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