La Fiscalía aprecia indicios de delito en la contabilidad electoral de Unidas Podemos en los comicios generales de abril del año pasado. El ministerio público frustra así la estrategia impulsada por la formación que dirige Pablo Iglesias, que había presentado el caso como una venganza personal de su exabogado, José Manuel Calvente. Este letrado, que denunció los hechos ahora investigados, fue cesado del partido acusado de un presunto acoso sexual a una compañera que luego archivó un Juzgado, también a instancias de la Fiscalía.
En concreto, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas apunta en un escrito del pasado 27 de julio a la comisión de un presunto delito de “falsedad en documento mercantil y un delito electoral”. El Código Penal castiga con penas de hasta seis años de cárcel el primero y de hasta cuatro años el segundo. De este modo, la investigación en torno a las cuentas de la formación morada ha entrado en una nueva dimensión. De hecho, la Fiscalía le pide al Tribunal de Cuentas, sin competencia en materia penal, que judicialice estas pesquisas.
El fiscal que firma el escrito es Miguel Ángel Torres, adscrito al Tribunal de Cuentas, pero dependiente de la estructura de la Fiscalía General del Estado que dirige la exministra de Justicia, Dolores Delgado. El fondo de sus apreciaciones tiene que ver con los trabajos pagados por la candidatura de Unidas Podemos a una empresa llamada Neurona.
La empresa Neurona
El que fuera coordinador del Equipo Legal de Podemos José Manuel Calvente presentó en diciembre de 2019 una denuncia contra Podemos y siete de sus dirigentes y empleados. En ella aludía a un contrato presuntamente fraudulento de febrero de 2019, y por el que la empresa Neurona Comunidad habría recibido al menos 363.000 euros, según consta en el documento. El acuerdo tiene fecha de 27 de febrero de 2019, pese a que la sociedad fue constituida el 19 de marzo del mismo año.
En esa misma denuncia, Calvente ya expresaba que “la verdadera motivación” de su cese fue la “voluntad de obstaculizar cualquier investigación”. “Podríamos estar ante graves irregularidades financieras de Podemos, principalmente mediante la contratación de servicios de las campañas electorales tanto directa como mediante empresas interpuestas con la empresa mexicana Neurona Consulting y con su presunta filial española Neurona Comunidad SL, la cual podría estar vinculada a operaciones fraudulentas y de corrupción en algunos países latinoamericanos”.
A la luz de estos datos, el Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid que dirige Juan José Escalonilla investiga a Podemos y varios de sus dirigentes. En el marco de esta causa prestó declaración como denunciante José Manuel Calvente el 29 de julio. Ratificó los hechos relatados en su denuncia y el magistrado le preguntó expresamente por la empresa Neurona y su vinculación con el que fuera dirigente del partido Juan Carlos Monedero.
Calvente había incluido en su denuncia que había cobrado comisiones por mediar en el encargo de trabajos. Durante su declaración aseguró que era lo que se comentaba en el partido y que a él se lo dijo el exgerente de la formación y actual asesor del partido en Bruselas, Pablo Manuel Fernández Alarcón. El interrogatorio duró tres horas y la mitad lo ocuparon las preguntas del abogado de Podemos.
Fue un interrogatorio bronco en el que el letrado de la formación planteó diversas preguntas personales enfocadas a presentar la denuncia de Calvente como una venganza por su cese. También a hacerle partícipe de los hechos al no haberlos denunciado en su momento, sino después de dejar el partido. “¿Usted le tiene cierto rencor a varias de las personas a la denunciado?”, le preguntó. “El problema es que hay cuestiones que pueden parecer ajenas a los hechos, pero algunas cuestiones se magnifican y pueden generar una sospecha cuando no la hay”, añadió.
Echenique: «Juicio fake»
Destacados dirigentes del partido salieron en tromba en los medios de comunicación a deslegitimar la investigación y la denuncia. El portavoz parlamentario habló de “juicio fake”: “Que sepas que un tipo (por Calvente) puede ir a un juzgado a acusarte de un montón de delitos sin ninguna prueba, decir que se basa en rumorología y entonces te abren un extenso juicio y dedican horas de TV a decir que eres culpable».
El recurso del partido, presentado ante la Audiencia Provincial, pedía el archivo de la causa porque «la denuncia es una sesgada combinación de apreciaciones subjetivas”. Pablo Iglesias, en Twitter, recordaba las otras ocasiones en las que se publicaron informaciones falsas sobre la financiación de su partido sin que tuviese recorrido alguno en los tribunales.
Sin embargo, el juez Escalonilla, tras escuchar a Calvente, ordenó ya en julio al Tribunal de Cuentas, que remita testimonio del expediente que pudiera haber incoado en relación con los pagos efectuados en el año 2019 por parte del Partido Político Podemos, o la coalición electoral Unidas Podemos, a Neurona Comunidad S.L., “incluyendo las resoluciones que se hubieran dictado y la documentación presentada por dicho Partido Político o coalición electoral”.
Este viernes ha trascendido que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas se expresaba en términos similares. Para el fiscal, según la información adelantada por la Cadena Ser, un total de 290.000 euros facturados a Neurona analizados durante la fiscalización de los comicios del 28-A «no tienen consideración de gasto electoral» y por ello no han sido admitidos como «susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales», apuntando a un posible contrato simulado.
En su informe de fiscalización sobre los gastos electorales del 28-A, dado a conocer a principios de este mes, el Tribunal de Cuentas ya señalaba sobre Neurona que Unidas Podemos aportó en sus alegaciones a este órgano vídeos y diseños publicitarios, si bien no había quedado «suficientemente acreditada su efectiva elaboración por parte del proveedor». Durante la fiscalización se solicitó a la coalición sucesiva información en relación con el gasto en concreto, que debía aportar un presupuesto detallado en el que se desglosaran los distintos servicios a prestar, y se valoró económicamente cada uno de los conceptos de facturación.
«Ante dicha solicitud, la formación envió un contrato de prestación de servicios por importe de 363.000 euros (la misma cantidad que denunció Calvente), firmado electrónicamente por las partes contratantes el 6 de mayo de 2019, habiendo sido emitida la factura correspondiente a dicho contrato el 5 de abril de 2019; en el contrato se recogen los mismos conceptos que se hacen constar en la factura presentada, sin valoración económica individualizada de lo contratado».
De la información disponible resulta que la empresa proveedora fue objeto de inscripción constitutiva en el registro mercantil el 19 de marzo de 2019, «no coincidiendo su objeto social con la presentaciones contratadas», según el Tribunal de Cuentas.
(Alejandro Requeijo. VozPopuli)
